LUCHAS POR EL ACCESO AL AGUA EN BARRIOS POPULARES DE LA ZONA NORTE Y SUR DEL GRAN
BUENOS AIRES, ARGENTINA

                                            Lucila Moreno

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (conicet),
Universidad de Buenos Aires (seanso, ica, ffyl-uba)
correo electrónico: lucil.moren@gmail.com

Melina Tobias

conicet, Universidad de Buenos Aires (iigg-uba)
correo electrónico: melina.tobias@gmail.com

Recibido el 29 de septiembre de 2019; aceptado el 06 de noviembre de 2019

Resumen: El artículo se propone estudiar los reclamos que emergen por el acceso al agua en barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires. Concretamente interesa ahondar desde una perspectiva centrada en la ecología política, en los procesos de construcción social del riesgo que tienen lugar en estos territorios y el modo en que los propios actores involucrados logran interpelar a los organismos públicos con competencia en la provisión del servicio. De este modo, y a partir del análisis etnográfico en dos localidades del área metropolitana, reconstruimos cómo se producen y redefinen lo que definimos como territorios hidrosociales, donde se ponen en juego disputas por saberes, discursos y distribución vinculados al agua.

Palabras claves: Territorios hidrosociales, percepción de riesgo, disputas por el agua, Área Metropolitana de Buenos Aires.

FIGHTS FOR WATER ACCESS IN POPULAR NEIGHBORHOODS IN THE NORTH AND SOUTH AREA OF GRAN BUENOS AIRES, ARGENTINA

 

Abstract: The article aims to study the claims that emerge from access to water in popular neighborhoods of the Metropolitan Area of Buenos Aires. Specifically, it is interesting to delve from a political ecology perspective, in the processes of risk social construction that take place in these territories, and the way in which the involved actors manage to question the public organisms with competence in the provision of the service. In this way, and from the ethnographic analysis in two localities of the metropolitan area, we reconstruct how they produce and redefine what we define as hydrosocial territories, where disputes for knowledge, discourses and distribution linked to water are brought into play.

Key words: Hydrosocial territories, risk perception, water disputes, Buenos Aires Metropolitan Area.

Introducción

En las últimas décadas, las luchas por el agua han cobrado centralidad en la región latinoamericana producto de los procesos de privatización del servicio que han tenido lugar especialmente durante la década de los noventa. Uno de los casos que asumió mayor visibilidad fue el que se conoce como la Guerra del Agua en Bolivia, y que resume un conjunto de protestas que tuvieron lugar a inicios del año 2000 en la ciudad de Cochabamba, producto de los incrementos en el precio del agua luego de ser privatizada la principal empresa de servicios de la ciudad.

     Si bien a partir del nuevo siglo, la región se vio atravesada por una oleada de desprivatización de los servicios públicos en general —y del agua en particular—, esto no significó necesariamente el fin de los conflictos por el acceso y el derecho al agua. En Argentina, el fin del modelo privatizador del agua se vio impulsado por la debacle económica que atravesó el país tras la caída del modelo de Convertibilidad en el año 2001 y la consecuente pesificación de las tarifas de servicios (Azpiazu, 2010; Tobías, 2015). A partir de entonces, se crearon diversas empresas provinciales y cooperativas de servicio encargadas de proveer agua potable y desagües cloacales. En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) —en donde viven más de 12 millones de personas— el fin de la concesión privada fue en el año 2006, cuando el servicio pasó a manos del Estado Nacional a través de la empresa Agua y Saneamientos Argentinos S.A (AySA).^[1]

     En dicha área la falta de servicio de agua potable afecta aproximadamente a 3 millones de personas, mientras que la ausencia de cloacas alcanza a más de 6 millones. Gran parte de la población sin servicio se encuentra emplazada en los partidos más periféricos del AMBA (segundo y tercer cordón),^[2] y especialmente en barrios populares próximos a áreas degradadas de las principales cuencas metropolitanas que atraviesan la región: la cuenca Matanza Riachuelo y el río Reconquista.^[3]

 

 

Mapa 1. Cuencas metropolitanas del AMBA. Fuente: elaboración propia

 

     Es precisamente en estos territorios en los que se propone ahondar el presente capítulo, cuyo objetivo es indagar en el modo en que los reclamos por la falta de agua y/o cloacas en la escala local logran ser visibilizados por los vecinos y organizaciones sociales. De este modo, el estudio de estas luchas y conflictos por el acceso al agua nos permite reflexionar sobre el modo en que se construyen y producen territorios hidrosociales dentro del AMBA, donde se ponen en juego disputas por saberes, discursos y distribución vinculados al agua.

     Concretamente nos interesa trabajar desde un abordaje cualitativo centrado en dos estudios etnográficos en barrios próximos a las márgenes del río Matanza Riachuelo (en particular el partido de Lomas de Zamora, zona sur del AMBA) y del río Reconquista (partido de San Fernando, zona norte del AMBA). Indagando allí el modo en que los colectivos sociales han logrado construir a lo largo del tiempo su propia percepción de riesgos y visibilizar sus reclamos. 

     El artículo se organiza en cuatro apartados, además de esta “Introducción”. El primero da cuenta del enfoque conceptual que guiará el trabajo, centrado en el enfoque de la construcción social de riesgos y la ecología política urbana. El segundo y tercer apartado dan cuenta de los casos analizados, y el modo en que en cada uno problematiza de manera distinta las luchas por el agua. Por último, el cuarto apartado presenta las conclusiones generales del trabajo.

Construcción social del riesgo, controversias
socio-técnicas y territorios hidrosociales

En el presente apartado nos interesa dar cuenta de las principales líneas teóricas que guían el presente artículo. En primer lugar, nos interesa reflexionar sobre el modo en que el análisis de estas luchas por el agua en el AMBA permite dar cuenta de procesos de construcción social del riesgo que llevan adelante los distintos actores involucrados, y que suponen la identificación de distintas amenazas o peligros naturales, pero también los niveles de vulnerabilidad a la que se ven expuestos los distintos grupos sociales (Briones, 2010; Herzer, 2011, Viand y González, 2012).

     Como advierten Blakie et al. (1996), poner foco en la vulnerabilidad implica considerar los procesos sociales y las causas de fondo —como por ejemplo, los acelerados procesos de urbanización y crecimiento de la población, los efectos de la economía mundial como los programas de ajuste estructural de la década 1980, y la degradación ambiental de las cuencas metropolitanas— que afectan la asignación y distribución de recursos entre diferentes grupos sociales.

     A su vez, desde este enfoque los riesgos no son algo dado u objetivable, sino que son construidos socialmente a lo largo del tiempo a través de los procesos dinámicos de cambio y transformación de cada sociedad (Lavell, 2001: 6). Eso significa que el riesgo representa una interpretación de la realidad por parte de los diferentes actores sociales involucrados (Douglas, 1996). Asimismo, la percepción y representación del riesgo, y sus causas, inciden en el desarrollo de diferentes estrategias y prácticas por parte de la población afectada y de las autoridades que intentan dar respuesta ante determinados eventos, que lejos de ser irracionales/racionales, se vinculan a las condiciones materiales, sociales, ideológicas y culturales (Oliver-Smith, 2001; Briones, 2008). En este sentido, el enfoque de la construcción social del riesgo nos permite ahondar en el modo en que los vecinos construyen su propia percepción de riesgos asociados a la falta de servicios básicos, construyendo saberes contra-expertos, es decir discursos y saberes propios sobre la problemática, asociados a su historia en el territorio. Estos saberes creados por los vecinos tensionan y disputan los discursos oficiales que se presentan como “verdades” desde los organismos públicos encargados del problema hídrico y sanitario en la región, dando lugar a la emergencia de lo que Callon, Lascoumes y Barthe (2001) definen como controversias socio-técnicas, permitiendo así problematizar y ampliar las opciones de solución ante el problema planteado.

