ANTROPOLOGÍA AMERICANA, vol. 5, núm. 10 (2020), pp. 113-138 ISSN (impresa): 2521-7607 ISSN (en línea): 2521-7615

Permanentemente temporales.
El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales en Canadá (PTAT) y el COVID-19

Marie France Labrecque

Université Laval, Quebec, Canadá

correo electrónico: marie-france.labrecque@ant.ulaval.ca

Recibido el 30 de agosto de 2020; aceptado el 30 de septiembre de 2020

Resumen: Las condiciones de déficit de poder en las que se encuentran los trabajadores mexicanos del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) en Canadá los hace particularmente vulnerables en tiempos de pandemia. Esto es lo que la autora trata de demostrar, basándose en la literatura científica y en la prensa convencional y alternativa, que describen las condiciones, a veces deplorables, en las que estos trabajadores viven y trabajan. El concepto de racismo sistémico y la perspectiva de la colonialidad forman la columna vertebral de este artículo. La autora sostiene que, sólo teniendo acceso a la residencia permanente, los trabajadores podrían en cierta medida reducir su vulnerabilidad.

Palabras clave: México, poder, racismo, trabajo temporal, ciudadanía.

Permanently temporary.

The Canadian Seasonal Agricultural Workers Program (SAWP) and COVID-19

Abstract: The power-deficit conditions in which Mexican workers from the SAWP in Canada find themselves make them particularly vulnerable in times of pandemic. This is what the author tries to demonstrate, based on the scientific literature and the conventional and alternative press, which describe the sometimes deplorable conditions in which these workers live and work.
The concept of systemic racism and the perspective of coloniality form the

backbone of this article. The author argues that only by having access to permanent residence could workers to some extent reduce their vulnerability.

Key words: Mexico, power, racism, temporary work, citizenship.

 

 

 

Como en muchos países occidentales, los empresarios agrícolas de Canadá dependen de la mano de obra migrante para el trabajo agrícola, el trabajo en invernaderos, la transformación y el empaque. La cadena alimentaria en todo el país depende en gran medida de esta mano de obra. En 2019, unos 60 000 trabajadores agrícolas temporales vinieron a trabajar en Canadá en el marco del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT), distribuyéndose en más de 2 000 explotaciones agrícolas de diversos tamaños, situadas en las diez provincias del país. Su importancia no es nada despreciable: representan el 27% del total de la mano de obra agrícola (Alianza de Trabajadores Migrantes para el Cambio —MWAC por sus siglas en inglés, 2020: 11)1 y esta proporción va en aumento. La demanda de mano de obra temporal se ha convertido en una demanda permanente, y muchos trabajadores regresan al país año tras año. De hecho, desempeñan un papel importante no sólo en la alimentación de la población canadiense, sino también en la exportación de productos agrícolas. Gran parte de la producción del sudoeste de Ontario —la provincia que alberga el mayor número de trabajadores de temporada— la cual se destina a los mercados de Estados Unidos (Villamizar, 2020: 6). En otras palabras, son esenciales tanto para la cadena alimentaria de los canadienses como para la industria agroalimentaria del país.

Desde que se inició el PTAT en 1974, investigadores, periodistas y activistas canadienses y mexicanos han elaborado un gran número de estudios e informes que lo elogian o critican. Entre las investigaciones realizadas en el ámbito académico está la mía, que trata específicamente de la inserción de trabajadores del estado de Yucatán en el programa, una inserción que llegó tarde y no se produjo hasta 2002. Mi investigación descansó en el trabajo de campo realizado por mí y mis estudiantes entre 2011 y 2015. Desde la recolección de datos, su tratamiento y la publicación de un libro sobre el tema (Labrecque, 2018), no he dejado de hacer el seguimiento del caso, ahora más que nunca, en el contexto de la pandemia del COVID-19.2 Tal como lo plantea, entre otras, Becerril Quintana (2020), esta pandemia ha cambiado el trabajo y la vida de los migrantes mexicanos que trabajan en el PTAT y es importante demostrarlo. Por mi parte, persigo los mismos objetivos que tenía en el momento de mi investigación original, a saber, demostrar que quienes entran en este programa lo hacen como población subordinada y vulnerable en el contexto de un Estado colonial blanco, Canadá, y que deben vivir necesariamente con las consecuencias del racismo sistémico inherente a este tipo de Estado. El objetivo más inmediato es demostrar que la pandemia agrava estas consecuencias, refiriéndome más que nunca a la existencia de un sistema de apartheid en este país. Antes de pasar al tema del PTAT y la pandemia, ofrezco una discusión del marco teórico y contextual que me permite definir a Canadá como un estado colonial.

El racismo y el racismo sistémico

La noción de racismo sistémico es actualmente objeto de varios debates en Canadá. Estos debates surgen tanto del cuestionamiento de la relación entre los pueblos indígenas y el Estado canadiense, como del referido a la relación entre la policía y las poblaciones racializadas de las grandes ciudades
—por ejemplo, en la esfera de influencia del movimiento Black Lives Matter tras el asesinato de George Floyd por la policía en los Estados Unidos. Las definiciones del racismo sistémico varían mucho, pero al principio es importante subrayar que lo que comúnmente se denomina “raza” es una construcción identitaria que no tiene base biológica. En cambio, es una construcción que establece una jerarquización entre los humanos y que por lo tanto tiene efectos concretos como el racismo.

Más concretamente, el racismo sistémico es una dinámica que va más allá de las relaciones interpersonales y es probable que esté en el centro mismo del sistema político e institucional. La definición a la que me adhiero es la adoptada por el Consejo Canadiense para los Refugiados (CCR, 2000):

El racismo sistémico incluye el conjunto de procesos sociales que producen desigualdad racial en las decisiones sobre las personas y el tratamiento que reciben. Se trata de una distribución desigual del poder asociada a unas prácticas institucionales, políticas y procedimientos, que apoya comportamientos, prácticas, sistemas de discriminación y desigualdades

Como lo señala Dhume “El enfoque sistémico tiene la ventaja de poder combinar varios niveles de aprehensión y varios conjuntos de mecanismos que contribuyen a producir y mantener un orden desigual” (2016: 36).

Como el PTAT se sitúa al corazón mismo de las dinámicas internacionales de división del trabajo, la cuestión de los niveles y escalas es importante. Desde este punto de vista, puede ser interesante tomar en cuenta la definición del racismo propuesta por Grosfoguel: “El racismo es una jerarquía global de superioridad e inferioridad humana, política, cultural y económicamente producida y reproducida durante siglos por las instituciones del ‘sistema mundial moderno/colonial capitalista/patriarcal centrado en el oeste/centrado en el cristianismo’” (Grosfoguel et al., 2015: 636). Él se apoya en los enfoques de Franz Fanon y de otros autores, latinos en su mayoría, que conciben que existe una línea que divide el mundo en seres humanos —los que se sitúan arriba de esta línea— y seres sub-humanos —los que son debajo de esta línea. Plantea lo siguiente: “En un mundo imperial/capitalista/colonial, la raza constituye la línea divisoria transversal que atraviesa múltiples relaciones de poder como las relaciones de clase, sexuales y de género a escala mundial. Esto es lo que se ha conocido como la ‘colonialidad del poder’” (Quijano, 2000 en Grosfoguel et al., 2015: 637). En esta colonialidad del poder, el racismo es el principio organizativo de la división internacional del trabajo y de todas las jerarquías del poder (Grosfoguel et al., 2015: 641). El poder es la palabra clave aquí. Antes de tratar sobre el poder y el PTAT en tiempos del COVID-19, propongo un breve desvío para interrogarnos sobre la naturaleza del Estado que acoge los trabajadores mexicanos en este programa.

