DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS EN EL SIGLO XX…                        41

DEL RECONOCIMIENTO DE DERECHOS EN EL SIGLO XX A LA DEFENSA DE LOS TERRITORIOS INDÍGENAS

EN EL SIGLO XXI

Maya Lorena Pérez Ruiz

Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), México correo electrónico: mayaluum@gmail.com

RECIBIDO: 15 DE OCTUBRE DE 2018; ACEPTADO: 12 DE NOVIEMBRE DE 2018

Resumen: En el siglo XX en México se generaron políticas de Estado contrastantes en relación a los pueblos indígenas. A principios del siglo su presencia era un impedimento para los procesos de inte- gración nacional que requerían forjar un Estado nacional cuya población estuviera unificada por una lengua, una cultura y una identidad común a todos. Al terminar el siglo, la diversidad cultural ad- quirió el valor de patrimonio cultural de la humanidad y es motivo de protección y fomento. En este nuevo enfoque fue fundamental la lucha de los indígenas por conseguir el reconocimiento de sus de- rechos como pueblos dentro del Estado nacional. En este artículo se analiza la trayectoria de esta lu- cha y cómo en su confrontación con el gobierno mexicano se fueron modelando sus demandas, al mismo tiempo que las instituciones gubernamentales se transformaron para satisfacerlas, a pesar de lo cual persiste su condición subordinada y el despojo de sus recursos.

Palabras clave: México, luchas indígenas, siglos XX y XXI, batalla por derechos, defensa de los territorios.

Abstract: In twentieth century México, the State produced contrasting policies to indigenous peoples. At the beginning of the century its presence was an impediment to the processes of national integra- tion that required forging a national State whose population was unified by a language, culture and identity. At the end of the century, the cultural diversity acquired the value of cultural heritage and it is a reason for their protection and promotion. In this new focus, the struggle of the indi- genous people for their recognition was fundamental. This article analyzes the trajectory of this struggle and explain how its confrontation with the Mexican government were modeled, at the same time that the governmental institutions were transformed to satisfy them, in spite of which their subordinated condition and the dispossession of their resources.

Key words: Mexico, indigenous struggle, 20th and 21st centuries, indian rights, territories.

EL MÉXICO POSREVOLUCIONARIO Y LA FORJA DE UNA NACIÓN

Desde su constitución como nación independiente México ha sido un país diverso en lo cultural y desigual en cuanto el acceso de sus habitantes al bienestar social y económico, lo que se ha expresado en los diferentes movimientos sociales de su historia. De allí que desde la Independencia (1810) el llamado problema indígena haya sido un asunto de Estado. México enfrentaba el reto de consolidarse como una nación, en un contexto donde el territorio nacional estaba fragmentado en luchas intestinas. Por una parte estaban los actores locales y regionales que defen- dían sus intereses más que los del proyecto nacional que encabezaban los inde- pendentistas ganadores. Y por otro, estaban los pueblos indígenas que continuaban todavía leales a la corona española, al oponerse a las reformas libera- les que les anulaban los derechos que habían conquistado durante la Colonia y que legalizaban el despojo de sus territorios.

La represión y la violencia de Estado fue una de las maneras de acallar el des- contento. Otra, fue la política indigenista de incorporación, que implicó un cambio en las políticas indigenistas coloniales de segregación, al fundarse en los principios del liberalismo: la libre competencia, el afán de ganancia y en la propiedad priva- da. El propósito de dicha política fue convertir a los indios en ciudadanos de una nación moderna, de estilo occidental. Bajo esta óptica, todo el sistema educativo del siglo XIX y buena parte del XX, se basó en el propósito de desarraigar al indio de su medio físico y cultural. Se le impuso coercitivamente el castellano como lengua nacional y los valores de la cultura occidental. Como consecuencia un buen número de indígenas se resistieron a la violencia de la incorporación, inclusive con movimientos y guerras de castas (Aguirre Beltrán, 1976).