     En segundo lugar, nos interesa analizar estos procesos colectivos de construcción de riesgos y de controversias socio-técnicas a la luz de lo que la ecología política define como territorios hidrosociales (Boelens et al, 2016). Para este enfoque, el manejo de los recursos naturales —en este caso el agua— se encuentra atravesado por relaciones históricas de poder que se expresan no sólo en la distribución inequitativa del recurso o servicio, sino también a través de saberes y discursos (Benjaminsen y Svarstad, 2009). En este marco, el concepto de territorios hidrosociales hace hincapié en el anclaje espacial de dichas relaciones de poder, representando escenarios de lucha en donde se dirimen conflictos en torno al uso y distribución del agua, pero también sobre sus valoraciones, significados y derechos, lo que termina produciendo una reorganización y resignificación del propio territorio, así como de sus configuraciones y escalas (Boelens et al.; 2016:5).

     De este modo, apelar a la noción de territorios hidrosociales nos permite articular las diferentes escalas de análisis que se ponen en juego en las luchas que analizamos a lo largo del trabajo. No se trata de pensar la red técnica de agua y su área de concesión por un lado, la cuenca hídrica Matanza Riachuelo y la del Reconquista por el otro, y el área metropolitana de Buenos Aires como soporte de todas; sino más bien de entender la complejidad de ese territorio hídrico y metropolitano de manera integrada.

 

Reclamos por condiciones de habitabilidad en barrios del “fondo”
de San Fernando

En el presente apartado nos proponemos analizar etnográficamente las percepciones que los pobladores del barrio Bolívar fueron forjando en torno a los diferentes riesgos a los que se encontraban expuestos a lo largo del proceso de lucha por la consolidación de su barrio, atendiendo al modo en que en el proceso de construcción de demandas por mejorar la calidad de vida de la población cobró centralidad “la lucha por el agua” ante la falta de los títulos de propiedad de la tierra requerido por la empresa para incluirlos como potenciales “clientes”. A través de ello, buscamos dar cuenta de la trama de relaciones sociales y políticas que permitió construir la demanda por el “derecho al agua”. En segundo lugar, analizamos los saberes aprehendidos y movilizados por los pobladores del barrio ante la decisión del gobierno local de relocalizar en nuevas viviendas a los habitantes que estaban instalados a orillas del cauce viejo del río Reconquista. En particular, nos centraremos en las disputas y controversias socio-técnicas entre sus habitantes y con las autoridades locales en torno a las transformaciones realizadas a lo largo del tiempo sobre los cursos de agua y sobre la definición de cuáles son los problemas y las soluciones para resolver las condiciones de habitabilidad.

“La lucha por el agua”: de barrio “informal” a la conquista por “el derecho al agua”

El municipio de San Fernando se ubica en la zona norte del Área Metropolitana de Buenos Aires, a 28km de distancia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Limita con el río Luján y el río de La Plata, y con los partidos de Tigre y San Isidro, siendo uno de los municipios que integran la cuenca baja del río Reconquista, el segundo río más importante del AMBA.[4] Los barrios Evita, Bolívar y San Javier, donde se concentra la investigación etnográfica que sustenta este artículo, se encuentran ubicados en lo que se conoce como “el fondo de San Fernando” sobre el cauce viejo del río Reconquista. Aquella zona —que antiguamente se denominaba “bañados” o “valle” del Reconquista—, comenzó a poblarse en la década de los años sesenta como parte de “la segunda expansión” urbana que tuvo lugar en el Gran Buenos Aires y el desarrollo industrial del eje norte del AMBA que cobró fuerza con la construcción de la Ruta Panamericana y el Acceso Tigre (Gorelik, 2015; Rougier y Pampin, 2015). Allí se instalaron entre otras industrias dos empresas frigoríficas, Santa Ana y El Ombú, dedicadas a la faena de animales, donde se incorporaron como fuerza de trabajo personas migrantes de diferentes provincias del país.

     Los residentes de los barrios Evita, Bolívar y San Javier arribaron en diferentes períodos de poblamiento y en el marco de procesos diversos entre las décadas de los sesenta y noventa. Desde entonces, sus habitantes marcaron los lotes, rellenaron los bañados, construyeron sus casillas de madera y lentamente comenzaron a autoconstruir sus casas y a emprender distintas acciones para extender los servicios públicos a sus respectivos barrios. Durante los primeros años la vida de los pobladores estuvo marcada por las inundaciones provocadas por las crecidas del río Reconquista, “un río grande, hermoso, muy ancho y con mucho caudal de agua”, como lo recuerda Amalia. En la memoria de los pobladores se destacan las inundaciones acaecidas en los años 1985 y 1986. Suárez recuerda que los dueños de la empresa Santa Ana los refugió en “la embajada” junto a otros trabajadores de la empresa y vecinos de los barrios Bolívar y San Javier:

(…) Y cuando uno no sabe algo te pega mal (...) y cuando vino la inundación se llevó todo. Y se te cae la moral, se te cae el ánimo, pero seguimos adelante, y al tiempo vino otra, y así. Pero esa vez tardó como 10 días en irse [el agua]. Nos vino a buscar el camión de Santa Ana y nos llevaron a la embajada, el edificio que está ahí en Santa Ana. En aquel momento nadie te ayudaba en nada (…) y había gente de todos lados, por ejemplo en San Javier se inundaba mucho más que acá porque era mucho más bajo (entrevista a Suárez, 2015).

     Suárez arribó al barrio Bolívar, específicamente al “sector de los correntinos” –—ex barrio Santa Ana— a comienzos de 1980 a través de vínculos previos con los dueños del frigorífico Santa Ana. Al llegar de la provincia de Corrientes, comenzó a trabajar y vivir en el frigorífico Santa Ana, en un edificio conocido como “la embajada”, donde llegaron a convivir cerca de 120 trabajadores. Tiempo después, a comienzos de la década de 1980, los dueños de la empresa ofrecieron a algunos trabajadores que habían conformado pareja y/o familia instalarse en las tierras linderas al predio de la fábrica, sobre el río Reconquista.

     La empresa dispuso de camiones de tierra y rellenó la laguna y un arroyo que atravesaba los campos de la ribera del río Reconquista. “Entregaron un papel” que explicaba que “(…) hasta el último día que trabajemos en el frigorífico estábamos autorizados a vivir ahí (…)”, luego debían abandonar el lugar, explicó Suárez. Con autorización de la empresa, los trabajadores cavaron y emplazaron caños para habilitar una canilla de agua en una de las casas del barrio Santa Ana, donde hacían fila para cargar tanques de agua y trasladarlos hasta sus hogares en los horarios establecidos por la empresa.

     En varias oportunidades, al conversar con trabajadores del frigorífico Santa Ana los mismos hacían referencia a los vínculos personalizados con los dueños de la empresa y sus empleados de mayor jerarquía: sus visitas al barrio cada fin de año o bien la ayuda que les brindaron en diferentes momentos de su vida, como fue en ocasión de la inundación de 1985. En una de nuestras conversaciones Suárez sintetizó el vínculo con la empresa de la siguiente manera:

(…) Santa Ana dio todo. Dio trabajo, dio lugar para las viviendas, le hizo vivienda a mucha gente sin cobrarle un peso, mandaba a hacer la casilla con piso, baño, todo a la gente. Nosotros como fuimos los primeros compramos una casilla 5 X 5. Le dio luz y agua a la gente por mucho tiempo, necesitabas para fin de año o una fiesta y retirabas asado, todo lo que necesitabas ellos te daban… la relación era buenísima (…) Lo único que siempre te decían era que no faltes en el trabajo porque estabas a un paso. Por supuesto, si te daban todo, cómo no ibas a ir! (…) Eran muy buenos con la gente, muy caritativos, no les importaba quien era el que venía, siempre les tendió la mano… (entrevista a Suárez, 2015).