¿Por qué definir Canadá como Estado colonial blanco?

Mucha gente piensa que Canadá no tiene un pasado colonial por haber sido una colonia francesa y luego británica. Sin embargo, tanto la manera en que los colonos europeos se posesionaron de los territorios indígenas y sometieron a los pueblos indígenas, como la manera en que la sociedad dominante sigue haciéndolo, definen a este como un país colonial. Aun se podría decir que es un país colonialista si consideramos su agenda internacional a través de las empresas mineras. Estadísticas recientes muestran que 75% de las mineras en el mundo son canadienses. Estas mineras tienen la peor historia en términos de derechos humanos. Explotan territorios indígenas en todo el mundo sin el consentimiento o sin consultación de los pueblos. La ayuda internacional canadiense y las
misiones diplomáticas son usadas para apoyar a estas empresas canadienses a todo precio, pues generalmente operan con total impunidad (Migrant Rights Network —MISN, 2015). Solo en América latina, las mineras canadienses tienen 80 proyectos en operación, sobre todo la Barrick Gold. Además hay otros 48 proyectos que están en la etapa exploratoria. Los ingresos de las mineras canadienses son de cerca de 20 mil millones de dólares americanos de los cuales unos 5 mil millones proceden de México (Canadian International Development Platform —CIDP, 2019).3 Entonces, Canadá no se satisface con explotar los territorios indígenas dentro de sus propias fronteras: explota los de otros países. Además contribuye a la masculinización de los territorios, ya que la mayoría de los empleos son masculinos mientras que son las mujeres que tienen que cuidar a los enfermos por la contaminación ambiental producida por las mineras (Corbeil, 2015).

Para retomar la cuestión indígena, cabe decir que desde finales del siglo xix, la mayoría de los Indígenas de Canadá están sometidos a la Ley sobre los Indios, emitida en 1876. Esta ley contribuyó en despojar los pueblos indígenas de sus territorios, mismos que las mineras, las empresas agrícolas y forestales están hoy día explotando. Sobre todo, esta ley instaura un régimen legal distinto al que rige la mayoría de los canadienses. Otorga el estatuto de Indígena y determina muchos aspectos de la vida de los Indígenas según ciertos criterios que nunca fueron aprobados por ellos, entre otros, el hecho de tener que vivir en un territorio restringido que es el sistema de reservas indígenas. Esta ley es una “acción política con el objetivo de mantener la supremacía sobre los pueblos indígenas” (Berger, 2009) y finalmente excluírles de la sociedad pública, de los bienes colectivos, de la producción y del consumo colectivos (Reading, 2013: 5). Todo eso resulta en mucho sufrimiento social. Este es un claro caso de colonialismo interno que se vive al interior de un país que supuestamente valora lo “multicultural” y la diversidad.

De hecho, la situación de los pueblos indígenas es desastrosa, tal como ciertas estadísticas lo revelan: 50% de los niños de las Primeras Naciones (así es como los indígenas de Canadá se llaman a sí mismos) viven en la pobreza en relación con 17% en la población canadiense en general; la tasa de mortalidad infantil es 1.5 vez más elevada que la del resto de la población; el salario promedio de las y los trabajadores nativos es de 19 mil dólares canadienses al año mientras se trata de 33 mil dólares para el conjunto de la población canadiense activa (Congrès du Travail du Canada —CCC, 2015). De hecho la situación de los Indígenas canadienses es peor que la de los Afroamericanos de los Estados Unidos, según los indicadores de la tasa de desempleo, de los ingresos promedios, de la tasa de encarcelamiento, de la tasa de homicidios en relación al promedio nacional, de la mortalidad infantil, de la esperanza de vida, de la tasa de deserción escolar, etc. (Gilmore, 2015).

La existencia de diferentes regímenes legales, como en el caso que acabo de describir, nos permite hablar, tal como lo hacen varios observadores, de un sistema de apartheid. En su momento, “el sistema de reservas en Canadá descansaba en la exclusión de los Indígenas de la ciudadanía” (Sharma, 2005: 11), tal como lo manifiesta la obtención tardía del derecho de voto en 1960 a nivel federal. En otras palabras, Canadá ha contado a lo largo de su historia con la producción
de sujetos nacionales racializados, una racialización que también descansaba sobre una discriminación aún más específica hacia las mujeres indígenas. Aquí cabe precisar que “la racialización ocurre a través de la marca del cuerpo. Ciertos cuerpos son racializados como superiores, otros como inferiores” (Grosfoguel
et al., 2015: 637). Veamos cómo encajan en este contexto las y los trabajadores del PTAT y cómo la pandemia les afecta.

El PTAT y el COVID-19

El PTAT descansa en un acuerdo bilateral entre Canadá y una docena de países, incluido México. Está administrado por varios ministerios en ambos países, por lo que es bastante pesado y muy complejo.4 En Canadá, la interfaz entre los ministerios, los empleadores y los trabajadores es manejada por diferentes organismos en cada provincia, lo que no simplifica la gestión del programa. Como veremos la situación se vuelve aún más difícil en tiempos de pandemia.

El programa está dirigido a mujeres y principalmente a hombres de zonas rurales desfavorecidas con conocimientos de agricultura, de 18 a 45 años de edad, con al menos educación primaria. Deben estar casados o en unión libre, preferentemente con hijos, para asegurar su retorno al país emisor. En el caso de las mujeres, la preferencia se dio inicialmente a las madres solteras, pero ya no es así en la actualidad. Es evidente que los empleadores prefieren a los hombres, entre otras razones, porque el programa requiere que faciliten viviendas separadas para hombres y mujeres y que haya solo hombres abarata costos. Por ejemplo, en 2018, las mujeres representaban menos del 2.94% de todos los trabajadores (Gabriel y Macdonald, 2019: 25).

La preferencia de los empleadores por los hombres contraviene los compromisos de México y Canadá en materia de equidad de género. En 2014, se presentó una denuncia ante los órganos competentes y ahora está prohibido solicitar específicamente a un hombre o una mujer para una tarea determinada. En cambio, hay que hacer referencia a la experiencia laboral específica y
a criterios objetivos como, por ejemplo, la capacidad de levantar cargas de 50 kg. Sin embargo, como la mayoría de los trabajadores varones son llamados de regreso por el empleador año tras año, el sesgo sistémico permanece, por lo que la proporción de mujeres en el programa ha disminuido del 4.04% en 2009 al 2.94% en 2018 (Gabriel y Macdonald, 2019: 25 y 28).5

La segmentación de la mano de obra descasa también en la racialización de los trabajadores. El PTAT no se basa explícitamente en consideraciones racistas. Sin embargo, el hecho de que se dirija a los nacionales de ciertos países económicamente desfavorecidos y, además, a personas de las clases económicas más bajas de estos países, le da a este programa una connotación de inferioridad y una configuración fundamentalmente discriminatoria (veáse Gagnon y Couture Gagnon, 2019: 366). La racialización de los trabajadores conduce a la discriminación por parte de la sociedad de acogida. También se desarrolla entre trabajadores de diferentes orígenes dentro del programa. Como ha demostrado mi estudio de los trabajadores migrantes de ascendencia maya de Yucatán que entraron en el PTAT a partir del 2002, las especificidades culturales y lingüísticas locales también desempeñan un papel en el enfrentamiento que a veces se da entre los trabajadores temporales mexicanos. Los trabajadores temporales del sureste mexicano, donde se concentra la población indígena del país, probablemente se encuentran en el grado inferior de la escala y es aún más probable que sean objeto de discriminación; marginados en su propio país, lo estarán aún más en el punto de llegada (Labrecque, 2018). Aunque no se puede contar ni verificar, hay algunos casos de acoso entre trabajadores y conflictos entre lo que se ha denominado más o menos acertadamente “clanes”; es probable que haya violencia en las explotaciones agrícolas (Porter, 2020).