Los procesos de despojo a los pueblos indígenas así como la creciente acumula- ción de recursos territoriales y económicos en manos de las viejas y nuevas élites, antes españolas y criollas y ahora mexicanas, generaron el estallido de la Revolu- ción mexicana (1910). Movimiento social que trajo consigo un nuevo reacomodo de las élites de poder, pero también el surgimiento de políticas e instituciones nacio- nales encaminadas a la unificación nacional. Una de las tareas más importantes del Estado mexicano fue hacer que todos los mexicanos fueran ciudadanos, con igual- dad de derechos ante la ley, según las ideas liberales que llegaban de Europa y de los Estados Unidos. Razón por la cual los indígenas no aparecen como actores constitutivos de la nación en la Constitución Mexicana que se elaboró en la prime- ra mitad del siglo XX. Otra tarea sustantiva, fue responder a las revueltas sociales con políticas sociales, entre las que destaca la reforma agraria, que dotó de tierra a campesinos y a comunidades indígenas, a éstas últimas sin que se les reconociera a los indígenas su carácter de pueblos.

Para fortalecer a la nación mexicana era imperativo, además, construir una cultura nacional con una sola lengua y una sola identidad, a la que se le tenía que

dar un arraigo histórico. Así, las culturas prehispánicas —maya, teotihuacana y mexica—, se concibieron como las culturas madres de los mexicanos y los españo- les, cuya presencia no podía evadirse, fueron los padres. En tanto que los indígenas vivos fueron vistos como el gran problema para la integración nacional. Éstos debían abandonar sus prácticas culturales y organizativas percibidas como lastres para la modernidad y la civilización. El mestizo, por tanto, se planteó como la síntesis viva entre las grandes civilizaciones prehispánicas y los españoles. Es decir como lo que debía ser el mexicano.

En el camino de “hacer patria”, en una sociedad que debía castellanizarse, alfa- betizarse y urbanizarse rápidamente, era fundamental establecer una educación pública laica y gratuita pata todos los mexicanos. En ella se debía enseñar el pasa- do prehispánico como origen, el mestizo como deber ser el mexicano y la cultura universal como referente para lo que debíamos ser en el futuro. Los indígenas, por tanto, debían abandonar sus culturas y sus identidades para civilizarse, volverse “mestizos” mexicanos y desarrollarse. Para la construcción del SER mexicano se forjó un NOSOTROS en oposición al extranjero invasor (español, francés y esta- dounidense), pero que era también diferente al indio. En ese camino, los museos, el arte público y el muralismo, junto a los medios de comunicación (prensa, radio, cine y televisión), jugaron un papel fundamental para las políticas de identidad y pertenencia. En el cine, por ejemplo, el ranchero, en la visión del charro hacenda- do y no del indio sumiso, ladino y explotado, se irguió como una figura central de nuestra identidad. El romanticismo exacerbado, la fiesta, el valor y el no temerle a la muerte, se volvieron estereotipos del ser mexicano.

Durante la primera mitad del siglo XX la política cultural mexicana se fincó en cuatro pilares sustantivos: la arqueología y la historia para conservar la memoria y el patrimonio cultural; el fomento de las bellas artes para vincular el desarrollo espiritual de los mexicanos con los valores y aportes de la llamada cultura univer- sal; la educación pública, laica y gratuita para educar y hacer llegar el conocimien- to y la  cultura universal a las masas indígenas, campesinas y urbanas que formaban el país; y las políticas de incorporación e integración de los indígenas al proyecto nacional para homogeneizar a los mexicanos. Se crean: la Secretaría de Educación Pública (SEP) en 1921; el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en 1939; el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) en 1947; y el Instituto Nacional Indigenista (INI) en 1948, que se propone desarrollar una política indige- nista de integración (Pérez Ruiz, 2017).

La política indigenista de integración se alimentó de las demandas sociales de la Revolución mexicana, pero también de haberse concebido bajo la influencia de las dos guerras mundiales y del auge del relativismo cultural. Lo cual contribuyó a que introdujeran elementos de justicia social, que establecieron para los indíge- nas derechos y obligaciones. Esta tendencia tuvo su punto cumbre en el Congreso

Interamericano de Pátzcuaro (1940), donde se postuló la integración de los indios a la sociedad nacional, que debía realizarse respetando los valores de sus culturas y su dignidad como hombres y mujeres. El propósito era la integración del indio a la sociedad nacional, con todo su bagaje cultural, proporcionándole los instrumen- tos de la civilización necesarios para su articulación dentro de la sociedad moderna. No tenía como finalidad el mejoramiento del indígena sino su integración al desa- rrollo nacional, bajo “normas de justicia social, en que el indio y el no-indio sean realmente ciudadanos libres e iguales” (Aguirre Beltrán, 1976: 28). Y tuvo en la educación uno de sus pilares básicos.