     El relato de Suárez señala el modo en que se configuró el barrio Santa Ana, conjugando la inserción de los trabajadores al mercado laboral y el acceso a la tierra y un lugar donde vivir. Algunas de sus características se asemejan a los estudios que analizaron lo que denominaron “Sistema de Fábrica con Villa Obrera”, concepto formulado por Leite Lopes (Neiburg, 1988). A pesar de las diferencias con las “villas obreras”, aquí también las condiciones de reproducción de los trabajadores eran garantizadas por la continuidad de los vínculos con la empresa, vínculos que asumieron un carácter personalizado y “desinteresado” entre los trabajadores y los dueños de la fábrica o empleados de la misma que ocupaban cargos jerárquicos (Neiburg, 1998).

     También los vecinos de los barrios San Javier y Bolívar destacaban la “ayuda” que brindaron los dueños del frigorífico Santa Ana a pesar de no trabajar en la empresa, principalmente al garantizar el acceso a la electricidad y el agua potable, servicio que brindaba a los habitantes de los barrios del “fondo de San Fernando” a partir de un acuerdo con el gobierno local al habilitar una canilla en cada uno de los barrios durante un horario acotado del día. Como recuerda Josefina, vecina del barrio Bolívar, “(…) se hacía mucho sacrificio para juntar agua”. Con el regreso a la democracia en 1983, Josefina y otros vecinos solicitaron al municipio que brinde el servicio de agua potable. A partir de ese momento, las autoridades comenzaron a enviar un camión con agua al barrio aunque también en un horario determinado, entre las ocho y las doce horas de la mañana. Isabel, ex presidenta de la Junta Vecinal del barrio Bolívar, señalaba que no todos los días recibían agua por parte del municipio ya que los días de lluvia el camión no podía entrar por las calles de tierra:

 (…) Era terrible lo que se sufría con el agua! ¿Que los días de lluvia no tomábamos agua nosotros? (…) Lloraba de bronca te juro! Y los de la comisión se borraron todos, me dejaron sola porque ya tenían problemas con los vecinos, porque estábamos con la presión de Santa Ana por el agua, por las denuncias que yo le hacía por el agua contaminada, la contaminación del aire, el olor que había (…) (entrevista a Isabel, 2013).

     Isabel junto a su marido y otros vecinos conformaron la Junta Vecinal del barrio Bolívar. Ante sus reclamos insistentes en las oficinas municipales para que el gobierno local envíe camiones con tierra, arena y tosca para rellenar los terrenos y las calles, y mejorar el acceso a la electricidad y el agua, en el municipio le informaron que no podían tomar sus reclamos porque era “un barrio fantasma”. Para dejar de serlo debían conformar una Junta Vecinal registrada en el municipio. Isabel convocó a diferentes vecinos que en ese momento vivían en los barrios El progreso, Libertad, Bolívar y Santa Ana y dieron comienzo a la Junta Vecinal del barrio, al que denominaron Bolívar, presidida durante varios años por ella.

     Los reclamos de la Junta Vecinal no se articularon en torno a los efectos de las inundaciones y crecidas del río —como veremos en el caso del Foro Hídrico de Lomas de Zamora—-, sino sobre la calidad de la provisión de servicios y de infraestructura urbana ya que -desde la perspectiva de los vecinos- ello permitiría reducir los riesgos a los que se encontraban expuestos, principalmente la contaminación que producían las industrias de la zona. En palabras de Isabel:

 

(…) Esto era todo horrible, todo campo, no había nadie acá. (…) y ahí pusimos la casilla. La plazoleta era un zanjón, hasta autos viejos había. Era un asco [se toma la cara], era un asco esto, no sabes, yo lloraba, ese olor de Santa Ana todo el día, las 24 hs del día. Ya tenía los tres chicos, tres varones, la ropa todo con ese olor, y el polvillo que largaba! (…) Verde era el agua, del agua que lavaban los piletones (…) y los de Santa Ana no tenían razón en decirles eso, que no les iban a dar agua porque yo le estaba haciendo la denuncia (…) (entrevista a Isabel, 2013).

     Isabel recuerda que las primeras acciones que llevaron adelante desde la Junta Vecinal fue solicitar al municipio que instale volquetes donde depositar los residuos y que realice gestiones ante la empresa de recolección de basura para que ingrese al barrio. También debieron responder ante la empresa de electricidad que en el proceso de privatización del servicio[5] les informaron que debían comenzar a abonar una cuota fija mensual, y realizaron gestiones ante la empresa privada Aguas Argentinas para que extiendan la red de agua potable al barrio Bolívar.

     En aquel momento, la empresa Aguas Argentinas solicitó autorización al municipio de San Fernando para instalar una planta de agua potabilizadora en el distrito lo que permitió acordar que a cambio de ello la empresa priorizaría la extensión de la red de agua en el municipio. Sin embargo, el acuerdo no incluía a los barrios “informales” ya que sus habitantes no poseían los títulos de propiedad de la tierra y no contaban con capacidad económica para abonar el servicio y financiar las obras. A su vez, el proceso de organización de algunos pobladores del barrio Bolívar dio inicio a un extenso conflicto por la posesión y propiedad de la tierra entre vecinos del barrio, los dueños del frigorífico Santa Ana y las autoridades del gobierno local. Por un lado, los dueños de la empresa Santa Ana iniciaron una causa penal a Isabel por usurpación de la tierra ya que reclamaban ser propietarios de las tierras donde se erigió el barrio Bolívar. Por otro, y de manera simultánea, el frigorífico dejó de brindar agua a los vecinos y, según Isabel, a presionar a los trabajadores para que no acompañen el reclamo de la Junta Vecinal.

En este marco, el “abandono” y “silencio” de los vecinos al que refiere Isabel ante sus denuncias por la falta de acceso a agua segura y la contaminación que producía el frigorífico Santa Ana requiere comprender el marco de relaciones sociales y de poder más amplias. En aquel momento, la empresa Santa Ana comenzaba a despedir a sus trabajadores e intentó desalojarlos de las tierras que les había “cedido”. Suárez lo expresó de la siguiente manera:

(…) Mucha gente tuvo buena relación con los dueños de Santa Ana y otros que no, de todo. A mí me echaron cuando echaron 280 personas porque fue a quiebra, en el año 93-92. Ahí despidieron a muchos, entró a convocatoria la empresa y fue a quiebra. Muchos cobraron y otros no. Yo no cobré porque la abogada no hizo nada (…) Perdí el juicio, 14 años trabajando ahí (…) Nos habían dicho a mí y un compañero que no íbamos a ser despedidos, que teníamos suerte. Pero estábamos preparados, veíamos cómo semana a semana despedían a diferentes grupos (…) (entrevista a Suárez, 2015).

     Como se desprende de las palabras de Suárez, los vínculos personales y cotidianos entre la empresa y los trabajadores que hasta el momento permitían garantizar las condiciones de reproducción se vieron tensionados. Los trabajadores no solo fueron despedidos de sus puestos de trabajo, también debieron luchar por la permanencia en el barrio.  En este marco, como señala Sigaud (1996) en su estudio sobre los reclamos de derechos de los trabajadores de la caña de azúcar en Brasil, el “silencio” ante las demandas por el acceso a los servicios requiere comprender la compleja trama de relaciones de intercambio y dominación más amplia que constreñía a los pobladores a involucrarse en los reclamos que los integrantes de la Junta Vecinal emprendieron ante las autoridades locales y las empresas prestadoras de servicios.

