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LA INTERVENCIÓN ESTATAL EN LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CULTURALES. UN DEBATE SIGNIFICATIVO PARA AMÉRICA LATINA
Liliana Silvia Raggio
Instituto de Ciencias Antropológicas, Universidad de Buenos Aires RECIBIDO: 27 DE OCTUBRE
DE 2015; ACEPTADO: 3 DE FEBRERO
DE 2016
Resumen: Este artículo plantea revisar algunas concepciones acerca de las políticas públicas culturales, considerando el rol asignado al Estado en su orientación e implementación. Abordo en particular el caso de la protección del patrimonio construido en el marco del ejercicio
de los derechos culturales, a partir de una investigación realizada con enfoque an- tropológico en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la que analicé las gestiones cultu- rales entre los años 2000 y 2010. Encuentro significativo realizar una reflexión en torno de las políticas
públicas orientadas
hacia la ampliación
de los derechos de ciudadanía, en el marco de las transformaciones que en esa dirección se están produciendo en la última déca- da en algunos países de nuestra región.
Palabras clave: rol del estado, derechos culturales, disputa político-cultural.
Abstract: This article propose to review some concepts regarding cultural public policies, taking into consideration the assigned role that the State has in its orientation and imple- mentation. I will particularly address the topic of the built heritage
in the context of cultur- al rights, based on research with anthropological approach that was conducted in Buenos Aires, in which I analyzed
the cultural management
leaded by the different
administrations between 2000
and
2010.
I find meaningful
to reflect about public policies oriented to expand the rights of the citi- zenship as part of the changes in this direction
that are taking place in the last decade in some countries
of our region.
Key words: State role, Cultural rights, Political-Cultural dispute.
INTRODUCCIÓN
Este artículo procura colocar en debate algunas definiciones acerca de las polí- ticas públicas culturales, fundamentalmente en lo que respecta al rol asignado al Estado en su orientación y gestión.
Precisamente, en los últimos 15 años se asiste a importantes transformacio- nes políticas y
económicas en algunos estados
latinoamericanos tales como Bra- sil, Bolivia,
Venezuela, Ecuador, Uruguay
y Argentina que con diferentes modalidades, alentaron diversas
políticas públicas que contemplaron la parti- cipación
de sectores sociales
anteriormente excluidos. Estas significan una am-
pliación de los derechos de ciudadanía entre los que se cuentan
los derechos culturales, que en sus más recientes
definiciones son concebidos no solo como el
acceso de las mayorías a los bienes culturales, sino también como la participa- ción en la definición e implementación de las políticas públicas culturales.
Ahora bien, a la hora de pensar el rol del Estado en estos procesos es fun-
damental realizar ciertas
observaciones generales respecto de algunas de sus características en las sociedades capitalistas contemporáneas. En primer tér- mino, cabe advertir que la definición de las políticas públicas no transcurre exclusivamente en el
interior del aparato burocrático sino en constante relación
con otros actores de la sociedad civil; y aun dentro del Estado, existen
múltiples actores con una diversidad
de intereses político-partidarios, burocráticos y también corporativos, por lo cual se debería desterrar definitivamente la idea de una supuesta homogeneidad a la hora del diseño
de la política pública.
En cuanto al campo de la cultura
específicamente, es preciso
señalar que además de artistas, intelectuales y trabajadores culturales, interviene fuerte- mente un segmento del mercado que corresponde a las industrias culturales.
Esa diversidad conjuntamente con distintas organizaciones de la sociedad
civil compone una constelación, donde cada uno de estos
actores posee especifi- cidades que se expresan en distintas modalidades de intervención en las políti- cas culturales.
Es en esta compleja interacción Estado-sociedad civil- mercado,
presente también en el seno de las instituciones donde se diseñan e implementan las políticas, donde se expresa
la disputa político-cultural por hegemonizar los sentidos respecto de qué expresiones son incluidas como parte de la cultura,
y qué sujetos sociales son reconocidos como actores significativos en la toma de decisiones.
En consecuencia, el problema teórico
planteado en la investigación de la
que este trabajo es parte,
se refiere a las modalidades que adoptan las relaciones
entre el campo
cultural y el campo
del poder, en el seno de las instituciones públicas donde se diseñan y gestionan las políticas culturales e intenta contri-
buir al conocimiento de cómo los diversos sujetos estatales y no estatales
inci- den en su producción.
ALGUNOS APUNTES METODOLÓGICOS
Para abordar el problema así definido, además de las técnicas tradicionales del trabajo de campo etnográfico, entrevistas
semi-estructuradas y observación con y sin participación, la indagación empírica
se valió de otro tipo de aproxima-
ciones. Se analizaron las declaraciones de los funcionarios, políticos, y otros actores sociales a través de los medios masivos de comunicación, en el entendi-
miento de que en las sociedades complejas, éstos medios
constituyen no sólo una fuente
de datos sino que juegan
también un papel preponderante en la
construcción de sentido.