A pesar de estos principios, fue mayor el peso del conjunto de las instituciones y políticas para el desarrollo nacional (políticas económicas, agrarias, agropecuarias, de desarrollo industrial y de comunicaciones, entre otras). En los hechos, los pue- blos indígenas padecieron la imposición de la identidad nacional que los obligó a asumir una identidad nacional y sufrieron una educación nacional, que aún bajo la educación bilingüe y bicultural, los obligó a castellanizarse, a dejar sus lenguas nativas y abandonar sus culturas e identidades propias.

Lo no previsto fue que la educación nacional lo mismo que la indígena contri- buyeron a formar a intelectuales y dirigentes indígenas opositores a las políticas del Estado mexicano. En este proceso, las luchas indígenas adquirieron un rostro nuevo: el de consolidarse como actores sociales que se ven, se piensan y se proyec- tan como integrantes de un “movimiento indígena” nacional.

Para que el movimiento indígena emergiera como un actor político importante del siglo XX fue necesario: 1) que los integrantes de los pueblos originarios — denominados indios o indígenas—, fueran conscientes de que estaban sujetos a cierto tipo de dominación, que si bien podía incluir una dimensión económica, se justificaba en sus peculiaridades de identidad y cultura; 2) que pasaran del conflic- to interpersonal, comunitario y regional (generalmente asociado con formas de dominación y explotación económica) a concebir que el origen profundo de tales conflictos estaba en la constitución de los Estados nacionales que no les reconocían sus derechos como pueblos originarios y que pretendían su incorporación e inte- gración a las formas hegemónicas de lengua, cultura e identidad nacionales; de- terminadas éstas por las clases dominantes según los modelos de sociedad europeos y anglosajones; y 3) que construyeran una identidad colectiva que permi- tiera que la gran diversidad de pueblos originarios existentes se unieran para luchar por lo que, a pesar de sus diferencias culturales e identitarias, tenían en común: ser pueblos colonizados que, luego de siglos de resistencia y de adaptación histórica, exigían derechos para continuar siendo pueblos con identidades y cultura propias. En este aspecto, fue fundamental que asumieran la identidad colonial que se les impuso, el ser indios o indígenas, para revertir el valor negativo de tal de- nominación y darle un valor positivo y unificador de la lucha política de estos

pueblos frente a los Estados nacionales. De allí que desde entonces la indígena sea una identidad política unificadora, trans-étnica y trans-continental, sobre la que se han legislado derechos al interior de los Estados nacionales pero también en ámbi- tos internacionales, de modo que su presencia en las sociedades nacionales adquie- ra obligatoriedad y legalidad (Pérez Ruiz, 2005).

EL NUEVO ROSTRO DE LAS LUCHAS INDÍGENAS

Al iniciarse la segunda mitad del siglo XX, fueron evidentes las grandes limitacio- nes de las políticas de desarrollo seguidas por México y se fortalecieron los movi- mientos sociales opositores. Surgieron movimientos guerrilleros, urbano- populares, estudiantiles, campesinos e indígenas, que exigían democracia, partici- pación social, mejor reparto de los beneficios sociales y pluralidad lingüística y cultural.

En el campo de la lucha indígena, además de que se demandaba el derecho a recibir una educación adecuada lingüística y cultural, se empezó a vislumbrar un cambio de perspectiva en torno a la tierra: ya no sólo se exigía tener más acceso a ella, sino a que exigían el derecho a poseer y recuperar sus territorios ancestrales.