     Integrantes de la Junta Vecinal tomaron conocimiento que en el barrio San Javier, mediante el trabajo de los integrantes de la ONG IIED-AL[6] con la cooperativa del barrio, habían realizado las obras para extender la red de agua y se encontraban negociando con Aguas Argentinas que preste el servicio público. Si bien se acercaron a los integrantes de la ONG a través de quienes recibieron información sobre las gestiones que estaban llevando a cabo, la Junta Vecinal decidió que no debían involucrarlos ya que era “un problema del barrio”. A raíz de ello, y frente a los fundamentos esgrimidos por los representantes de la empresa Aguas Argentinas, Isabel solicitó a las autoridades locales que intercedan ante la empresa para que realicen las obras de infraestructura en el barrio.

     Luego de varias reuniones y reclamos ante la empresa y diferentes funcionarios y políticos locales y provinciales, la empresa Aguas Argentinas presentó un presupuesto del costo que implicaban las obras y manifestó que solo podrían tomar la responsabilidad económica sobre las capacitaciones técnicas, pero no de los materiales y la mano de obra. A partir de aquel momento, la demanda por el acceso al servicio fue redirigida hacia las autoridades locales para que gestionen el dinero necesario para costear los materiales y realizar las obras. En un momento marcado por las campañas electorales de 1995, integrantes de la Junta Vecinal lograron obtener el compromiso político de un precandidato a Intendente local que finalmente asumió el cargo. Dado que las autoridades manifestaron que los acuerdos y gestiones tomarían tiempos extensos, los vecinos solicitaron al municipio que extienda un caño maestro hacia el barrio e instale cinco canillas, lo que permitió tener acceso a agua potable durante todo el día y no solo en un horario acotado.

     Dos años después se llevaron a cabo las obras que permitieron extender la red de agua a todo el barrio y que cada vecino cuente con conexión en su casa. La empresa Aguas Argentinas diseñó el proyecto, capacitó mano de obra especializada y supervisó la obra, el gobierno local proporcionó los materiales para la construcción y los vecinos realizaron el trabajo de las obras durante los fines de semana. Finalmente, la red fue conectada al sistema de Aguas Argentinas y los habitantes del barrio Bolívar comenzaron a abonar por el servicio a través de un factura colectiva bimestral, lo que implicó el pago proporcional de cada vecino a Isabel, quien recibía la factura en su casa. Ello generó diversos conflictos con los vecinos ante la falta de pago, motivo por el cual solicitaron recibir facturación individual. Según expresaron algunos vecinos, inicialmente el gobierno local se opuso ya que ello implicaba reconocer los derechos sobre la tierra de los pobladores del barrio Bolívar (Schusterman et. al., 2002).

     Si bien “la lucha por el agua” inicialmente formaba parte de un conjunto de demandas más amplias vinculadas a la falta de servicios públicos y las condiciones de riesgo por la contaminación producida por las empresas, la misma cobró centralidad en el marco de disputas por la propiedad de la tierra entre los dueños del frigorífico Santa Ana, el gobierno local y los pobladores del barrio. En este marco, el acceso al agua potable se erigió como el principal recurso por parte de la empresa Santa Ana para intentar desplazar a los habitantes del barrio pero también en un servicio que al ser garantizado y formalizado implicaba el reconocimiento del Estado de los derechos de sus habitantes a la tierra.

     Como suele señalar Isabel, “la lucha por el agua” fue muy importante para ella y sus vecinos no solo porque era “una necesidad, sin agua no se podía vivir”, sino también  porque “era un derecho, una situación injusta para todos los vecinos”. Sin embargo, como es posible advertir en este apartado, la lucha por el el acceso al agua se tradujo en un lenguaje de “derechos” como parte de una trama de relaciones más amplias con una diversidad de actores, entre ellos, vecinos de otros barrios que habían entablado vínculos con integrantes de una ONG y funcionarios locales y provinciales que se encontraban negociando con la empresa Aguas Argentinas la extensión de la red de agua en el distrito. En este proceso, la construcción de la demanda por el “derecho al agua” permitió cuestionar los fundamentos que esgrimían los funcionarios del gobierno local y las empresas privadas para negar el servicio, principalmente al definir a los barrios como “informales” y a sus habitantes como “clientes”.

     En síntesis, como se desprende de los párrafos anteriores, las representaciones y percepciones sobre los riesgos y su traducción en un lenguaje de derechos requiere comprender las formas de producción y apropiación del espacio (Moreno, 2015), los modos en que se territorilizan los procesos de organización y lucha en un marco de las relaciones de poder y dominación local e históricamente situadas y, principalmente, las condiciones de posibilidad en un momento dado para tejer alianzas con otros actores en un marco de relaciones de fuerza cambiantes.

Controversias socio-técnicas en los márgenes del cauce viejo del
río Reconquista

Como señalaban los integrantes de la Junta Vecinal, una vez realizadas las obras que permitieron extender la red de agua la “lucha” no finalizó. El siguiente paso, según explicaron, era lograr un acuerdo con la empresa Aguas Argentinas para que extiendan los desagües cloacales. Si bien a comienzos del año 2000 habían logrado obtener un acuerdo “de palabra” con la empresa, según explicó Isabel, las autoridades del Área de Reordenamiento Urbano del municipio “frenaron todo”. Ello se debió a que el estado local planificaba extender la red cloacal como parte de un “proyecto de reordenamiento urbano” en el marco del Programa Mejoramiento de Barrios (PROMEBA) financiado por el Estado Nacional y el Banco Interamericano de Desarrollo (bid).

     La propuesta presentada por las autoridades locales ante los vecinos del barrio Bolívar consistía en realizar obras de infraestructura urbana (apertura de calles, asfalto, obras pluviales y de desagüe, entre otras), construir un plan de vivienda en la plaza del sector de los correntinos (ex barrio Santa Ana) destinado a los pobladores que vivían en los márgenes del cauce viejo del río Reconquista y el arroyo Fate, y convertir los márgenes del río en un espacio verde recreativo que conectaría a los tres barrios: Bolívar, San Javier y Evita. Esto último se fundamentó en que los habitantes de dicho sector no podrían acceder a los títulos de propiedad de la tierra (uno de los objetivos del programa) y que las casas se encontraban en una situación de “riesgo de derrumbe”.

     El proyecto de relocalización no solo fue resistido por un grupo de vecinos, también habilitó controversias socio-técnicas sobre cuál era el problema y las soluciones posibles entre pobladores y con distintos organismos estatales con injerencia en el territorio. En este marco, distintos vecinos movilizaron experiencias y saberes acumulados a lo largo del tiempo en sus múltiples relaciones históricas con diversos actores sociales, cuestionando y redefiniendo los fundamentos y alcances de la política de relocalización impulsada por el gobierno local.

     Si bien las autoridades locales cancelaron el proyecto de construir nuevas viviendas en la plaza del barrio, y afirmaban que proyectaban entubar o rellenar el cauce del río para radicar a los pobladores en el lugar, ello fue cuestionado por los profesionales y los técnicos a cargo del proyecto. Señalaban que los organismos provinciales, entre ellos la Dirección de Hidráulica, Geodesia y el Comité de Cuenca del río Reconquista debían aprobar la “factibilidad técnica” para realizar dichas obras. Cuestionaron que los funcionarios locales tomen decisiones o modifiquen un proyecto urbano sin haber obtenido respuestas “certeras”. En otros términos, apelaron al saber técnico como el único capaz de desarrollar el trabajo de mediación entre la naturaleza y la sociedad, o en otras palabras, quienes se encargan de las cuestiones de hecho y verdad a través de las cuales informar y legitimar la política (Latour, 2007[1991]). Sin embargo, los diferentes organismos emitieron respuestas que, desde el punto de vista de los profesionales, eran contradictorias. Mientras unos afirmaban que era posible rellenar el cauce viejo del río y radicar a los pobladores en el lugar, otros manifestaron que ello no era posible y que los habitantes no podrían acceder a la titularidad de la tierra ya que se encontraban a menos de 35 metros del cauce del río.