Por otra parte, y contradiciendo la perspectiva positivista de que es posible producir
conocimiento objetivo a través de la recolección de datos empíricos por parte de un sujeto neutral,
el proceso interpretativo se realizó asumiendo la tensión presente entre los marcos y significaciones de quien escribe
y de quie- nes fueron sus informantes claves: funcionarios y legisladores del área de Cul- tura de la Ciudad Autónoma
de Buenos Aires (CABA),1 miembros de organizaciones de la sociedad
civil, y periodistas entre otros.
Respecto de lo antedicho, y a modo de sintética ilustración, cabe señalar que el trabajo de campo se desarrolló entre 2008 y 2011, y en esos años se pusieron en práctica distintas técnicas de construcción de los datos.
Las observaciones inaugurales relevaron protestas callejeras masivas de los trabajadores de los Centros
Culturales, que el flamante Jefe de Gobierno y su Ministro de Cultura decidieron cerrar, a pocos
meses de comenzar
la gestión en una medida
que prefiguraba la orientación de su política
cultural.2
Es decir que desde el inicio,
el trabajo de campo estuvo signado por la dis- conformidad de quienes habían
gestionado la política
cultural hasta ese mo-
1
La Ciudad Autónoma
de Buenos Aires es la Capital Federal
de la Argentina y comenzó
a elegir a su Jefe de Gobierno
en el año 1996 a partir de la reforma de su Constitución acaecida en el año 1994.
2Mauricio Macri al frente de la Alianza Republicana, PRO, se hizo cargo de la Jefatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, CABA, luego
de
su triunfo en el mes de diciembre de 2007. Su gestión
política ha reivindicado la preeminencia del mercado y el carácter subsidiario del Estado, lo que se ha visto expresado
en su política
cultural, como se desarrolla en este artículo.
En octubre del año 2011 fue reelegido en la CABA hasta el 2015
y en la actualidad es candidato a la Presidencia de la República
en las elecciones nacionales que se están dirimiendo cuando se escriben
estas líneas.
mento, con las disposiciones tomadas por los legisladores y funcionarios perte- necientes al partido del nuevo jefe de gobierno.
Esa oposición resultó explícita también
en las observaciones que se realiza-
ron para el caso de la protección patrimonial en la Ciudad Autónoma
de Bue- nos Aires CABA, que se analiza en este artículo;
se trató de diversas reuniones de las que participaron miembros de las organizaciones de la sociedad
civil, periodistas, y otros actores
sociales, convocados por quien presidía
la Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural de la Legislatura de la CABA.3
También se puso de manifiesto
en diversas entrevistas en profundidad con funcionarios de las anteriores gestiones; no obstante
los testimonios de legisla- dores y funcionarios del espacio
político oficialista, respecto
de esta cuestión no reflejaron la preocupación manifestada por los otros actores sociales, validando las decisiones tomadas.
Las interpretaciones
de las distintas visiones, y las reflexiones finales de este trabajo, expresan
una toma de posición de quien escribe referida a las perspec- tivas divergentes de quienes prestaron sus testimonios; ella está en relación con una determinada perspectiva teórica respecto del rol del Estado y del ejercicio de los derechos
culturales relativos a la participación ciudadana, expresada en los
apartados que siguen.
DISTINTAS DEFINICIONES DE POLÍTICA CULTURAL
Cuando se reflexiona sobre la experiencia transitada acerca de los modos de
intervención estatal a través de las políticas públicas,
no sólo en la región sino también
en el mundo en los últimos cuarenta
años, y se revisa la producción teórica
respecto de las relaciones entre Estado- sociedad
civil se abren al menos tres orientaciones reconocibles, que han tenido su correlato
también en la defi- nición
de las políticas culturales.
En una de ellas estrictamente neoliberal, el Estado debe dejar en manos de la iniciativa privada, es decir del mercado,
la producción de bienes y servicios
que los individuos deben adquirir
para satisfacer sus necesidades tanto de sa- lud, alimentación y vivienda como de educación, entretenimiento o expresión
artística; las políticas
públicas se limitarán
a socorrer mediante
la provisión de
3
En el apartado
correspondiente al desarrollo del caso se explica en qué consiste esta Comi- sión y cuál fue el rol desempeñado en la movilización por la defensa
del patrimonio.
“servicios básicos”4 a aquellos
que van quedando fuera de la competencia “en- tre libres
e iguales”.
En otra, emparentada con algunas visiones
posmodernas que articulan el carácter disciplinador del Estado –que impide la inclusión de voces plurales
y sus demandas–- con la pérdida
de poder de los estados nacionales como con-
secuencia de la globalización, serán los movimientos sociales surgidos de la
sociedad civil quienes tendrán la potencialidad de recrear nuevos espacios
de participación igualitaria; y quienes eventualmente pueden subvertir el orden
existente al visibilizar nuevas necesidades e identidades.
La tercera orientación se corresponde con la perspectiva adoptada en el último
decenio por los países de la
región mencionados más arriba, y reivindica el rol del Estado como el actor fundamental en la definición
e implementación de las políticas
públicas.
Respecto de la orientación de las políticas culturales, puede afirmarse
que su contenido está en línea con las tres posiciones que se identifican más arriba; si bien
los postulados neoliberales de la primera
tendencia expuesta parecerían encontrarse en retroceso
en nuestro país y en los países de la región antes men- cionados, como se verá más adelante en la CABA en los últimos ocho años han cobrado
un nuevo vigor.