En 2019, más de 27 000 trabajadores vinieron de México (Secretaría de Trabajo y Previsión Social —STPS, 2020) a una de las diez provincias de Canadá, principalmente a Ontario, Columbia Británica y Quebec. El PTAT está destinado a trabajadores poco cualificados según el vocabulario del Ministerio del Empleo y Desarrollo Social.6 En una misma granja hay trabajadores no sólo de México sino también de 11 países del Caribe. Además hay guatemaltecos, hondureños y salvadoreños.7 Por último, también hay, especialmente en Ontario, no menos de 2 000 trabajadores migrantes indocumentados (Hristova, 2020), algunos de los cuales son contratados por agencias no acreditadas. De hecho, el PTAT es sólo uno de una docena de programas para trabajadores extranjeros. Las remesas a México en el marco del PTAT son del orden de 300 millones de dólares anuales (Parra, 2020) en comparación con el total de las remesas a México desde el extranjero, que ascendieron a 26 mil millones de dólares en 2015 (McLaughlin
et al.: 688).

En este año de 2020, un pequeño contingente de trabajadores mexicanos había llegado, como en todos los años anteriores, a partir del 2 de enero. El grueso de los trabajadores suele llegar después, en la primavera. Sin embargo, a partir del 18 de marzo, la frontera canadiense se cerró bruscamente y los vuelos internacionales y el número de aeropuertos autorizados para recibirlos disminuyeron considerablemente. El 25 de marzo, Canadá emitió una Orden de Emergencia relacionada con el COVID-19 en virtud de la Ley de Cuarentena que “autorizó la adopción de medidas respecto de los viajeros extranjeros y otras personas en el punto de entrada o salida que padezcan o puedan padecer una enfermedad transmisible (que suponga un grave peligro para la salud pública)” (Gouvernement du Canada, 2020a).

Por lo tanto, en cualquier parte del mundo, la disminución imprevista
de este tipo de mano de obra “justo a tiempo”, como ocurrió en el contexto de la pandemia del COVID-19, tiene el efecto de un desastre. Ya desde finales de abril, los gobiernos no sólo de Canadá, sino también de otras partes del mundo, establecieron incentivos financieros para que la población local, que suele dar la espalda a este tipo de trabajo, se involucrara en la agricultura. En Rusia, no sólo se ha llamado a los estudiantes, sino también a los prisioneros. En Italia, el Ministerio de Agricultura ha propuesto reclutar a los desempleados. En Francia, se ha creado una plataforma llamada Des bras pour ton assiette (Brazos para tu plato) para alentar a las personas inactivas debido a la pandemia a ir a trabajar en los campos. En Alemania fue el Das Land hilft (El país ayuda) y en el Reino Unido, el Pick for Britain y el Feed the Nation (Pécoud, 2020). En este último país, incluso el Príncipe Carlos ha estado twitteando para animar a la gente a hacer su parte (Dorning y Skerritt 2020). En Canadá, y en particular en la provincia de Quebec, el Primer Ministro de la provincia instó a los estudiantes a colaborar con los agricultores (Couillard, 2020), con resultados aún no evaluados.

A pesar del cierre de la frontera canadiense a los viajes internacionales como consecuencia del COVID-19, se permitió a los trabajadores del PTAT entrar en Canadá a partir del 9 de abril, como una medida excepcional, ya que fueron declarados “trabajadores esenciales” para la producción de alimentos. A su llegada, los trabajadores debían someterse a una cuarentena de 14 días según la Ley de Cuarentena (Gouvernement du Canada, 2020b), con el fin de evitar la propagación del virus en caso de que alguno de ellos estuviese infectado. Se exigió a los empleadores pagar los costos de esta medida. Para compensar estos costos adicionales, el gobierno federal estableció el Programa de Asistencia para el Aislamiento Obligatorio de Trabajadores Extranjeros Temporales (Gouvernement du Canada, 2020c), que cuenta con un presupuesto de 50 millones de dólares destinados a los empleadores (Halin, 2020). Para un empleador en particular, esto significa que puede recibir hasta 1 500 dólares por trabajador para cubrir los gastos de alojamiento y comida durante 14 días.

Los diferentes grupos de activistas8 sostienen que este dinero equivale a una ayuda para el empleador y no beneficia realmente a los trabajadores (Beaumont, 2020). De hecho, hay diferentes interpretaciones de lo que este programa de asistencia debe cubrir, y algunos trabajadores se han visto obligados a pagar por su propio alojamiento, comida o ambos (Halin, 2020). Varios factores pueden explicar estas diferentes interpretaciones, ya que el PTAT es un programa federal, pero la salud es una responsabilidad provincial. A menudo es difícil navegar por el laberinto de reglamentos, protocolos y acceso a los apoyos (Migrant Workers Alliance for Change —MWAC, 2020). De hecho, las provincias y municipios funcionan como en silos (Salami et al.: 552), lo que crea una gran variabilidad en las condiciones de vida de los trabajadores. Como resultado, los gobiernos provinciales han reaccionado de manera más o menos diferente en cuanto a la protección de los trabajadores con respecto al COVID-19. Por ejemplo, hemos visto que el gobierno de Columbia Británica decidió ocuparse de la cuarentena de 14 días de los trabajadores, colocándolos en hoteles cercanos al aeropuerto desde su llegada (Forum Ouvrier, 2020: 10) en lugar de dejar esta medida en manos de los empleadores. Básicamente podemos decir que, en el resto del país, son los empleadores quienes determinan las condiciones en las que se encuentran estos trabajadores.

El COVID-19 ha ocasionado en que el número de trabajadores contratados por el PTAT que entran al país se redujera a la mitad. A finales de junio, sólo el 52% de la mano de obra esperada había llegado. Al parecer, algunos trabajadores extranjeros pudieron haber optado por quedarse en casa este año; además, varios países pueden tener una capacidad limitada para procesar los expedientes debido a la pandemia (Presse canadienne, 2020). En Canadá, ya en mayo, el gobierno introdujo la Prestación Canadiense de Emergencia para proporcionar ingresos esenciales a los trabajadores temporalmente sin trabajo debido a la pandemia, pero los trabajadores agrícolas del PTAT, cuyos visas se retrasaron en el punto de partida, aunque esenciales, no se incluyeron en este programa (The Conversation, 2020), lo cual ha sido denunciado como discriminatorio por los grupos de activistas.

Aunque el gobierno canadiense tomó todas las precauciones antes señaladas, incluida la cuarentena impuesta a los trabajadores, los brotes de la epidemia comenzaron a aparecer en las granjas. Debido a la concentración de grandes granjas y de trabajadores en el sur de Ontario, es en esta provincia donde se ha tenido el mayor número de casos de COVID-19 entre los trabajadores agrícolas. El primer brote que afectó por primera vez a trabajadores migrantes, se produjo a finales de abril. Dado que la mayoría de estos trabajadores ya estaban en el país antes de la pandemia, el Departamento de Salud Pública cree que el virus fue contraído localmente (CBC News, 2020a). Dos meses más tarde, es decir, antes de finales de junio, más de 1 000 trabajadores agrícolas migrantes, incluidos 300 mexicanos (Parra, 2020), habían dado positivo en las pruebas de detección del COVID-19 tan solo en Ontario (Forum Ouvrier, 2020: 1).9 Tres trabajadores mexicanos, dos de los cuales formaban parte del PTAT, murieron en junio pasado: Bonifacio Eugenio Romero, Rogelio Santos Muñoz y Juan López Chaparro.