     Dichas controversias sobre cómo resolver el problema también se expresaron entre los habitantes del barrio. Algunos pobladores se opusieron al proyecto de relocalización. Manifestaron que luego de  tres décadas de “trabajo” y “lucha” por mejorar el barrio aspiraban a continuar viviendo en “su lugar”. También, aludían a la solidez y calidad constructiva de sus casas frente a las viviendas que construye el Estado. Josefina recordaba que cuando llegó a vivir al barrio el río se encontraba a solo dos metros de su casa, y actualmente “está a cien metros o una cuadra, no me acuerdo cuando fue, pero se abrió la calle para el lado de los countrys, por Bancalari (...)” explicó. Si bien a veces “entra agua a su casa” y continúa “rellenando con tosca” el terreno, para Josefina el gobierno local debía rellenar el cauce viejo del río, y de ese modo no perderían la plaza del barrio, “un hermoso pulmón” que habían logrado mantener a lo largo del tiempo.

     Las transformaciones a las que refería Josefina corresponden a las obras de canalización y rectificación del río Reconquista realizadas por el estado provincial. Dichas obras modificaron el curso del río Reconquista con el objetivo de disminuir las inundaciones que afectaron a la población a comienzos de la década de 1980 pero, a la vez, impulsaron un significativo proceso de valorización inmobiliaria que modificó los usos del suelo y benefició a diferentes empresas que proyectaban construir barrios privados destinados a la clase media-alta (Ríos, 2015).[7]

     Si bien desde el punto de vista de algunos pobladores dichas obras desplazaron algunos metros el curso del río y menguaron las inundaciones, motivo por el cual ya no se encontraban a 35m del río, otros vecinos manifestaban que a pesar de ello el cauce viejo del río continuaba siendo un foco de contaminación. Señalaban que se había convertido en un sitio de acumulación de basura, de aguas estancadas, y sobre el cual existían basurales ilegales a cielo abierto donde el frigorífico Santa Ana y el municipio volcaban residuos, advirtiendo que las obras de rectificación del río no habían resuelto los problemas de contaminación a los que se encontraban expuestos.

     Isabel continuaba realizando diferentes denuncias ante el estado nacional, dependencias provinciales y el gobierno local, cuestionando que el problema no se reducía al acceso a los títulos de propiedad de la tierra sino a las condiciones de degradación ambiental en la que se encontraba el antiguo cauce del río. En este sentido, los habitantes del barrio Bolívar no sólo cuestionaron las soluciones propuestas por el gobierno local, también la definición de cuáles eran las demandas que el gobierno debía atender, entre ellas, las condiciones del cauce y sus efectos en la salud de la población, la falta de control sobre los cursos de agua y las actividades de las empresas de la zona y, por tanto, el requerimiento de políticas de saneamiento y el traslado de las empresas contaminantes.

     El proyecto de relocalización también reactualizó el conflicto por la propiedad de la tierra entre el gobierno local, los pobladores y la empresa Santa Ana. Las diferentes transformaciones realizadas a lo largo del tiempo por la empresa Santa Ana y el estado provincial sobre el río Reconquista y el canal Fate se inscribió en otro punto conflictivo: el límite jurídico entre el partido de San Fernando y el partido de Tigre. Las autoridades locales afirmaron que en la década de 1980 la empresa Santa Ana había realizado transformaciones en el curso original del río Reconquista al realizar acciones de relleno, y que por tanto el sector ubicado sobre los márgenes del cauce viejo se encontraba en la jurisdicción del partido de Tigre. Ello requería firmar un convenio con las autoridades del municipio de Tigre para que avalen las obras proyectadas y la transferencia de la titularidad de la tierra a los vecinos.

Sin embargo, las afirmaciones realizadas por el gobierno local remitían a disputas históricas por la propiedad de la tierra entre los pobladores del barrio. Para Suárez las tierras donde se erigía su casa eran propiedad de la empresa Santa Ana, con quienes continuaba manteniendo vínculos cotidianos. En sus palabras:

(...). El frigorífico o la provincia va a rellenar, como cedió el terreno del otro canal a cambio de eso le van a rellenar esto, va a quedar como está en la plaza. Ahora también el Intendente dice que no nos van a sacar, pero eso ya se sabía, nosotros fuimos a la provincia (entrevista a Suárez, 2015).

 

     Algunos vecinos como Suárez afirmaban que las tierras eran propiedad de la empresa Santa Ana y que ello había formado parte de un acuerdo con el estado provincial, producto de que la empresa Santa Ana había “cedido” terrenos propios para que ejecuten las obras de canalización del río Reconquista. Sin embargo, otros vecinos del barrio, entre ellos Isabel, afirmaban que las modificaciones realizadas sobre los cursos de agua por parte de la empresa Santa Ana en la década de 1980 habían alterado el “curso original” del arroyo Fate y no del río Reconquista, y que aquellas tierras nunca habían sido de su propiedad sino de la empresa loteadora de tierras Del Cerro.

     Una mañana mientras conversaba con Isabel en su casa nos enseñó un plano original de 1951 que le había brindado una de las dueñas de la empresa Del Cerro. La investigación realizada por ella y la documentación con la que contaba le permitían cuestionar la información y los mapas que disponían las autoridades locales para afirmar que las tierras se encontraban en la jurisdicción del partido de Tigre:

(...) “el viejo cauce es esto (...) acá tenes el desagüe del canal que se une en esta otra parte, acá es donde los chantas del frigorífico, en el momento de los militares trajeron tierra y rellenaron, y con eso quisieron tomar las tierras”. Le pregunté: “¿Entonces vos decís que no había un cauce anterior del río que pasara por la plaza? No, ese era el canal, la dueña me dio el plano. ¿Es decir que lo que se modifica es el canal y no el Reconquista?, le pregunto otra vez. Claro, el viejo cauce es este, eso lo sabemos todos, eso viene de allá arriba, de Fate (...) (registro de Campo, 2013).

     Como se desprende del fragmento citado, Isabel también cuestionaba los planos del barrio elaborados por técnicos y agentes estatales, y la información o fuentes sobre las que estos se apoyaban para producir discursos y verdades sustentados en saberes técnicos. En otros términos, las controversias socio-técnicas en torno a los modos de producción y apropiación de estos territorios permitían advertir que los mapas y las cartografías hegemónicas elaborados a lo largo del tiempo por agencias estatales eran un producto social e histórico.

     A raíz de los conflictos suscitados en torno al proyecto de relocalización, las autoridades locales redefinieron el proyecto: sólo serían relocalizadas aquellas familias que se encontraban en situación de “riesgo” o de “urgencia”. A pesar de ello, y luego de varios años, las viviendas del plan donde serían relocalizados se encuentran paralizadas y los distintos organismos públicos tampoco presentaron una nueva propuesta en torno a cómo sanear el cauce viejo del río Reconquista y el canal Fate y mejorar las condiciones de vida de los vecinos.

Las “incertezas” sobre por la propiedad de la tierra —y por tanto quién detenta autoridad para definir el rumbo del proyecto—, se erigió como fundamento para no extender las obras de desagüe cloacal hacia las viviendas ubicadas en los márgenes de los cursos de agua. A su vez, el gobierno local impulsó normativas que prohíben la descarga de materiales en los barrios para realizar mejoras en sus casas. Según las autoridades locales aquellas medidas tienen por objetivo regular el crecimiento de la población y la construcción vertical en los barrios populares. En cambio, para los pobladores del barrio —y en función de la arbitrariedad del gobierno al momento de emitir permisos para realizar obras de mejoramiento en sus casas—, advierten que “los riesgos” a los que están expuestos no fueron revertidos y que dichas medidas perpetúan y crean “nuevos riesgos” al no permitir realizar mejoras habitacionales.