En cuanto a la segunda
orientación descripta, puede ilustrarse a través de Yúdice y Miller (2004) quienes reivindican la participación política
en la cultu- ra desde la articulación con movimientos de la sociedad
civil:
Por cierto no es obligatorio emprender estudios político-culturales en nombre de las corporaciones y los organismos gubernamentales que respaldan el bienestar de las grandes empresas. No toda participación intelectual y académica
se inclina a la derecha”
(p. 49)… El grito de guerra de las ONG con referencia a la expresividad y a la representatividad puede contribuir al cambio real (p. 50)… Llegar a conocer la política cultural e intervenir
en ella es una manera importante
de participar en la cultura.
La resistencia no irá muy lejos a menos que se afiance institucionalmen- te… el acceso a
los movimientos sociales y la articulación gubernamental debe ser nuestro eje
(op. cit. 2004:53).5
En
consonancia con esa posición, en la
década de los noventa Néstor García Canclini, argentino radicado en México, invitaba a constituir
otros ámbitos de lo público
a partir de la sociedad
civil “evitando así los riesgos de unicidad y autoritarismo” estatales, y convocaba a partidos políticos
y movimientos socia-
4
Véase De las necesidades básicas
a la construcción de autonomía. Una contribución desde la pers- pectiva
antropológica al estudio
de las políticas
sociales (Raggio, L. 2005, Cap. II, pp. 32-57).
5 La negrita
siempre de quien escribe.
les, a elaborar estrategias para intervenir mediante
las redes informáticas en la conformación de ese nuevo espacio.
En su planteo
sería la sociedad
civil antes que el Estado,
la depositaria de las iniciativas de recreación de una política
pública más participativa y en conso-
nancia con los nuevos desafíos
planteados por los cambios acaecidos. El rol reservado
para el segundo consistiría en regular los condicionamientos del mercado sobre la producción cultural:
Respecto del Estado, decíamos que las temporadas de privatizaciones
demostró que las empresas privadas no hacen funcionar mejor los teléfonos… este fracaso no jus- tifica ninguna restauración del Estado como guardián del nacionalismo telúrico, ni como administrador eficiente, ni como agente de donaciones populistas. El desafío es más bien revitalizar al Estado como representante del interés público, como árbitro o garante de que las necesidades colectivas de información, recreación e innovación no sean subordinadas siempre a la rentabilidad comercial (García Canclini, 1995:190).
En este punto, parece apropiado establecer que la posición
adoptada por algunos
teóricos y gestores culturales acerca del modo de concebir las políticas
culturales reconoce
más de una causa; no sólo está influida
por su definición política y su tradición
teórica, sino que responde también al modo diferencial en que se define el concepto en los centros
académicos anglosajones y en la región latinoamericana.
En español, la política cultural es asimilada
a la política pública y en pala- bras de Texiera Coello:
La política cultural constituye una ciencia de la organización de las estructuras cul- turales y generalmente es entendida como un programa de intervenciones realiza- das por el Estado, instituciones civiles, entidades privadas
o grupos comunitarios con el objetivo de satisfacer las necesidades culturales de la población y promover el desarrollo de sus representaciones simbólicas (Texeira Coelho, 2000:380).
En cambio, Ana María Ochoa Gautier, académica
colombiana,6
que
estudió en Estados
Unidos observa que:
En inglés, la noción de política cultural se refiere más a un campo amplio que abar- ca diferentes modos de establecer la relación entre “lo cultural de lo político y lo político
de lo cultural”, lo que en inglés se llama cultural
politics y que yo traduci- ría no como política cultural sino como política de la cultura (o lo político
de lo
6
Doctorada en Indiana bajo la dirección
de Richard Bauman y que al momento de escribir el artículo
citado se encontraba trabajando en un centro académico
de New York.
cultural). Autores como Álvarez, Dagnino, Escobar (1998) y Yúdice (2000),
entre otros, han señalado que desde los estudios culturales en Estados Unidos existe una fuerte tendencia hacia lo textual: […] en su utilización actual […] el término cultu- ral politics (traducido como política cultural en el texto de Escobar publicado en es- pañol) con frecuencia se refiere a luchas incorpóreas alrededor
de los significados y las representaciones, cuyos riesgos políticos a menudo son difíciles de percibir para actores sociales concretos (Escobar, 1999:140 en Ochoa Gautier, 2002:217).
En relación con la participación de algunos académicos en los Estados Uni- dos, y en consonancia con las apreciaciones vertidas por Yúdice y Miller que se transcriben más arriba, la autora señala
que ellos desenvuelven sus interven- ciones frecuentemente desde la sociedad civil, y desde su perspectiva la política
cultural debe entenderse como “(…) movilización de conflictos culturales
des- de los movimientos sociales
(Álvarez, Dagnino y Escobar: 1998)” (op. cit. 2002:217).
En contraste, apunta que en nuestra región frecuentemente los académicos se han desempeñado en ámbitos estatales de implementación de políticas.7 Al respecto es interesante señalar que en la última década, algunos han ocupado y
ocupan importantes cargos
en los gobiernos democráticos en la región,
al frente de diversas dependencias públicas que gestionan
política cultural.