Tras las dos primeras muertes, el 16 de junio, y al enterarse de brotes en al menos 17 granjas donde laboraban los trabajadores mexicanos, el presidente de México suspendió el programa y evitó que más jornaleros viajaran hacia esas granjas. Fue así que el Primer Ministro canadiense Justin Trudeau, se comprometió a garantizar la protección de la salud de esos trabajadores (Parra, 2020), incluso mediante inspecciones sin previo aviso en las explotaciones agrícolas (en lugar de inspecciones virtuales —a distancia, por Internet— como se hizo al principio de la pandemia (Ansarl, 2020)) y la expulsión del programa de los que no cumplieran los criterios. La suspensión del programa por parte de México duró menos de una semana, debido a la intervención de Trudeau.

Los brotes del COVID-19 en las granjas y campamentos agrícolas no se han detenido. Por ejemplo, en Ontario, un decreto en virtud de la Ley de protección y promoción de la salud que entró en vigor el 1 de julio de 2020 exige a los empleadores solicitar a los trabajadores con síntomas del COVID-19 que se autoaíslen inmediatamente y les prohíban trabajar hasta que la unidad de
salud pública local, en consulta con el empleador y el proveedor de servicios
de salud determine una fecha de regreso (Forum ouvrier, 2020: 4). En la práctica, sin embargo, parece que la elección del autoaislamiento se deja en manos de los trabajadores, especialmente si tienen síntomas más o menos obvios, o si dan positivo sin tener síntomas. Es evidente que si se le da la opción, el trabajador seguirá trabajando, especialmente en provincias como Ontario, donde la licencia por enfermedad no es pagada por el PTAT y donde los empleadores son libres en este caso de pagar el salario o no. Una vez más, son los empleadores los que “ganan”. Eso está contra todas las leyes de protección al trabajador, máxime cuando se trata de un virus que hasta hoy, no tiene cura y puede tener consecuencias mortales.

 

El poder de los empleadores y la vulnerabilidad de los trabajadores

Según los grupos de activistas, las inversiones que se hicieron en el marco de la pandemia no resuelven la raíz del problema, que es la inconmensurable disparidad de poder entre los empleadores y los trabajadores de temporada (CBC News, 2020b). Incluso, el Primer Ministro Justin Trudeau dijo que su gobierno revisará el programa en profundidad (CBC News, 2020c). Aun al revisar el programa, el gobierno canadiense no podrá escapar a la lógica más amplia de la producción de alimentos en el contexto del capitalismo neoliberal. Las grandes empresas de producción agroalimentaria tienen un gran poder. En Canadá, la expansión de esas empresas se financia en parte con fondos públicos (MWAC, 2020: 11). En este país, como en otros, los trabajadores extranjeros de temporada desempeñan un papel fundamental en la acumulación de capital promovida por el Estado (Asomah, 2014: 118). Los impedimentos para la sindicalización de esta categoría de trabajadores, como han informado muchos investigadores con respecto al PTAT (incluyendo Hanley et al., 2020), así como el desprecio de sus derechos fundamentales, deben considerarse en este contexto, al igual que la necesidad de disciplinar esta fuerza de trabajo en la medida de lo posible.

El activista Chris Ramsaroop, de Justicia para los Trabajadores Migrantes, describe la estructura de este programa como racial y lo llama “trabajo forzado” (indentured labour) (Beaumont, 2020). Otros investigadores se refieren a él como trabajo no-libre (Hanley et al., 2020: 126). Esto se hace eco de los testimonios que mis estudiantes y yo recogimos de los trabajadores de Yucatán, y también de los periodistas y activistas de Canadá: “Nosotros acá en Canadá no somos más que unas máquinas” (Morales Rodas, 2020). Algunos trabajadores consideran que el abuso, el racismo y el acoso son el pan de cada día (CBC News, 2018), mientras que otros señalan que la intimidación, la vigilancia, las amenazas y el racismo son peores este año y se han intensificado con la pandemia (MWAC, 2020: 9). Por último, la discriminación que experimentan habitualmente los trabajadores en el marco del PTAT no sólo afecta a los propios trabajadores en el punto de llegada: investigadores como McLaughlin et al., creen que es un programa que también socava la cohesión de las familias de los trabajadores en el punto de origen (McLaughlin et al., 2017: 684).

El racismo sistémico debe tomarse en serio porque tiene un impacto real en las personas, como mencioné anteriormente con respecto a los pueblos indígenas de Canadá. En tiempos de pandemia, es probable que los efectos del racismo sistémico se intensifiquen o que adquieran nuevos trajes. Por ejemplo, en Estados Unidos, la población afroamericana y latina muere en una proporción mucho mayor como resultado del COVID-19 que la población blanca (De la Hoz, 2020). En la ciudad de Montreal, provincia de Quebec, las poblaciones de origen diverso y racializadas han sido las mayores víctimas de la pandemia, aparte de los ancianos que viven en centros de cuidados a largo plazo.10

Mucho antes de la pandemia, y desde el inicio del PTAT, numerosos informes y estudios han demostrado que, si bien el programa satisface las necesidades económicas, los trabajadores que entran en el programa son esencialmente vulnerables (CBC News, 2020a). Sin embargo, los diversos organismos responsables del programa no han respondido a estos informes y estudios: la voluntad política de cambiarlo simplemente no existe (Ansarl, 2020). La inercia del Estado refleja el poder desproporcionado de los empleadores en comparación con el de sus trabajadores. Varios observadores consideran que esta disparidad de poder es el núcleo del problema. Misma que se manifiesta en términos concretos en las condiciones materiales que rodean la llegada y residencia de los trabajadores.

Una de estas condiciones, es que el propio contrato de trabajo estipula que el trabajador está vinculado a un empleador determinado. En cualquier caso, el trabajador no es libre de cambiarlo. Si las condiciones de trabajo son malas o se deterioran, el trabajador será reacio a denunciar al empleador e incluso ante el consulado mexicano, al que en teoría, puede acudir en caso de problemas. El miedo a ser deportado es omnipresente incluso cuando se tiene un accidente de trabajo o se enferma, lo que en tiempos de COVID-19 es aún más aterrador. Si uno se atreve a criticar, existe el temor de ser puesto en una “lista negra”11 y, si eso ocurre, no le llamarán de nuevo el año siguiente.12 No está de más señalar que dichas listas negras, además de estigmatizar a los trabajadores señalados, funcionan como un instrumento de disciplinamiento de la fuerza laboral para que no luche por sus derechos o avance en sus procesos de organización y sindicalización.

La contratación de los antiguos trabajadores para la próxima temporada se basa efectivamente en su evaluación por el empleador al final de la temporada, sin que exista un contrapeso que le otorgue derechos a los primeros. El empleador les proporciona una carta sellada que deben entregar al oficial de enlace de la Secretaría de Trabajo en el punto de origen. Es comprensible que, en este contexto, los trabajadores se muestren muy reacios a exigir mejores condiciones de trabajo y aún más reacios a hacerlo colectivamente,13 lo que los mantiene sometidos a condiciones infrahumanas y de casi esclavitud. Estas condiciones tienden a deteriorarse durante la pandemia. Como hay escasez de trabajadores,
la presión sobre los que están presentes es mucho mayor: aparentemente no
sería raro que se les pidiera que trabajaran de 16 a 18 horas diarias (Johnston, 2020: 12).