En esa contienda, fueron referentes importantes las aportaciones de las reunio- nes de Barbados (1971 y 1977) que denunciaron el etnocidio en los estados nacio- nales, el Primer Congreso Fray Bartolomé de las Casas, en Chiapas (1974) que evidenció las condiciones de exclusión y racismo de las poblaciones indígenas, el Congreso Nacional Indígena (1975) que reunión a diversas organizaciones preocu- padas por la grave situación indígena; así como la participación de los maestros indígenas, como intelectuales orgánicos, que formaron la Organización de Profe- sionistas Nahuas (OPINAC, 1973), la Alianza Nacional de Profesionistas Indígenas Bilingües (ANPIBAC, 1977) y el Consejo de Pueblos Indígenas del Valle Matlatzin- ca del Estado de México, en 1978 (Pérez Ruiz, 2000).

Bajo las presiones sociales en las que tuvieron un importante papel los antro- pólogos mexicanos y los intelectuales indígenas, en 1977, el Plan de Gobierno de José López Portillo (1976-1982) reconoció por primera vez que México era un país pluricultural, multiétnico y multilingüe. Y desde entonces, sin modificar la Consti- tución Mexicana, se crearon y reformaron instituciones y se generaron programas de reconocimiento, revaloración y desarrollo de las culturas indígenas y populares. Dentro de la SEP se impulsó, a través de la Dirección General de Educación Indí- gena, la educación bilingüe y bicultural, aunque para fines de castellanización (1978), misma que impulsó la Educación Intercultural Bilingüe (1996), además que se renovaron y crearon nuevas instituciones. Así, se creó la Dirección General de Culturas Populares —DGCP— en 1978 y, dentro de su estructura, el Museo

Nacional de Culturas Populares (1982). Desde la DGCP se implementaron el Pro- grama de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias (PACMYC), en 1989; el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas, en 1993,1 y el Programa para el Desarrollo Integral de las Culturas y los Pueblos y Comunida- des indígenas (PRODICI), en 2005. Dentro del inah se creó un sistema nacional de Museos, así como experiencias como los museos sobre rieles;2 además que se im- pulsó la licenciatura en Etnolingüística,3 en 1979 dentro del CIS-INAH (creado, dentro del INAH en 1973), y que, luego, en 1980, se transformó en el Centro de Investigaciones Superiores en Antropología Social (CIESAS). Por su parte, dentro del INBA, en 1972, bajo el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) se creó el Fon- do Nacional para la Danza (FONADAN, que fue liquidado en 1985. Además para- lelamente, se crearon: el Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías (FONART), en 1974; el Programa de formación Profesional de Etnolingüístas, en la etapa de su instalación en el CREFAL, en Pátzcuaro, Michoacán (1979-1982) y en su segunda etapa en el Centro de Integración Social en San Pablo Apetatitlán, Tlax- cala (1983-1987),4 la Universidad Pedagógica Nacional (1978) con la licenciatura en Educación Indígena (1982),5 que ahora contempla la interculturalidad como una línea en la licenciatura en Intervención Educativa;6 así como el ya mencionado CONACULTA (1988).

Un nuevo impulso cobraron los movimientos indígenas ante la proximidad del año 1992 en oposición a los festejos por los 500 años del llamado “Descubrimiento de América”, que desde el movimiento indígena continental fue visto como la conmemoración de un acto de colonización y barbarie. Las demandas indígenas ya no fueron sólo por su derecho a recibir una educación culturalmente adecuada y a mantener sus peculiaridades de lengua, identidad y cultura, sino que exigieron derechos como pueblos que habían sido colonizados y luego obligados a pertene- cer a un Estado nacional. Sintetizaron sus demandas en su exigencia a tener auto- nomía para regirse de acuerdo a sus normas ancestrales y controlar sus territorios.

1 Dicho premio se generó en el Año Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo, de- clarado por la UNESCO. En 2004, se transformó en Premio Nezahualcóyotl de Literatura, y desde 2008 es el Premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Mexicanas.

2 Bonfil, en Pérez Ruiz, 2004.

3 Luego de dos generaciones se cerró ese programa de licenciatura, hasta que en 1991, se retomó en la maestría en Lingüística Indoamericana, también dentro del CIESAS.

4 “Recordando al maestro Luis Reyes”, en Desacatos, núm. 17, enero-abril, 2005, pp. 171-176.

5Antecedentes de la licenciatura en Educación Indígena”, en:

<www.bibliotecadigital.conevyt.org.mx/hemeroteca/reencuentro/no33/tres/antecedentes.html>.