Expuestas las distintas
posiciones, es importante explicitar que la perspecti- va teórica y política adoptada
por quien escribe,
se encuentra expresada por la tercera de las orientaciones presentadas; es decir, reivindica la centralidad del ámbito estatal en la definición e implementación de políticas públicas
cultura- les.
En primer lugar porque como ya se señaló, en varios países de nuestra re- gión (entre los que se encuentra
la Argentina) el Estado constituye el motor de procesos democráticos,8 inclusivos de clases y sectores sociales
subalternos: in- dígenas,
campesinos, obreros, minorías
sexuales, etc.; estos colectivos han lu- chado por la incorporación de sus reivindicaciones como derechos y avanzado
en el logro de esos objetivos.
7
Y como acertadamente lo consigna a veces no por elección
sino por necesidad, sobre todo en la década de los noventa, como consecuencia de la contracción del mercado laboral y los bajos salarios también en el ámbito
académico.
8
Emir Sader (2009) caracteriza esas transformaciones como un tránsito
hacia el pos- neoliberalismo, que es observable en las políticas
sociales, en grados de recomposición del aparato
estatal para retomar
su capacidad de regulación, y en proyectos de integración regional ante el fracaso de las políticas
de libre comercio.
Según ese autor, mientras
que Brasil, Argentina
y Uruguay evolucionaron en esa dirección con medidas
más reformistas, en Bolivia, Venezuela
y Ecuador se han realizado reformas estructurales más profundas.
Y en segundo
término y absolutamente articulado al primer argumento, porque sólo el Estado detenta la legitimidad para construir garantías univer- sales a través de
la juricidad institucional consagrando así los
derechos adqui- ridos. Puntualizando en la política cultural, desde Brasil Marilena Chaui escribe:
Finalmente, el derecho a la participación
en las decisiones de la política cultural es el derecho de los ciudadanos a intervenir en la definición de las directrices cultura- les y de los presupuestos públicos, a fin de garantizar tanto el acceso como la pro- ducción de cultura por parte de los ciudadanos. Se trata, entonces, de una política cultural definida por la idea de ciudadanía cultural, en la que
la cultura no se redu- ce a lo superfluo, al entretenimiento, a los patrones del mercado,
a la oficialidad doctrinaria (que es ideología), sino que se realiza como derecho de todos los ciuda- danos, derecho a partir
del cual la división social de las clases o la lucha de clases pueda manifestarse y ser trabajada
(Chaui, 2008:4).
Es en la dirección de trabajar con el concepto de ciudadanía cultural que se plantea el debate acerca de los derechos culturales, su definición, y por ende la disputa
en torno de la inclusión
o exclusión en el direccionamiento de la políti-
ca cultural, de significados identitarios y expresiones artísticas, pero fundamen-
talmente de aquellos
sujetos colectivos que son sus creadores.
ACERCA DEL CONTENIDO DE LOS DERECHOS CULTURALES
En trabajos anteriores (Raggio, 2010, 2012) se ha reflexionado acerca de la am- bigüedad
que está presente en la definición de los derechos
culturales como consecuencia de una serie de cuestiones, reconocimiento que emana incluso de documentos de la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura
(UNESCO):
El derecho
internacional sigue
sin ofrecer una definición clara del contenido de los derechos culturales y sin determinar exactamente los derechos que entran en esta categoría… Además de las nociones fundamentales de “participación” y “acceso” a la ciencia, la cultura y la educación, los derechos culturales engloban otro conjunto de
libertades, por ejemplo la de expresión, la de información y la de comunica-
ción… Actualmente se está debatiendo en varios foros la conveniencia de elaborar un instrumento que trate específicamente de los derechos culturales. Pero la redac-
ción de semejante instrumento queda todavía muy lejos (Un nuevo instrumento ge- neral sobre los derechos culturales, UNESCO, 2003).9
En ese sentido
pueden precisarse algunos
de los obstáculos que se visualizan
a la hora de propiciar la
participación de grupos subalternos
en la definición de la orientación cultural. El fundamental, es que dicha participación coloca
en debate las orientaciones hegemónicas en cuanto a normas,
valores, reconoci- miento de identidades y por consiguiente modelos de constitución social.
Otras dificultades emanan
de la proclamación de derechos
tales como la utilización de la cultura como recurso para el desarrollo humano, y de su con- sideración como indispensable para el desarrollo simbólico de las poblaciones,
cuyo cumplimiento tropieza
con una serie de contradicciones y antagonismos dentro
del Estado y también en la sociedad
civil.
Algunas de ellas
se manifiestan dentro
de las instituciones estatales como dificultad para
gestionar la implementación de proyectos novedosos y dar lugar a la participación de otros actores –no tradicionales– en su definición. Las razones deben buscarse
no sólo en diferencias ideológicas o de proyectos políti-
cos, sino en las lógicas
de funcionamiento, que no están pensadas para la incor- poración de modalidades democráticas e inclusivas.