Además de las condiciones de trabajo en los campos, los invernaderos y las plantas de transformación o empaque (en las que el equipo de protección suele ser inadecuado), los trabajadores se enfrentan a menudo a viviendas que no cumplen los requisitos mínimos de espacio, conveniencia y saneamiento. Por ley, los empleadores deben proporcionar alojamiento adecuado y normalmente es en el propio lugar de trabajo. En los casos más extremos, los trabajadores se han enfrentado a viviendas sucias, infestadas de insectos o roedores, con instalaciones sanitarias inadecuadas o insuficientes para el número de huéspedes, por lo que viven hacinados. En algunos casos, se ha informado de que los trabajadores han sido alojados en locales adyacentes a los invernaderos donde hay muchos productos químicos y otros productos potencialmente peligrosos para su salud y seguridad (Canadian Government News —CGN, 2020). En las granjas más grandes, particularmente en el suroeste de Ontario, los trabajadores duermen en literas donde la distancia física entre ellos es obviamente un problema sanitario. Incluso en los casos en que las viviendas han cumplido previamente las normas mínimas de decencia,14 han surgido insuficiencias en el contexto de la pandemia, ya que por lo general no es posible mantener la distancia física de dos metros en los hogares. Se debe asignar un número máximo de trabajadores a una vivienda determinada y, por lo general, comparten la cocina y el baño, mientras que duermen cuatro en una habitación con literas. Se observaron casos en los que las camas de los trabajadores estaban separadas sólo por mantas que hacían las veces de paredes (CBC News, 2020d).

Otras quejas bastante comunes se refieren al aislamiento social, ya que en Canadá las granjas suelen estar situadas a varios kilómetros de las aldeas y los servicios. Por lo tanto, los trabajadores dependen del empleador no sólo para la vivienda, sino también para el transporte cuando necesitan abastecerse de alimentos o transferir dinero a México. Incluso cuando pueden viajar por su cuenta, los empleadores a veces les impiden o restringen sus salidas, estableciendo un toque de queda. Durante la pandemia, algunos trabajadores informaron de que la intimidación y la vigilancia, incluso por parte de guardias de seguridad privados, aumentaron (NWAC, 2020: 9). Esta es una doble contención. Además, algunos empleadores no consideran de su interés que se conozcan las condiciones de sus trabajadores (Forum Ouvrier, 2020: 11). Luis Gabriel Flores, un trabajador migrante, sufrió las consecuencias por romper la ley no escrita del silencio: trabajó en la misma granja donde Juan López Chaparro murió de infección por el COVID-19 en junio 2020; su empleador lo culpó por haber informado a la prensa sobre el brote en la granja y lo despidió (Motjehedzadeh, 2020). Como lo señala la Migrant Worker Alliance for Change (MWAC, 2020: 11), no sólo en el caso de Flores, “hablar simplemente no es una opción”. En cualquier caso, y esto se reconoce siempre que hay trabajadores migrantes temporales, las granjas son fuentes mayores de infección por el COVID-19 (Dorning y Skerritt, 2020).

El aislamiento en la granja también se manifiesta en el acceso limitado al Internet, situación que es típica de algunas regiones de Canadá incluso hoy en día, lo que limita las oportunidades de los trabajadores de obtener información y luego de comunicarse con sus pares de otras granjas y especialmente con sus familias al punto de origen. En este tipo de contexto, también es difícil para cualquier persona ajena a la granja ponerse en contacto con los trabajadores y es difícil interrogarlos en el contexto de una investigación o un estudio. También es difícil para los grupos de defensa y los grupos sindicales ponerse en contacto, y no tienen otra opción que hacerlo sólo cuando los trabajadores van a la aldea a comprar o al banco.

Además de estas condiciones materiales de apartheid, hay una multiplicidad de factores que hacen que los trabajadores sean vulnerables. Entre ellas figura el factor del idioma, que dificulta que los trabajadores se hagan entender por el empleador en caso de problemas en el trabajo o para el acceso a los servicios de salud. Es cierto que una de las condiciones impuestas a los empleadores es poder proporcionar un mínimo de supervisión en español, pero en general, el conocimiento del español por parte del empleador y del inglés o del francés por parte del trabajador es más que elemental y sólo funciona bien en situaciones rutinarias. La traducción por el empleador en caso, por ejemplo, de problemas de salud, puede introducir un sesgo importante: por ello, los observadores y activistas piden una traducción en el consultorio médico que sea independiente a la del empleador (Abastado, 2020). En lo que respecta a la salud física en el contexto del COVID-19, aunque tengan síntomas, la mayoría tratará de ocultarlos para no verse obligados a aislarse porque si no trabajan, generalmente no se les paga. Por último, la salud mental o al menos el desamparo psicológico de los trabajadores que están alejados de sus familias, a veces hasta ocho meses al año, pueden ser otros factores de vulnerabilidad.

¿Hacia la residencia permanente?

Los empleadores ejercen un control real sobre los trabajadores, en particular poniendo obstáculos a su movilidad y teniendo el poder de deportarlos. Los trabajadores están prácticamente a merced de sus empleadores y, por lo tanto, no tienen ningún incentivo para exigir el respeto de sus derechos más básicos. En tiempos de pandemia, los trabajadores, la mayoría de los cuales se ha endeudado para emprender el viaje o cumplir los compromisos adquiridos a lo largo de los años (construcción y mejora de viviendas en el punto de partida, creación de pequeñas empresas, educación de los niños, etc.) son aún más temerosos.

Dado el escenario que acabamos de describir, es importante preguntarse si hay soluciones. Todos los sindicatos, grupos de apoyo, observadores progresistas e investigadores son bastante unánimes: la solución radica en cambiar el estatuto de ciudadanía de los trabajadores. Para poder ejercer los derechos básicos en el área del trabajo, de la salud y del acceso al apoyo económico, los trabajadores deben tener derecho a obtener la residencia permanente. En la actualidad, el PTAT no lo prevé y siguen formando parte de una categoría que el investigador canadiense Victor Piché ha descrito como “no ciudadanos del mundo” (citado por Noiseux, 2012: 407). Una de las paradojas señaladas por Hanley et al. (2020: 126) es que estos trabajadores se mantienen en un estado temporal y precario mientras que la demanda de su trabajo es permanente. Esta es una condición que comparten con las personas migrantes, especialmente mujeres, proveedoras de cuidados. Por lo tanto, se trata de no ciudadanos que pueden ser descartados en cualquier momento (Salami et al., 2015: 548). Como algunos dijeron acertadamente: “Si son lo suficientemente buenos para trabajar, son lo suficientemente buenos para quedarse” (Johnston, 2020: 14). Esto es particularmente cierto en tiempos de pandemia cuando estos trabajadores han asumido riesgos para viajar y están potencialmente expuestos al virus en las granjas debido a las condiciones en las que se encuentran.