Reclamos por un abordaje integral de la problemática hídrica
en Lomas de Zamora (Cuenca Matanza Riachuelo)

A partir de la descripción del caso de San Fernando, en el presente apartado nos proponemos ahondar en el segundo caso de estudio, en la localidad de Lomas de Zamora. Allí nos interesa seguir de cerca las acciones de una organización territorial denominada el Foro Hídrico de Lomas de Zamora, y analizar el modo en que sus integrantes —vecinos de distintos barrios del partido— han logrado trascender el reclamo inicial por agua potable hacia una mirada más integral del problema hídrico, proponiendo soluciones alternativas a las políticas llevadas adelante por la principal empresa prestadora de servicios y los organismos municipales encargados de la política hídrica local. Para poder contrastar la experiencia de Lomas con la de San Fernando, estructuramos la narrativa del caso en dos sub-apartados. El primer de ellos, centrado en dar cuenta de los procesos de construcción social del riesgo que llevaron adelante los vecinos que integran el Foro Hídrico. El segundo, enfocado en las controversias socio-técnicas que emergieron a partir de las acciones y las alianzas llevadas adelante por la organización, y el modo en que éstas controversias permitieron problematizar las escalas del territorio hidrosocial.

 

Percepción de riesgos, expertise de experiencias y definición del
problema hídrico

     Lomas de Zamora es un partido de la zona sur de AMBA que forma parte de la Cuenca Matanza Riachuelo. Se encuentra emplazado en la cuenca baja del río, es decir la zona más urbanizada y densamente poblada, con altos niveles de contaminación industrial y vulnerabilidad social. Los altos niveles de pobreza y la falta de servicios públicos en el partido (sólo el 31% de los hogares posee red de desagües cloacales), se combinan peligrosamente con la contaminación de los suelos, producto del relleno de basurales con barros contaminados, y de las aguas producto de los efluentes industriales sin tratamiento.

     Si bien en términos de agua potable el partido alcanza una cobertura general por red pública del 98%, esto no supone que su distribución sea generalizada para todo el partido, siendo la población que reside en los asentamientos más precarios la más afectada por la falta de agua corriente. En la zona existen diversos asentamientos, entre los que se destaca Villa Lamadrid y Villa Fiorito, ubicados en las localidades de Ingeniero Bunge y Fiorito, correspondientemente. A partir de esta caracterización del partido, en los párrafos siguientes nos interesa profundizar en el surgimiento del Foro Hídrico y en el modo en que sus miembros comenzaron a problematizar los riesgos vinculados a la falta de servicios de agua y cloacas. 

     El Foro Hídrico se creó como tal en el año 2000 producto de una gran inundación que afectó al partido y que llevó a que se se declarase la emergencia hídrica en Lomas, no obstante los orígenes de la organización se remontan a la década de los ochenta (Merlinsky, 2007). Desde su creación, los integrantes del Foro comprendieron que el problema de las inundaciones que afectaba al partido se encontraba directamente vinculado al desequilibrio hídrico y ambiental que presentaba la región, y que respondía a decisiones técnicas y políticas de la empresa prestadora del servicio de agua en la década de los noventa:

A partir de Aguas Argentinas lo que surge (en el partido) es un problema de desequilibrio hídrico, porque la empresa empezó a sacar el agua del acuífero subterráneo Puelche^[8] a través de pozos de extracción, hasta ese momento la napa freática^[9] estaba baja. Es decir, a pesar de que había inundaciones, había capacidad de absorción de la tierra para retener el agua. Pero después, al cerrar los pozos, empezaron a importar el agua del Río de la Plata, así las napas fueron subiendo, a medida que subían las napas, se ponían en contacto con los pozos ciegos, y así se contaminaron con nitratos y nitritos, a la vez que los pozos ciegos se llenan solos por efecto de la crecida de la napa (entrevista a Pedro).

     La complejización del problema hídrico, llevó a que el reclamo inicial restringido al agua potable y las  cloacas, se amplíe hacia la importancia de la elevación de la napa freática, el incremento de las lluvias y la mala calidad (o ausencia) de pluviales. Como advierte Pedro, uno de los integrantes del Foro Hídrico:

Si a la falta de cloacas, le sumas el cambio en el régimen de lluvia y la falta de absorción de la tierra, todo eso hace que el desborde de los arroyos lleve el agua con el contenido de los pozos ciegos a tu casa de vuelta, asentándose en la tierra, las paredes, los colchones, creando una situación sanitaria cada vez peor.

     A su vez, la mirada integral del problema, permitió a la organización no sólo trascender las dimensiones del problema hídrico (como acabamos de ver), sino también, las escalas territoriales. Logrando así sobrepasar el nivel municipal, y buscando así la articulación con otros vecinos de municipios aledaños de la Cuenca como Lanús y La Matanza. Tal como señala Carlos, otro integrante del Foro “La contaminación cada día nos atañe a todos por igual. Y si bien nosotros estamos preocupados por nuestro Lomas, el problema es integral porque las aguas nosotros las recibimos de otros municipios”.

     Asimismo, a pesar de que desde el principio, los reclamos del Foro han estado centrados en las inundaciones y la falta de agua y cloacas, el proceso social mediante el cual fueron construyendo el problema, les ha permitido reconocer que los riesgos no se distribuyen de manera equitativa en el territorio, siendo los barrios y sectores más vulnerables quienes más afectados se encuentran por la falta de servicio o por los anegamientos. 

La falta de cloacas en las zonas de mayor riesgo sanitario no es una casualidad. No es que la gente no tenga cloacas porque no tiene ganas, sino que siempre son los pobres los que han sido relegados por el negocio inmobiliario, por las empresas. Por ejemplo, cuando el servicio de Obras Sanitarias de la Nación^[10] fue privatizado se priorizó dar servicio a gente que pueda asegurar el pago de la tarifa, y no a gente que no pueda pagarlo (entrevista a Pedro).

     Los argumentos expuestos hasta aquí permiten observar el modo en que para el Foro Hídrico, el problema del agua en Lomas no puede concebirse como un problema meramente técnico, sino que se encuentra atravesado por dimensiones políticas y económicas que llevaron a la expansión del servicio y de obras hidráulicas hacia algunas áreas del municipio, en detrimento de otras, que quedaron relegadas, y que por lo general coinciden con aquellas donde residen los sectores más vulnerables. 

     Esta comprensión del problema por parte de la organización supuso un proceso de larga data que implicó la articulación con otros actores involucrados en la temática hídrica. De este modo, el Foro Hídrico logró consolidar su propia percepción de riesgos a través de la combinación de lo que Akrich, Barthe y Rémy (2010) definieron como expertise de experiencias y expertise profana. Mientras el primero de estos términos refiere al conocimiento conformado por los propios actores a partir de sus vivencias y experiencias personales; el segundo hace alusión la capacidad de que grupos sociales no especialistas en un tema, se apropien, incorporen e interpreten conocimientos científicos elaborados por “expertos”. La articulación de estos distintos tipos de expertises le permitió al Foro Hídrico la posiblidad  de convertirse en un especialista de la temática hídrica dentro del municipio, reconocido tanto por los propios vecinos como por los organismos con competencia en la política del agua (Tobías, 2018).