El aparato burocrático es una estructura
jerárquica, con tiempos condicio-
nados por la intervención de distintos estamentos y por el cumplimiento de procesos que se ajustan
a normativas, y estas condiciones a menudo resultan
inadecuadas para la planificación participativa de actores plurales. No obstante, es en el proceso mismo de la gestión
que es posible introducir transformaciones que habiliten modalidades diferentes.
La posibilidad
de cambio se establece primero en
el nivel macro de la orien- tación de las políticas
y luego es preciso que se concrete
a través de la voluntad
política y el poder del que dispongan
quienes están gestionando dentro de las estructuras burocráticas; esas decisiones son indispensables para modificar las reglas y los procedimientos administrativos.
Ahora bien, cuando más agudamente se advierten los obstáculos, es cuando las apelaciones al desarrollo cultural
de las comunidades (citado en las declaracio- nes de UNESCO) entran en colisión con intereses de empresas privadas,
se trate
9
Esta preocupación ha sido reiterada en el Diálogo Derechos
Culturales y Desarrollo Hu- mano
en el año 2004, y en el
año 2007 el Grupo de Friburgo
emitió una Declaración de los Dere- chos Culturales “La presente
Declaración reúne y hace explícitos derechos que ya están reconocidos en numerosos
instrumentos, aunque de manera dispersa.
La clarificación es necesa- ria para demostrar la importancia de los derechos
culturales, como también
la de las dimensiones culturales de los demás derechos humanos…”
<http://www.culturalrights.net/es/documentos>.
de aquellas que actúan en el mercado
de las industrias culturales o de las que se desenvuelven en el área del turismo
y/o en el mercado inmobiliario.
En estos casos, al tratarse de la puesta en valor de expresiones del patrimo-
nio material e intangible de grupos sociales subalternizados, aparece la lógica de la ganancia por encima de cualquier apelación
al desarrollo simbólico
y a la participación.
Para ejemplificar esto último, se desarrollan en el apartado
siguiente las dificultades encontradas en la CABA durante
la gestión iniciada
en el año 2007, para la protección del patrimonio construido.10
EL CASO ETNOGRÁFICO: LA DISPUTA POR LA PROTECCIÓN PATRIMONIAL EN LA CABA
En la CABA desde hace al menos unos años comenzó
a desarrollase un conflic- to que tiene de un lado al mercado inmobiliario y de otro, a una diversidad de actores que bregan por la defensa
del patrimonio construido. Entre ellos, hasta el año 2012 se encontraba un organismo del Estado local cuya intervención resultó decisiva para la protección
patrimonial en ese periodo, aglutinando las demandas y reivindicaciones de organizaciones de la sociedad
civil, en abierta oposición a la orientación del Ejecutivo de la Ciudad Autónoma que como se describió al inicio comenzó
la gestión en el año 2007.
El avance “de la piqueta”11 sobre edificios de valor patrimonial no parece ser un hecho vinculado a los afanes renovadores de la arquitectura urbana, ni tampoco un impulso irracional destinado
a borrar de la faz de la Ciudad los vestigios del pasado, sino al altísimo
valor que la tierra
urbana fue adquiriendo en los últimos
años.
Así, la protección del patrimonio se enfrenta con las demoliciones para la edificación de nuevas obras, que en ocasiones se realizan sin respetar las nor-
mas de seguridad, poniendo en peligro la vida de los obreros que trabajan
en ellas y la de los habitantes que ocupan las viviendas linderas
a esos inmuebles. Esta política
ha encontrado una fuerte oposición
en la acción conjunta de acto- res políticos, asociaciones de la sociedad
civil y también de un medio de comu- nicación.12
10 Dicha
disputa continúa vigente
cuando se escriben estas líneas en el año 2015.
11 Herramienta que se utiliza para la demolición de edificios.
12
Desde en el “Suplemento M2” del Diario Página 12, Sergio Kiernan,
ha venido denuncian- do los incumplimientos y las trabas puestas por la actual administración de la CABA a la protec-
ción patrimonial.
La resistencia a un modelo que implica:
la construcción de edificios usual- mente de gran altura,
destinados a viviendas para un sector social de alto
poder adquisitivo y, que además de modificar
la fisonomía de los barrios,
trae apare- jados
numerosos inconvenientes desde
el punto de vista de las condiciones generales del habitat urbano,13 se articuló así con la protección del patrimonio cultural.
Estas dos cuestiones comenzaron a amalgamarse en torno de la Comisión
para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Legislatura de la CABA,14 cuando a principios del año 2010 su flamante
Secretaría General,15 promovió la realización de debates abiertos
para reflexionar acerca de la temá- tica.
Esa Comisión es el Órgano Asesor encargado
de velar por el cumplimiento de la Ley 1.22716 que preserva el patrimonio, y fue a partir de la nueva Secreta- ría que se potenció
un proceso de movilización de sectores de la sociedad
civil, que no pertenecen exclusivamente al campo de la cultura, en torno de cuestio-
nes relacionadas con la política
cultural.