Con la residencia permanente, los trabajadores tendrían derecho a sindicalizarse y luchar colectivamente por sus derechos. Podrían dejar a un patrón abusivo (en cuanto a las trabajadoras, a dejar un lugar donde, por ejemplo, son acosadas sexualmente) para buscar trabajo con otro empleador, recuperando así su movilidad. Hay precedentes de esto en el área de derecho ciudadano. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia, Portugal decidió conceder el derecho a la ciudadanía a todas las personas cuya solicitud de migración estaba pendiente (De la Hoz, 2020). En Canadá, los solicitantes de asilo que entraron al país antes de que comenzara la pandemia y que han trabajado en centros de atención a largo plazo y hospitales, y que han corrido riesgos de salud al hacerlo, tendrán derecho a la condición de residentes permanentes si cumplen algunos otros criterios; también se habla de que los trabajadores extranjeros temporales tienen derecho a ello. Sin embargo, en el momento de redactar el presente artículo, en agosto de 2020, no se mencionó la inclusión de los trabajadores agrícolas temporales del PTAT, que se encuentran en uno de los niveles más bajos entre todos los trabajadores extranjeros. Esto muestra hasta qué punto, a pesar de ser considerados esenciales, estos trabajadores son indeseables cuando se trata del acceso a la residencia permanente (Forum Ouvrier, 2020: 11). En otras palabras, estos trabajadores no son valorados y existe un fuerte deseo de mantener un sistema jerárquico dentro del mercado laboral canadiense. Sin embargo, como lo ha demostrado Décosse al examinar específicamente la salud de los trabajadores migrantes en Francia, mucho antes de la pandemia, el costo humano de este sistema de producción es muy elevado (Décosse, 2008: 117). La pandemia solo exacerbó los sesgos contenidos en el programa y sus efectos perversos. Uno se pregunta qué piensan los propios trabajadores del PTAT sobre esto. Los pocos testimonios que han circulado en la prensa son elocuentes y muestran que simplemente quieren ser reconocidos como seres humanos (Ansarl, 2020), que tienen familias y una vida fuera del trabajo (McLaughlin et al., 2017: 695).

Sin embargo, la crisis del COVID-19 ha llamado la atención pública sobre este programa y la importancia de estos trabajadores para la seguridad alimentaria del país. La vulnerabilidad de los trabajadores migrantes temporales a la pandemia del COVID-19 ha sido incluso reconocida por el gobierno liberal de Canadá. El pasado mes de junio, la Ministra de Salud, Patty Hadju, calificó el tratamiento de estos trabajadores de “vergüenza nacional”. Los cambios están sin duda en la agenda, pero uno tiene que preguntarse en qué dirección irán. Por ahora, son de naturaleza paliativa. Por ejemplo, a finales de julio, el gobierno anunció una ayuda de 58.6 millones de dólares canadienses para proteger a estos trabajadores del COVID-19 y para extinguir los brotes de infección (CBC News, 2020c), entre otras cosas, habrá más inspecciones en las granjas. Sin embargo, nada podría ser más fácil para un empleador seleccionar y pagar a determinados trabajadores que testificarán durante la inspección que todo está bien en el mejor de los mundos posibles —el caso se ha denunciado en la provincia de Nueva Escocia (MRN, 2020). Obviamente, es demasiado pronto para ver cuán eficaces habrán sido estas ayudas, pero es probable que los problemas estructurales y sistémicos sigan sin resolverse. Los activistas de los grupos de apoyo ya están señalando que este dinero beneficiará principalmente a una categoría de personas que ya tienen un poder extraordinario (CBC News, 2020b), a saber, los jefes de la industria agroalimentaria del país.

Conclusión: poner fin al sistema de apartheid en Canadá

Como se ha señalado anteriormente, hay muchos problemas potenciales para que los trabajadores del PTAT obtengan la residencia permanente en Canadá en el contexto del sistema de apartheid de este país. Es un sistema que distingue entre los extranjeros y los ciudadanos. Dentro de la categoría “extranjeros”, como también hemos visto, la más desfavorecida es la de los trabajadores poco o no especializados, tal como lo son los del PTAT. Esta etiqueta les tacha de inferiores y ha permitido “la institucionalización y la perpetuación del racismo para bloquear sistemáticamente [su] acceso a la residencia permanente” (Muir, 2013). Los procesos en curso son los de construcción de la diferencia y de restricción a la movilidad. Estos procesos que descansan en el aumento dramático de trabajadores temporales ni siquiera son positivos para el país de acogida. De hecho, eso juega en contra de la cohesión social, ya que estos trabajadores son separados de los demás trabajadores en términos de su empleabilidad y su ciudadanía. Aún más, esta situación favorece nuevas formas jerárquicas de ciudadanía (Taylor y Foster, 2015: 159-160). Conceder la residencia permanente a los trabajadores del PTAT supondría nada más y nada menos que un desafío a esta jerarquía, con lo que se correría el riesgo de poner en tela de juicio todo el sistema.

Estas consideraciones llevan a ciertos autores a afirmar que el programa de trabajadores temporales mismo es racializado, ya que los puestos no-especializados, es decir, los que tienen las remuneraciones más bajas y que no desembocan en la obtención de la residencia y de la ciudadanía, corresponden a los trabajadores no-blancos originarios de las Américas (Taylor y Foster, 2015: 161). Ellos son los “migrantes coloniales” ya que vienen de la periferia aunque nunca fueron directamente colonizados por el país de acogida; al momento de su llegada, son racializados en maneras similares a los sujetos coloniales/raciales del imperio que estaban ya ahí (Grosfoguel et al., 2015: 642), en el caso de Canadá estos últimos siendo los pueblos indígenas.

En cuanto al racismo, no solo es sistémico, es decir, en las políticas; se expresa también en el discurso. Hace unos años, un diputado conservador de la provincia de New Brunswick, John Williamson, afirmó que “no tiene ningún sentido pagar a los blancos para que se queden en su casa mientras las empresas contratan personas con la piel morena [brown people] para este trabajo” como trabajadores temporales. Él tuvo que pedir disculpas en Twitter por haber usado un ‘lenguaje ofensivo e inadecuado’ para hablar del PTAT, pero el incidente es revelador del racismo que prevalece dentro de ciertas poblaciones (IPolitics, 2015).

Esto es también lo que mostró Díaz Mendiburo (2013), en su estudio de las representaciones sociales que la población local de Saint-Rémi en Québec tiene de los migrantes temporales y las que ellos tienen de esta población. Ha observado que el racismo se expresa en diferentes formas a veces sutiles, a veces violentas, como en los casos de racismo relacional, según las diferentes categorías de la población y que, en general, son percibidas como tales por los trabajadores. Estos últimos, sin embargo, lo soportan en silencio, por temor a ser expulsado temporal o definitivamente del programa. El autor, sin ignorar las manifestaciones locales de la discriminación, concluye sin embargo que los componentes estructurales mismos del programa son responsables de ello. De esta manera la exclusión de ciertas categorías de migrantes de la ciudadanía canadiense viene combinándose con la exclusión de facto de los pueblos indígenas para mantener el Estado colonial blanco.

Después de todo, [los inmigrantes de color y los pueblos indígenas] se enfrentan a problemas similares de bajos salarios, altas tasas de encarcelamiento y vigilancia, denegación de la igualdad de acceso a servicios sociales, graves desigualdades en materia de salud y la realidad cotidiana de la pobreza sistémica y el racismo. Y la riqueza del Estado canadiense y de las corporaciones se basa en gran parte en los subsidios proporcionados por la mano de obra migrante barata y el robo de recursos indígenas. De hecho, hay muchos factores que impiden que este terreno de lucha compartido se convierta en solidaridad auténtica, especialmente el papel tangible de los trabajadores inmigrantes y migrantes en la facilitación del traslado y el robo de tierras y recursos indígenas (Walia, 2010: 81).