6 <www.lie.upn.mx/docs/MenuPrincipal/LineasEspec/CursoInter3.pdf>.

En ese marco, en 1992 se reformó el artículo 4º de la Constitución para reconocer por primera vez a los indígenas como integrantes del Estado mexicano.7

Ese mismo año, sin embargo, se reformó el artículo 27º constitucional —que otorgaba el derecho de los campesinos a la tierra y protegía a los ejidos y comuni- dades indígenas— para liberalizar el mercado de tierras y posibilitar la entrada de los capitales privados para la explotación del subsuelo y los recursos hídricos y mineros en todo el territorio nacional. Una consecuencia más de la transforma- ción del Estado mexicano, que dejaba su rostro nacionalista, social y regulador, posterior a la revolución de 1910, para asumir abiertamente su perfil neoliberal.

Después, en enero de 1994, al entrar en vigor el tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos, surgió el levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El cual se declaró en contra del modelo neolibe- ral, de la reforma del artículo 27º y recuperó la demanda de la autonomía indíge- na. Aglutinó a su alrededor el gran descontento social. Resurgen los movimientos indígenas y campesinos, y se generó una gran movilización de la sociedad civil y de organizaciones políticas que se unieron a la proclama de construir una sociedad diferente.

La respuesta gubernamental a la declaración de guerra del EZLN fue primero militar, pero casi de inmediato se articuló en una estrategia de largo plazo para reprimirlo y debilitarlo. En medio de los diálogos para negociar la paz, el go- bierno federal construyó un cerco múltiple para encapsular territorialmente a los zapatistas, quitarles bases sociales de apoyo, alejarlos y confrontarlos de los parti- dos políticos y organizaciones de izquierda que los apoyaban, encausar la deman- da zapatistas hacia vías legales como la reforma del Estado y para, por ese camino apropiarse y oficializar muchas de sus demandas (Pérez Ruiz, 2005).

Los zapatistas, inmersos en una guerra, disfrazada de tregua para la paz, con el gobierno Federal, tuvieron que enfrentar sus propias contradicciones, que llevaron al EZLN a fluctuar entre ser un movimiento indígena o un movimiento para la liberación nacional; entre ser el representante de todos los indígenas de México o ser un aliado más en el contexto de las cientos de organizaciones sociales, políticas, indígenas y campesinas que se movilizaron después del 1994; entre ser líder de un gran movimiento de liberación nacional o recluirse en una región autónoma. La confrontaciones entre aliados por la dirección del movimiento, por el liderazgo y por la representación; las pugnas por establecer el carácter ideológico y la finali- dad de la lucha social; los desacuerdos sobre la agenda de negociación con el go- bierno; y, en suma, la imposibilidad de todos los aliados de construir un solo

7 En él se señala que México tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas; y se establece que la ley protegerá y promoverá el desarrollo de sus lenguas, culturas, usos, costumbres, recursos y formas específicas de organización social.

movimiento y un solo proyecto de transformación social, fueron determinantes para quitarle fuerza al EZLN e interrumpir las negociaciones con el gobierno fede- ral. Lo cual al final, en el año 2000, creó el escenario político para darle la presi- dencia de la república al Partido Acción Nacional. Y con ello, fortalecer las tendencias de consolidar un Estado neoliberal en México (Pérez Ruiz, 2006).

Luego de un complejo proceso de negociación y confrontación entre EZLN y el gobierno federal, si bien se lograron los Acuerdos de San Andrés en 1996, estos quedaron sin efecto al suspenderse las negociaciones entre los zapatistas y el go- bierno federal en 1997. Y fue hasta el año 2001, con el EZLN debilitado, que se aprobó una nueva reforma constitucional que reconoce el derecho a la autonomía de los indígenas8 (Pérez Ruiz, 2005). Dicha autonomía fue limitada al no ser la autonomía territorial ni la pluralidad jurídica, además que concibe a los indígenas como “sujetos de interés público” y no como “sujetos de derecho.