A poco de asumir en el mes de marzo de 2010, la Secretaria de la Comisión
para la Preservación: Mónica Capano convocó a debatir en un salón de la Le-
gislatura cuestiones patrimoniales, y en esa ocasión expresó que “la participa- ción es fundamental para intervenir en la política
cultural”. Se expusieron allí una serie
de temas17 y la mayoría
de las intervenciones del nutrido grupo
que se encontraba presente, valoró el hecho de habilitar ese espacio
para hablar libre-
mente y facilitar
la organización.
13
Algunos de esos inconvenientes son la insuficiencia en el abastecimiento de los servicios
eléctricos y la generación de gran cantidad de residuos
que no se tratan adecuadamente. Mucho más graves resultaron las inundaciones de la CABA y la Ciudad de La Plata de los días 1 y 2 de abril del año 2013, ocasionadas entre otras cuestiones por el impedimento que esas edificaciones representan para el escurrimiento de las aguas pluviales hacia los ríos, en virtud de los cimientos
que demandan.
14 En adelante Comisión
para la Preservación.
15
Tradicionalmente la Secretaría General es asumida por un miembro perteneciente al par- tido de la primera minoría
en la Legislatura, órgano parlamentario del gobierno local. En este caso el FPV (Frente para la Victoria quien gobierna
el Estado nacional,
pero es minoría en el gobierno
de la CABA).
16
La Ley 1.227 se sancionó en el año 2003 y fue reglamentada en el año 2006, su propósito
es “la investigación, preservación, salvaguarda, protección, restauración, promoción,
acrecenta- miento y transmisión a las generaciones futuras del Patrimonio Cultural
de la Ciudad Autóno- ma de Buenos Aires (PCCABA)” CEDOM, 2012.
17
Entre otros, la situación
del Teatro Colón, el cambio de nombre del Teatro Opera por el de Citi y las demoliciones (Observación, marzo
2010).
Así, comenzaron a reunirse convocadas por la Comisión para la Preserva-
ción representantes de distintas organizaciones de la sociedad
civil,18 conjunta- mente con legisladores
de la oposición al gobierno
local, e intentaron poner un freno a los negocios
inmobiliarios realizados a costa de la destrucción patrimo- nial, y la seguridad
y calidad de vida de los ciudadanos de la CABA.
En los diversos
encuentros posteriores donde se realizaron las observaciones y algunas entrevistas, y de las que participaron representantes de las distintas agrupaciones barriales, quedó de manifiesto que no sólo “son patrimonio” de- terminadas construcciones así caratuladas, sino también muchas otras de dis- tintos barrios de Buenos Aires;
espacios sociales donde se desarrollan los afectos primarios ligados a las primeras experiencias de la infancia,
y que calan hondo en la constitución misma de la subjetividad individual y en el sentido
de perte- nencia social.
En una de esas reuniones, los representantes de las organizaciones vecinales
lo expresaron de este modo:19
Los vecinos estamos en problemas desde que la consigna Haciendo Buenos Aires20 no tomó en cuenta que Buenos Aires estaba hecha y que había que mantenerla. Los vecinos masivamente tomaron el tema, dejó de ser un problema
de especialistas, esto puede llevar a un cambio profundo
de las reglas del juego en la Ciudad de Buenos Aires (Carlos Blanco, Basta de Demoler, Observación, agosto 2010).
Nacimos como una defensa del planeamiento urbano estratégico (no a las torres), están demoliendo nuestro pasado, la esencia de la porteñidad (Gustavo Desplats, Proto Comuna Caballito, Observación, agosto 2010).
No existe un régimen de penalidades debidamente aplicados y no existen contro- les,… tiene que ver con las falencias del CAAP [Consejo Asesor de Asuntos Patri- moniales]… Estamos a favor de la defensa del patrimonio vinculado a la identidad
barrial, no estamos a favor o en contra de las torres sino a favor de la participación de los vecinos” (Defensor Adjunto de la Defensoría del Pueblo de la CABA: Gerardo Gómez Coronado, Observación, agosto 2010).
La Ley de protección
patrimonial había sido reglamentada en el año 2006, pero ante su falta de aplicación al año siguiente
se sancionó una nueva norma que disponía interponer un paso previo a la demolición: el Consejo Asesor de
Asuntos Patrimoniales (CAAP) debía evaluar
los edificios incluidos
en el in-
18
Vecinos por el 25 de Mayo, Salvemos Villa Urquiza, Lo que faltaba, Proto Comuna Caba- llito, Basta de Demoler, Proteger Barracas,
Salvemos Floresta,
SOS Caballito (las denominacio- nes corresponden a barrios de la CABA).
19 Los testimonios Blanco,
Desplats y Gómez Coronado
en Raggio, 2013:231.
20
Esa inscripción reza en los carteles
colocados por el gobierno local cuando realiza repara- ciones o demoliciones.
ventario, pero no catalogados, y aquellos construidos con anterioridad al año
1941. Si se reconocía su valor patrimonial no podrían ser destruidos y esa nor- ma regiría
hasta el 31 de diciembre
del año 2011.