La pandemia del COVID-19 es una crisis de múltiples dimensiones. Ha cambiado algo la forma en que los canadienses perciben a los trabajadores del sector agroalimentario. La conciencia de su naturaleza esencial puede ser un factor que contribuya a cambiar la forma en que se trata a estos trabajadores. Por otro lado, debemos preguntarnos si esta nueva conciencia cívica sobrevivirá a la pandemia y/o si será suficiente para contrarrestar el poder de una industria agroalimentaria que tiene todo el interés en producir sus frutas y verduras al menor costo posible para llenarse los bolsillos.

Bibliografía

Abastado, Marie-France

(2020) “La santé des travailleurs agricoles temporaires: pas toujours une priorité”, 9 de julio de 2020. Disponible en https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1717842/sante-travailleurs-agricoles-temporaires-coronavirus, consultado 22 de julio de 2020.

Ansarl, Sadlya

(2020) "Pick our fruit, get COVID-19", Maclean's, vol. 133, no. 7, Aug. 2020, p. 9. Disponible en https://link-gale-com.acces.bibl.ulaval.ca/apps/doc/A630410077/CPI, consultado el 25 de julio de 2020.

Asomah, Joseph Yaw

(2014) “Understanding the Role of the State in Promoting Capitalist Accumulation: A Case Study of the Canadian Seasonal Agricultural Worker Program”, en Canadian Graduate Journal of Sociology and Criminology, vol. 3, núm. 2, pp. 117-133

Beaumont, Hilary

(2020) “Coronavirus sheds light on Canada’s poor treatment of migrant workers”, The Guardian, 20 de julio de 2020. Disponible en

https://www.theguardian.com/world/2020/jul/20/, consultado el 25 de julio de 2020.

Becerril Quintana, Ofelia

(2020) “Impacto del COVID-19 en el trabajo y la salud de migrantes mexicanos en Canadá”, en La Jornada del campo, núm. 152, 16 de mayo de 2020. Disponible en https://www.jornada.com.mx/2020/05/16/delcampo/articulos/, consultado el 28 de agosto de 2020.

Berger, B. R.

(2009) “Red: Racism and the American Indian”, en UCLA Law Review, vol. 56, núm. 3, pp. 591-656.

Canadian Government News (CGN)

(2020) "UFCW Canada advocates for greater protections for migrant workers in Windsor-Essex County", Canadian Government News, 22 de julio de 2020, p. NA. Gale OneFile: CPI.Q. Disponible en https://link-gale-com.acces.bibl.ulaval.ca/apps/doc/A630291779/, consultado el 25 de julio de 2020.

Canadian International Development Platform (CIDP)

2019, “Canadian Mining in Latin America”. Disponible en http://cidpnsi.ca/canadian-mining-investments-in-latin-america/, consultado el 27 de agosto de 2020.

CBC News

(2020a) “Temporary foreign worker dies due to COVID-19 as disease hits southwestern Ontario Farms hard”, 1 de junio de 2020. Disponible en https://www.cbc.ca/news/canada/windsor/, consultado 22 de julio de 2020.

(2020b) “Foreign worker aid fails to address ‘fundamental problem’: Institute”, 6 de agosto de 2020. Disponible en https://www.cbc.ca/news/canada/prince-edward-island/, consultado el 28 de agosto de 2020.

(2020c) “Federal Government to invest $59M to help migrant farm workers”, 31 de julio de 2020. Disponible en https://www.cbc.ca/news/canada/windsor/, consultado 28 de agosto de 2020.

(2020d) “Migrant workers claim cramped quarters a problem at COVID-19 stricken Okanagan farm”, 17 de julio de 2020. Disponible en https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/, consultado 25 de julio de 2020.

(2018) “Mexican workers say they are victims of abuse in Canadian farms”, 13 de septiembre de 2018. Disponible en https://www.cbc.ca/news/canada/windsor/, consultado el 22 de julio de 2020.

Congrès du Travail du Canada (CCC)

(2015) “Le racisme existe-t-il au Canada?”, 18 de marzo de 2015. Disponible en https://congresdutravail.ca/news-news-archive, consultado el 27 de agosto de 2020.

Conseil Canadien pour les Réfugiés (CCR)

(2000) Rapport sur le racisme systémique et la discrimination dans les politiques canadiennes sur l'immigration et les réfugiés. Disponible en https://ccrweb.ca/fr/, consultado 25 de julio de 2020.

Conseil Canadien de l’horticulture (CNH)

(2018) “Faits et messages clés au sujet des travailleurs agricoles internationaux”. Disponible en https://www.hortcouncil.ca/fr/, consultado el 29 de agosto de 2020.

Corbeil, Sandrine

(2015) “Équatoriennes à la défense de la terre mère", Gazette des femmes. Disponible en https://www.gazettedesfemmes.ca/12605/equatoriennes-a-la-defense-de-la-terre-mere/, consultado el 3 de noviembre de 2015 y 27 de agosto de 2020.

Couillard, Marc-André

(2020) “Coronavirus: Québec investit 45 M$ pour recruter des travailleurs agricoles québécois", 28 de abril de 2020. Disponible en https://www.coupdoeil.info/2020/04/28/, consultado el 22 de julio de 2020.

De la Hoz, Felipe

(2020) “Ahora esenciales, luego deportables", 19 de junio de 2020. Disponible en https://ctxt.es/es/20200601/Politica/32585/Felipe-de-la-Hoz-Baffler, consultado el 22 de Julio de 2020.

Décosse, Frédéric

(2008) “La santé des travailleurs agricoles migrants: un objet politique?", en Études rurales, vol. 182, núm. 2, pp. 103-120.

Dhume, Fabrice

(2016) “Du racisme institutionnel à la discrimination systémique? Reformuler l’approche critique", en Migrations et Sociétés, vol. 163, núm. 1, pp. 33-46. Díaz Mendiburo, Aaraón

(2013), “Las representaciones sociales en el context de la migracion agrícola ‘temporal’ en Saint-Rémi, Quebec”, tesis de doctorado en Antropología, unam, México.

Dorning, Mike & Jen Skerritt

(2020) “Every Single Worker Has COVID at One U.S. Farm on Eve of Harvest”, 29 de mayo de 2020. Disponible en https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-05-29/, consultado el 22 de julio de 2020.

Direction Régionale de Santé Publique de Montréal (DRSPM)

(2020) “Populations racisées”, 19 août 2020. Disponible en https://santemontreal.qc.ca/fileadmin/fichiers/Campagnes/coronavirus/situation-montreal/point-sante/populations-racisees/Populations-Racisees-Covid-19.pdf, consultado 1 de septiembre de 2020.

Forum Ouvrier

(2020) “À la défense des travailleurs agricoles saisonniers en Colombie-Britannique”, Entretien avec Perla G. Villegas-Diaz, en Forum Ouvrier, no. 46, julio, 2020, pp. 10-12.

Gabriel, Christina y Laura Macdonald

(2019) “Contesting Gender Discrimination in the Canadian Seasonal Agricultural Worker Program”, en Canadian Ethnic Studies/Études ethniques au Canada, vol. 51, no. 3, pp. 17-35.

Gagnon, Cindy & Alexandre Couture Gagnon

(2018) “Le rôle du Programme des travailleurs agricoles saisonniers (PTAS) dans la vulnérabilisation des travailleurs migrants au Canada”, en Canadian Journal of Law and Society/Revue canadienne Droit et Société, vol. 33, no. 3, pp. 359-380.

Gilmore, Scott

(2015) “Canada’s race problem? It’s even worse than America’s”, 22 de enero 2015. Disponible en https://www.macleans.ca/news/canada/out-of-sight-out-of-mind-2/, consultado el 27 de agosto de 2020.