     A modo de ejemplificar cómo estas distintas expertises se combinan en el accionar del Foro, vale la pena mencionar el trabajo de la organización por producir datos propios sobre la situación hídrica en el municipio, que permitan dar cuenta de la gravedad del problema ante las autoridades con competencia en la materia. En este sentido, como advierte Pedro:

(…) lo que hace falta, en primer lugar y políticamente, es hacer un estudio armando un diagnóstico de dónde están las enfermedades, un mapa epidemiológico que de claras muestras de dónde están las causas. (...) Entonces, todas esas señales van a ir marcando cuáles son los problemas que se tienen que solucionar a través de la obra pública y de la decisión política de crearlas. Entonces es fundamental, y ningún gobierno – ni municipal ni provincial ni nacional- quieren tener un diagnóstico claro porque afecta a intereses económicos que son de lo que viven (Pedro miembro del Foro Hídrico).

En este sentido, en los últimos años el Foro con la ayuda de otras organizaciones sociales y universidades, ha llevado adelante distintas campañas en los barrios de Lamadrid, Campo Tongui y Villa Fiorito que consistieron en la realización de estudios que permitan detectar el impacto que la degradación ambiental y la falta de infraestructura básica tiene en la salud, especialmente en los principales asentamientos del partido. A su vez, ante la ausencia de datos oficiales de salud, durante los años 2013 y 2015, el Foro llevó adelante una nueva campaña destinada a la elaboración de un mapa epidemiológico comunitario en todo el sector ribereño del partido.

     En todas estas oportunidades el Foro contó con el asesoramiento y acompañamiento de diversos actores provenientes de diferentes espacios (algunos con mayor llegada social), como organizaciones políticas de base territorial; y otros con mayor conocimiento técnico como facultades y universidades públicas, que les ha permitido adquirir herramientas técnicas y capacidad de difusión para abordar la relación entre las condiciones de degradación ambiental y las de vulnerabilidad existentes a nivel territorial, y el modo en que esta peligrosa combinación predispone a la población residente a mayores situaciones de riesgo en relación a zonas mejor provistas de infraestructura y servicios públicos.

     La posibilidad de generar estos estudios en el territorio y lograr así la obtención de pruebas no sólo permite a la organización difundir o concientizar a los vecinos sobre la crítica situación socio-ambiental y sanitaria que afecta al municipio, sino también profundizar en el enfoque integral del problema hídrico y en la elaboración de argumentos propios (saberes contra-expertos) capaces de cuestionar la forma en que los problemas de agua y saneamiento son concebidos y atendidos por las políticas públicas, habilitando de ese modo, la emergencia de un margen de incertidumbre sobre los resultados futuros de las mismas. Esta reconfiguración social del problema donde las fronteras entre lo técnico y lo social se tornan difusas y donde la incertidumbre aparece como elemento clave, es lo que definimos como controversias socio-técnicas. En estos espacios híbridos no sólo se ponen en juego definiciones de los grupos involucrados sobre las cuestiones que se dirimen, sus interpretaciones, responsables y las relaciones que existen entre ellos (Limoges, 1993), sino también distintos lenguajes de valores —esto es, los diferentes valores o sentidos que cada grupo otorga a los bienes naturales y las distintas formas que tienen de relacionarse con ellos (Martinez Alier, 2004).

Controversias socio- técnicas y propuestas alternativas para el manejo del agua

En el presente apartado, nos interesa recrear las principales controversias socio-técnicas que se han producido en el municipio de Lomas de Zamora a partir de la intervención del Foro Hídrico. Como pudimos ver recién, el principal reclamo del Foro es la necesidad de desarrollar políticas integrales en materia sanitaria e hídrica que den cuenta de la complejidad que reviste el problema del agua en el municipio, y que incorporen un enfoque de derechos que priorice las áreas históricamente más relegadas. De este modo, es posible traducir las demandas del Foro Hídrico en la necesidad de incluir políticas integrales (que reconozcan la interdepedencia entre las inundaciones, la provisión de servicios, las obras de pluviales, el manejo de cuencas y las áreas de humedales, entro otras), y, a su vez, que permitan dar respuesta a las necesidades de la gente en el corto plazo (a diferencia de los planes de grandes obras de la empresa AySA que estipulan plazos de 20 años). En este sentido, los miembros del Foro advierten que el argumento de la empresa, basado en una lógica racional y técnica, no ofrece respuestas satisfactorias a los problemas locales ni en el corto ni en el mediano plazo. En este sentido, los miembros del Foro advierten que la realización de las inversiones no debería estar determinada por el cálculo de costo-beneficio, sino que habría que priorizar las necesidades y condiciones de vida de la población.

     Ante este diagnóstico de la problemática, el Foro no se limita a criticar a las autoridades, sino que asume un carácter propositivo ofreciendo soluciones alternativas a las ya fijadas, y habilitando así la re-apertura tanto de la definición oficial del problema como de su posible resolución.  Como advierte Pedro “cada vez que surge un problema y que lo identificamos como un problema común, buscamos soluciones comunes y luego nos movilizamos en búsqueda de ese tipo de solución”.

     De este modo, ante las medidas propuestas por AySA que suponen la elaboración de grandes obras de infraestructura siguiendo el modelo centralizado de redes que primó desde la época de OSN; el Foro Hídrico alienta la creación de plantas modulares que permitan brindar cobertura a la población local en corto tiempo sin quedar supeditados a la realización de otras grandes obras.^[11]

La ventaja de las plantas modulares es que es mucho más rápida la ejecución (...) Sería menores costos, con niveles de contaminación menores y con tiempos menores. O sea, cualquier persona, si le decís “tenés dos opciones: tardar más, más caro y peor, o lo inverso, ¿qué elegís?” Elegís gastar menos plata y mejor tratamiento (AA miembro del Foro Hídrico).

     En lo que refiere al déficit de acceso al agua potable, el Foro propone como solución la rehabilitación de los pozos de extracción del Acuífero Puelche que Aguas Argentinas había cerrado en la década de los noventa y reemplazado por la llegada de agua superficial proveniente del río de la Plata.

El hecho de haber tenido pozos en el acuífero Puelche, nos permitía tomar el agua, sacarla y tomarla. El río de la Plata nos obliga a clorar el agua. El agua clorada, duplica las posibilidades de tener cáncer. Y fumar, podes dejar de hacerlo, pero tomar agua no, y si tomas agua clorada tenés dos veces más posibilidades de contraer cáncer (AA miembro del Foro Hídrico).

     Para los miembros de la organización, la reapertura y acondicionamiento de esos pozos (complementado con tratamientos de purificación para quitarle los nitratos y nitritos)^[12] no sólo permitiría acelerar los plazos para tener acceso
—principalmente en los asentamientos—, sino también ayudaría a deprimir el nivel de la napa freática, reduciendo así el riesgo de inundaciones. A su vez, otra propuesta que tienen para disminuir la elevación de la napa, es exigir a las industrias instaladas en el municipio, que utilicen agua del acuífero y no de las redes de AySA, así los pozos ciegos de quienes aún no tienen el sistema de cloacas pueden ser utilizados. 

Es importante el hecho de que la industria utilice el agua del acuífero para poder ir descendiendo el nivel de las napas para que la gente, en la medida en que no tenga cloaca, al menos sí pueda tener su pozo ciego para poder ser utilizado. Hoy como están las cosas es imposible, vos vacías el pozo ciego y a los dos días está lleno de vuelta por la napa (VF miembro del Foro Hídrico).

     Además de estas propuestas, para reducir el riesgo de inundación el Foro advierte la necesidad de realizar obras de saneamiento en los arroyos y de crear en cada uno de ellos, aliviadores que permitan drenar las aguas. En este caso, la propuesta del Foro se centra en incorporar una dimensión de justicia socio-ambiental e integral en el diseño de las obras, evitando que las medidas sólo sirvan para impulsar el negocio inmobiliario en las zonas céntricas del partido, excluyendo y afectando a los sectores más alejados y vulnerables.