Sin embargo en el año 2009, a instancias de un legislador
del oficialismo de la Ciudad se aprobó otra ley que modificaba el plazo de duración
hasta el 31 de diciembre
de 2010; en ese año en la Legislatura se había llegado
a un acuer- do para prorrogarla por otro año más, por una parte en reconocimiento de la necesidad de la protección patrimonial y también
como consecuencia de la presión
ejercida por las organizaciones de vecinos, en particular de Basta de Demoler.
Hay temas importantes donde se llegan a consenso
que presentan diputados de dis- tintos bloques… por ejemplo la ley 3.056 que se estaba por caer que es la ley que protege a los edificios anteriores a 1941, que Basta de Demoler nos llenaba la casi- lla con mails a
todos. Se presentaron 3 o 4 proyectos
distintos los firmaron los blo- ques y salió por consenso, había que sacarlo si o si porque
sería una tragedia para la Ciudad y para todos, había que sacarlo el fallo se firmó… no va a haber pro- blemas”
(Informante J, asesora legisladora del Partido RECREAR que participaba del oficialismo Alianza Republicana PRO).21
Hacia fines del año 2011
la situación era casi idéntica
a diciembre del 2010 y no se aguardaban mayores sobresaltos para la prórroga
de la ley hasta que su-
cedió lo inesperado, el periodista Sergio Kiernan así lo detallaba
en el Diario Página 12:
En apenas diez días, el bloque del PRO en la Legislatura porteña tomó dos iniciati- vas particularmente agresivas contra la legislación que protege el patrimonio edifi- cado de Buenos Aires y frena las demoliciones… La primera fue un cambio de horario que hizo que la reunión coincidiera con otras ya programadas. Los miem- bros de la oposición avisaron que llegarían tarde porque los esperaban en la reunión de Presupuesto. Puntualmente, llegaron los miembros
por el PRO, con Christian Ritondo22 a la cabeza
y, por fuerza de número, con quórum propio... Los macristas firmaron varios proyectos a tratar […] Y súbitamente, en un movimiento coor- dinado, se levantaron y se fueron,
dejando sin firmar el crucial
proyecto de reno- vación de la ley… los vecinos no salían de su asombro y los diputados
opositores, cuando
llegaron finalmente, no podían
contener su furia. La salida de Ritondo y los suyos no fue discreta, por los vecinos que lo rodeaban. Uno de ellos, con cierta re- lación con uno de los macristas, le preguntó por qué hacían algo así en lugar de debatir y buscar los votos. “Porque lo ordena Macri —fue la dura respuesta—, se
21 En Raggio,
2013:244.
22
En ese momento,
Vicepresidente 1º de la Legislatura de la CABA, diputado del partido
gobernante PRO.
quiere sacar el tema de encima (Sergio Kiernan,
Diario Página 12, 27 de noviembre de 2011).23
La segunda decisión
era reemplazar a la Secretaria General
de la Comisión para la Preservación por un legislador
del oficialismo, debido a que el desem- peño de la Comisión
había resultado decisivo para articular
la resistencia con- tra
la demolición del patrimonio construido.
Ello ocurrió seis meses más tarde en una sesión de la Legislatura, donde con la firma de la Presidenta
de la Comisión de Cultura que pertenecía al PRO y de dos legisladores de otro espacio político, se presentó y aprobó un proyecto para nombrar nuevas autoridades al frente de la Comisión de Preservación del Patrimonio Histórico
Cultural de la Ciudad de Buenos Aires.24
REFLEXIONES FINALES
En este trabajo
se ha hecho referencia, aunque sin colocar allí el foco, al papel que en la última década ha desempeñado el Estado Nacional
en algunos países de América Latina, en la ampliación
de los derechos de ciudadanía
incluyendo en ellos los derechos
culturales.25
En
particular en la Argentina, para el caso de éstos últimos,
es importante mencionar la sanción de la Ley de Matrimonio
Igualitario y de la Ley de Iden- tidad de Género,26 se trató y se trata de una disputa
por el sentido, en clave de
23
En cuanto
a la resolución del tema de modo provisorio en esa oportunidad, se consiguió un amparo judicial
que inhabilitó la demolición de los
edificios comprendidos en la normativa hasta tanto la legislatura se expidiera
sobre la cuestión
al año siguiente cuando se reanudaran las sesiones.
24 Así lo manifestó Mónica
Capano a quien
escribe en un dialogo posterior.
25
En relación con los nuevos
derechos, en la Argentina
por citar algunos
cabe mencionar tanto los que refieren a la inclusión
social de los sectores
más empobrecidos como la Asignación Universal
por Hijo–, AHU,25 o la ampliación
del sistema jubilatorio para el 97% de la pobla- ción pasiva,
como aquellos que incorporaron a colectivos sociales minoritarios. En el caso de la AHU, a través de una legislación que garantiza
el derecho de los hijos de los trabajadores de- socupados o de aquellos con
ingresos reducidos, a cobrar
una asignación familiar equiparándolos con los hijos de los trabajadores formales, se procura desterrar
del sentido común su asimilación a los planes
asistenciales focalizados, característicos del modelo neoliberal.