Gouvernement du Canada

(2020a) Liste des Lois et règlements. Disponible en https://www.canada.ca/fr/sante-publique/organisation/mandat/a-propos-agence/lois-reglements/liste-lois-reglements.html, consultado el 22 de agosto de 2020.

(2020b) Loi sur la mise en quarantaine. Disponible en https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/q-1.1/page-1.html, consultado el 27 de agosto de 2020.

(2020c), Programme d’aide pour l’isolement obligatoire des travailleurs étrangers temporaires. Disponible en https://www.agr.gc.ca/fra/programmes-et-services-agricoles/, consultado el 27 de agosto de 2020.

Grosfoguel, Ramón, Laura Oso & Anastasia Christou

(2015) “‘Racism’, intersectionality and migration studies: framing some theoretical reflections”, en Identities, vol. 22, no. 6, pp. 635-652.

Halin, Francis

(2020) “Un organisme accuse certains fermiers de se faire de l’argent sur le dos de leurs travailleurs étrangers en leur facturant des frais d’hôtel et de repas, qui sont déjà remboursables par le fédéral”, Le journal de Montréal, 20 de julio de 2020. Disponible en https://www.journaldemontreal.com/2020/07/20/, consultado el 25 de julio de 2020.

Hanley, Jill, Leah Paul, Jishian Ravinthiran, Loïc Malhaire & Nathaniel Mosseau

(2020) “Protecting the rights of migrant farmworkers in Quebec: To what extent can unionization overcome the effects of precarious immigration status?”, en The Journal of Rural and Community Development, vol. 15, no. 2, pp. 122-146.

Hristova, Bobby

(2020) “Hotline became lifeline for migrant workers secretly reporting poor conditions on Canadian farms”, CBC News, 16 de julio 2020. Disponible en https://www.cbc.ca/news/canada/hamilton/, consultado el 25 de julio de 2020.

IPolitics

(2015) “Williamson tweets apology for ‘offensive and inappropriate’ language on TFW program”, 7 de marzo de 2015. Disponible en https://ipolitics.ca/2015/03/07/, consultado 3 de noviembre de 2015 y 28 de agosto de 2020.

Johnston, Diane

(2020) “Des gestes qui mettent en péril la vie des travailleurs étrangers temporaires au Québec : ça ne doit pas passer!”, en Forum Ouvrier, no. 46, julio, pp. 12-14.

Labrecque, Marie France

(2018), La migración temporal de los mayas de Yucatán a Canadá: la dialéctica de la movilidad, iia-unam, México.

McLaughlin, Janet, Don Wells, Aaraón Díaz Mendiburo, André Lyn y Biljana Vasilevska

(2017) “‘Temporary Workers’, Temporary Fathers: Transnational Family Impacts of Canada’s Seasonal Agricultural Worker Program”, en Relations industrielles /Industrial Relations, vol. 72, no. 4, pp. 682-709.

Migrant Rights Network (MRN)

(2020) “Federal farmworker announcement falls short. Full and permanent immigration status needed”, 31 de julio de 2020. Disponible en https://migrantrights.ca/fwresponse2020/, consultado el 27 de agosto de 2020.

Migrant Workers Alliance for Change (MWAC)

(2020) Unheeded Warnings. Covid-19 & Migrant Workers in Canada. Disponible en www.migrantworkersalliance.org, consultado el 11 de agosto de 2020.

Mining Injustice Solidarity Network (MISN

(2015) “Top 5 reasons to put mining injustice on the foreign policy agenda”, 23 de septiembre de 2015. Disponible en https://mininginjustice.org/, consultado el 3 de noviembre de2020 y 27 de agosto de 2020.

Morales Rodas, Sergio

(2020) “Trabajadores agrícolas en Canadá piden trato digno y temen contagiarse de coronavirus”, 27 de junio de 2020. Disponible en https://www.prensalibre.com/guatemala/migrantes/, consultado 22 de Julio de 2020.

Motjehedzadeh, Sara

(2020) “This migrant worker spoke out about a massive COVID-19 outbreak that killed his bunkmate. Then he was fired, a legal complaint says”, 30 de julio de 2020. Disponible en https://www.thestar.com/business/2020/07/30/, consultado 27 de agosto de 2020.

Muir, Gwen

(2013) “Expansion de l’État colonial: l’exclusion racialisée et le Programme des travailleurs étrangers temporaires”, 10 de mayo de 2013. Disponible en http://www.solidarityacrossborders.org/fr/solidarity-city/solidarity-city-journal/, consultado 3 de noviembre de 2015 y 28 de agosto de 2020.

Noiseux, Yanick

(2012) “Mondialisation, travail et précarisation: le travail migrant temporaire au coeur de la dynamique de centrifugation de l’emploi vers les marchés périphériques du travail”, en Recherches sociographiques, vol. 53, no. 2, pp. 389-414.

Parra, Raúl

(2020), “Jornaleros mexicanos en Canadá: ser esenciales en tiempos de COVID-19”, 26 de junio de 2020. Disponible en https://corrientealterna.unam.mx/laboratorio/, consultado el 11 de agosto de 2020.

Pécoud, Antoine

(2020) “Agriculture: les migrants saisonniers récoltent ce que le COVID-19 a semé”, 10 de junio de 2020. Disponible en https://theconversation.com/, consulté 22 de Julio de 2020.

Porter, Isabelle

(2020) “Hausse des besoins en travailleurs agricoles étrangers”, en Le Devoir, 7 de enero de 2020. Disponible en https://www.ledevoir.com/politique/quebec/570294/, consultado 22 de julio de 2020.

Presse Canadienne

(2020) “Le Canada a reçu environ la moitié de ses travailleurs étrangers agricoles”, 22 de mayo de 2020. Disponible en https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1705590/, consultado el 22 de julio de 2020.

Quijano, Anibal

(2000) “Coloniality of power, Eurocentrism and Latin America”, en Nepantla,
vol. 2, no. 3, pp. 533-580.

Reading, Charlotte

(2013) “Comprendre le racisme”, en Le racisme anti-autochtone au Canada, Centre de collaboration nationale de la santé autochtone. Disponible en https://www.ccnsa.ca/122/, consultado el 3 de noviembre de 2015 y 27 de agosto de 2020.

Salami, Bukola, Meharali Salima & Azeez Salami

(2015) “The health of temporary foreign workers in Canada: A scoping review”, en Revue canadienne de santé publique/Canadian Journal of Public Health, vol. 106,
núm. 8, pp. 546-554.

Sharma, Nandita

(2005) “Canadian Nationalism and the Making of a Global Apartheid”, en Women & Environments, otoño/invierno, no. 68-69, pp. 9-12.

Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS)

(2020) “Personas atendidas y colocadas por los programas del servicio nacional de empleo”, enero-diciembre 2019, cifras preliminares.

Taylor, Alison & Jason Foster

(2015) “Migrant workers and the problem of social cohesion in Canada”, en International Migration & Integration, vol. 16, pp. 153-172.

The Conversation, “Canada’s Emergency Response Benefit does nothing for migrant workers”, 6 de mayo de 2020. Disponible en https://theconversation.com/, consultado el 22 de julio de 2020.

Villamizar, Margaret

(2020) “Quelque chose de pourri dans les serres de l’Ontario – et ce ne sont pas les tomates”, en Forum Ouvrier, no. 46, juillet, pp. 5-7.

Walia, Harsha

(2010), “Transient servitude: migrant labour in Canada and the apartheid of citizenship”, Race & Class, vol. 52, no. 1, pp. 71-84.

 

Fotografía: Eneas de Troya, bajo licencia Creative Commons de Flickr.

Fuente: https://flic.kr/p/2j1GGZJ