El mecanismo de drenaje del agua son los arroyos, por eso la importancia de hacer obras ahí, en la medida en que se va peleando en cada barrio. El tema es que lo que termina pasando es que hacen la obra del arroyo, pero le dan prioridad a generar desagües desde el centro de Lomas de Zamora, para crear así edificios o negocios inmobiliarios, en lugar de generar los desagües necesarios en los barrios más bajos, que necesitan mucho más drenar el agua de inundación que las zonas más altas (AA miembro del Foro Hídrico).

     En este mismo sentido, otra propuesta del Foro para reducir las inundaciones, en sintonía con su enfoque integral, es la necesidad de proteger los humedales que existen en el municipio, para que en momentos de fuertes lluvias, permitan almacenar y absorber las aguas, sin que lleguen a inundar los barrios.

(...) la laguna Santa Catalina podría servir como reservorio hídrico a toda la zona, si realmente se dejara trabajar como la naturaleza manda, entonces toda la gente que vive por ahí no tendría problema de inundación, Pero qué pasa, el negocio inmobiliario hizo que tapiaran a lo largo de la vía el predio (AA miembro del Foro Hídrico).

     A partir de estos relatos, podemos advertir el modo en que el Foro Hídrico, en el propio proceso de definir el problema re-significa el territorio, y esto en varios sentidos. Por un lado, la organización, en su interpretación de la crisis del agua que afecta al municipio reconoce que el problema del agua no puede pensarse aisladamente, sino que debe ser entendido como un problema ambiental más complejo, lo que supone el pasaje de la escala jurisdiccional a una mayor, la de la cuenca hídrica Matanza Riachuelo. La basura y el agua contaminada de los arroyos no provienen únicamente de las acciones locales, sino también de la producción industrial y los basurales de otras localidades de la cuenca. Asimismo, los miembros del Foro reconocen que los riesgos y amenazas producto de las inundaciones, la falta de acceso a agua y cloacas y la exposición a la contaminación industrial, no se circunscriben al partido de Lomas de Zamora, sino que representan una problemática común para el conjunto de la cuenca.

     Por otro lado, en su comprensión del problema hídrico, el Foro construye formas de apropiación simbólica del espacio donde se explicitan sus propias visiones sobre el territorio (Azuela y Mussetta, 2009; Melé, 2003). En este sentido, los miembros de la organización enfatizan en las desigualdades socio-territoriales que existen en el interior del municipio, dando cuenta así de un espacio fragmentado y segregado. A su vez, las representaciones que el Foro Hídrico ha conformado a lo largo del tiempo sobre el espacio y que quedan manifestadas en sus relatos, permiten entrever el modo en que el conflicto transforma la relación entre los ciudadanos y el propio territorio.

     Si bien a lo largo de estos años, AySA se ha mostrado poco receptiva a la idea de modificar su plan de obras, la actuación del Foro Hídrico ha logrado generar presión en la empresa para avanzar en el diseño y la implementación de medidas complementarias para el mediano y corto plazo tendientes a mejorar y extender el servicio de cloacas en el municipio. Entre ellas, la realización de obras de menor escala, como una planta depuradora de efluentes cloacales en Fiorito, que estaba contemplada en el diseño original del Plan, pero cuya licitación y ejecución se encontraba retrasada y supeditada a diversas variables políticas y económicas que requería el acuerdo de diferentes organismos públicos con incidencia en el territorio. Dicha planta, que permitiría el acceso a cloacas a gran parte de la población del municipio, fue recién inaugurada en el 2017.

A modo de cierre

En el presente artículo propusimos analizar procesos de territorialización y de luchas por el acceso al agua en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Como han señalado otras investigaciones, estos procesos permiten advertir los modos en que se configuran y reconfiguran los territorios hidrosociales, los cuales se definen mediante la interacción entre los ambientes biofísicos, los flujos del agua, la infraestructura hidráulica y las acciones desplegadas por distintos actores sociales e instituciones (Boelens et. al., 2016:1).

     Las situaciones etnográficas muestran que los territorios hidrosociales no sólo son espacios constituidos natural, social y políticamente, sino que los mismos se (re)definen como parte de los procesos de lucha y de las relaciones sociales y de poder configuradas local e históricamente. Para la comprensión de estos procesos, en el presente artículo nos centramos en el análisis de la construcción social del riesgo y las controversias socio-técnicas, atendiendo a los modos en que ello permitió en un momento dado construir demandas hacia el Estado y las empresas prestadoras de servicios, articular con diversos actores, disputar y (re)definir los fundamentos y alcances de las políticas de agua y saneamiento y (re)crear los territorios y las escalas del conflicto e intervención.

     Como señalamos a lo largo de este artículo, los procesos de construcción de demandas y las luchas por el acceso al agua en el AMBA cobraron visibilidad y centralidad en el marco de un conjunto de reclamos más amplios, ya sea como parte de las condiciones de habitabilidad de los barrios populares o bien como parte de la definición de los problemas hídricos que atañen a las cuencas metropolitanas. Por ello, destacamos que las mismas son mejor comprendidas atendiendo a las configuraciones locales, los procesos de construcción y percepción de riesgos pero también a las condiciones de posibilidad para articular o no un conjunto de demandas en un momento dado.

     En este marco, el análisis de las controversias socio-técnicas permitió dar cuenta cómo a pesar de los esfuerzos por parte de las empresas prestadoras de servicios y las agencias estatales por construir a través de discursos “técnicos” y “verdaderos” los territorios hídricos como espacios “naturales”, los mismos fueron problematizados y disputados por los propios vecinos e integrantes de organizaciones locales que reclamaban por el acceso al agua en un lenguaje de “derechos”.

     Ello permite advertir la necesidad de desplazar conceptualizaciones dicotómicas o totalizantes, entre ellas Estado/Sociedad/Naturaleza, para atender a los modos en que los saberes son producidos y movilizados por una pluralidad de actores insertos en relaciones históricas, sociales y de poder más amplias. El aprendizaje y la incorporación de lenguajes y tecnologías estatales, así como la articulación con otros actores y redes de profesionales, permitió a los vecinos del barrio Bolívar como también a los integrantes del Foro Hídrico, redefinir los riesgos a los que se encontraban expuestos, articular y movilizar discursos y saberes en torno a ello, y cuestionar la legitimidad de los “saberes técnicos”. En el marco de dichas disputas en torno a cuáles eran los problemas a definir y las posibles soluciones, también se tensionaron y redefinieron las relaciones entre los pobladores, el territorio y el agua.

     Por último, aunque no por ello menos importante, el análisis de los casos permite advertir la centralidad que adquiere en estos procesos de lucha por el acceso al agua la definición de los territorios hidrosociales y su vinculación con otros territorios y escalas espaciales. La reconstrucción etnográfica permitió mostrar que es a través de los procesos de territorialización de las luchas y en las disputas con otros actores estatales y privados que estos territorios y las escalas se articulan, producen y reconfiguran. En otros términos, como esperamos haber mostrado, las luchas por el acceso al agua en barrios populares del Gran Buenos Aires no sólo permite reflexionar cómo se reconfigura la relación de los vecinos y organizaciones locales con el territorio y el agua, sino también los modos en que otras escalas espaciales, entre ellas las definiciones de las cuencas metropolitanas, las área de concesión del servicio, las jurisdicciones estatales y las formas de producción y apropiación del espacio, se encuentran sujetas a negociaciones y conflictos en un marco de relaciones de fuerza variables.

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           (2012) “Crear riesgo, ocultar riesgo: gestión de inundaciones y política urbana en dos ciudades argentinas”, presentada en Primer Encuentro de Investigadores en Formación de Recursos Hídricos, Ezeiza, Provincia de Buenos Aires.