26
En cuanto a la Ley de Matrimonio Igualitario sancionada en julio de 2010, que reconoce
los derechos de todas las parejas
sin
importar el género de los contrayentes, se ha introducido un cambio muy significativo que disputa con los valores tradicionalmente sostenidos, por una parte importante de la Iglesia Católica en la Argentina. De igual modo sucede con la Ley
de Identidad de Género, sancionada en mayo de 2012,
que
consagra el derecho a que en el Documento Nacio- nal de Identidad, las personas trans
(travestis, transexuales y transgéneros) sean inscriptas con el nombre y el
género de elección.
definiciones culturales respecto
de la valoración de los sujetos en términos de igualdad, y por ende de un avance en la construcción de más ciudadanía y para más personas.
Esas legislaciones fueron el resultado de una participación amplia y sosteni- da de un conjunto de organizaciones de la sociedad
civil, que encontró
en los legisladores del partido
oficialista y en el Ejecutivo nacional la voluntad
política que posibilitó su concreción.
No obstante, el Jefe de Gobierno de la CABA y sus legisladores locales
y nacionales no acuerdan con esa visión de política
pública y se han opuesto a las normas mencionadas en las votaciones realizadas
en el Congreso Nacional; en consonancia, la gestión de la política
cultural que se ha venido desarrollando en el ámbito de la CABA, privilegia los intereses de ciertos sectores
del mercado por sobre la inclusión de los derechos
culturales de los distintos colectivos socia-
les.
Así se ha puesto de manifiesto en el caso presentado donde se privilegia la rentabilidad del mercado inmobiliario, en detrimento del resguardo de la his- toria cultural y de la identidad de los ciudadanos, a través de la preservación de los edificios históricos y de sus edificaciones populares.27
En este conflicto
es muy interesante observar los mecanismos de la gestión política dentro del Estado y advertir como los intereses privados
interpenetran sectores importantes dentro del aparato burocrático.28 Desde esa posición com- piten con otros actores políticos
y de la sociedad civil por la orientación de la
política pública.
Esos actores, legisladores de la oposición a Mauricio Macri y organizaciones de la sociedad civil,
intentaron poner un freno a los negocios
inmobiliarios, cuyas consecuencias se manifiestan tanto en la destrucción patrimonial como en la afectación de la seguridad
y calidad de vida de los ciudadanos de la CABA.
Para que esto pudiera
concretarse resultaba indispensable contar con un ámbito institucional desde el cual habilitar
la participación ciudadana en la toma de decisiones: esto es el ejercicio de un derecho cultural,
y ese fue el rol que cumplió
en su momento la Comisión
para la Preservación.
Emergió así una praxis política novedosa
en la escena de la Ciudad, posi- blemente porque en el tema del patrimonio se puso en acto una disputa por la
identidad, que trasciende la historia
del país y de la Ciudad a través de sus
27
Del mismo modo que se ha destinado presupuesto a la realización de mega-eventos musi- cales con artistas extranjeros y se han desfinanciado los talleres culturales en los barrios. Al res- pecto ver Raggio, 2013.
28 Ozslak, O.; O’ Donell, G. 1982:80.
edificios antiguos
y/o arquitectónicamente valiosos,
para encarnarse en las his- torias cotidianas de sus ciudadanos.
Pero además, porque
en el caso presentado, ese interés por la protección patrimonial se articuló fuertemente con la defensa
de la vida de las personas29 y
presumiblemente esa conjunción fortaleció una movilización de los ciudada- nos, que no había aparecido respecto
de otras decisiones que involucran la polí-
tica cultural.
Ahora bien, una
vez ocluido el ámbito de la Comisión
para la Preservación, las organizaciones de la sociedad
civil que han jugado (y continúan haciéndolo) un papel fundamental, no han tenido por si solas la posibilidad de incidir con éxito
en el rumbo de la política
patrimonial. Lo demuestra el hecho de que una
vez que cambió de signo político la Secretaría de la Comisión,
las demoliciones habilitadas por el CAAP han continuado.30
Y es a partir de esta situación
que resulta importante advertir las dos cues-
tiones que se plantearon como fundamentales en la introducción de este traba- jo: la disputa político-cultural puesta en acto dentro del aparato burocrático entre una diversidad de actores políticos
y de la sociedad civil31 por la orienta-
ción de la política pública
cultural; y el rol del Estado, que resulta central
en su direccionamiento, y en la capacidad de inclusión
o exclusión de una diversidad sujetos
individuales y colectivos en su definición.
En función de lo expuesto
y al menos en la actual coyuntura
que atraviesan las experiencias regionales, la reivindicación de la centralidad del rol estatal en conjunción con las movilizaciones de las organizaciones de la sociedad
civil, aparece como casi la única posibilidad cierta del ejercicio de los derechos cultu- rales, para un conjunto
más amplio y diverso de la población
de nuestra Amé- rica Latina.
Álvarez, Dagnino y Escobar
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y sociedad”, en Daniel Mato (coord.), Estudios y otras prácticas intelectua-
29 En esos años produjeron derrumbes de inmuebles, como consecuencia de las demoliciones donde fallecieron operarios y también vecinos.
30 Denuncias de Basta de Demoler, 28 de febrero 2015 en <http://bastadedemoler.org/>.
31 Legisladores del oficialismo (PRO) y de la oposición
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