EL TRÁNSITO DEL SIGLO XX AL XXI. EL NUEVO ESCENARIO

En el contexto de la derrota del EZLN y del debilitamiento del movimiento indí- gena aliado a los zapatistas, nuevamente se actualizaron las instituciones y políticas del Estado mexicano; esta vez para reconocer derechos culturales a los indígenas. Así, dentro de la SEP, se impulsó la interculturalidad en la educación básica (1997) y en 2001 se extiende a la educación universitaria, con la creación de la Coordina- ción General de Educación Intercultural Bilingüe.

Bajo la lógica de por un lado reconocer derechos y por el otro impulsar el desarrollo neoliberal, en julio de 2003, entró en vigor el decreto que expide la Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas que abroga la Ley de creación del Instituto Nacional Indigenista. Ese mismo año se decretó la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y se creó el Insti-

8 Se adicionó un segundo y tercer párrafos al artículo 1º, se reformó su artículo 2º, se derogó el párrafo primero del artículo 4º, y un sexto párrafo al artículo 18 y otro a la fracción tercera del artículo 115 de la Constitución . Se reconoce que la “nación tiene una composición pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas”. Así como el “derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional” (Senado de la República, 2001). En enero del 2016 se adiciona el derecho de los pueblos indígenas a elegir a sus autoridades y a establecer las formas de su gobierno de acuer- do a sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, siempre que no sean violatorias de los derechos humanos y los derechos que como ciudadanos tienen los indígenas, en el marco de la nación mexicana (Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2016).

tuto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI). Además, se implementaron diversos programas de acción afirmativa de la diferencia cultural en las universidades, co- mo en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Y de forma signi- ficativa, fueron creadas universidades indígenas e interculturales: en Chiapas, Tabasco, Guerrero, Puebla, Michoacán, Quintana Roo, Veracruz, San Luis Potosí, Hidalgo y Nayarit.

Paralelamente a lo anterior, México firmó convenios a nivel internacional a favor de los pueblos indígenas y la diversidad cultural. Destacan entre ellos el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, apro- bado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en junio de 1989, y por la Cámara de Senadores en México el 11 de julio de 1990; la Convención sobre la protección y promoción de la diversidad de las expresiones culturales, firmada en el seno de la UNESCO en octubre de 2005 y ratificada por México en 2006; y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada por la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2007.

En México, hoy se ha dejado de hablar de integración y se promueve la diver- sidad cultural. Sin embargo, ello sucede en medio de reformas estructurales y políticas nacionales que impulsan un modelo de sociedad sujeto al predominio de los capitales privados, muchos de corte extractivista, proclives al despojo y explota- ción desmedida de los recursos naturales y la diversidad biocultural, y que, ade- más uniformizan formas de vida, de producción y consumo, acentúan la pobreza y la polarización social.

Desde 1982, en que comenzó lo que se llamó el adelgazamiento del Estado, se han realizado las siguientes reformas, tendentes a quitar regulaciones y a privile- giar la participación de capitales privados nacionales y transnacionales: Religiosa (1991-1993), Agraria (1992); Minera (1992); Comercial, TLC (1994); Política (1997);

Indigenista (2003); Energética (2013); Telecomunicaciones (2013); Educativa (2013) y Cultural (2017). Además que durante 2018 se debaten las leyes sobre la biodiversi- dad, las aguas y los recursos forestales.

En este complejo escenario, se presenta una de las paradojas más dolorosas de la realidad mexicana: nunca los indígenas habían tenido tantos derechos y nunca habían sufrido un embate más descarado para despojarlos de sus recursos. Des- pués de la reforma del artículo 27º constitucional, y de que la Ley de minas se publicó ese mismo año para declarar la minería como de prioridad nacional, bajo presiones de todo tipo, grandes extensiones de territorios indígenas están siendo concesionados a empresas mineras extranjeras. Y algo similar sucede con las em- presas de nacionalidades diversas que ganan concesiones para la extracción de petróleo y el manejo de la energía eólica. Ello se suman la biopiratería, fomentada por universidades y laboratorios que patentan la herbolaria indígena con sus usos ancestrales para su beneficio privado; y las acciones del narcotráfico que usan los

territorios indígenas para la producción de mariguana y amapola, y que saquean sus bosques.

En tanto, bajo la influencia de los organismos internacionales favorables a la diversidad cultural se declaran como patrimonio de la humanidad ceremonias indígenas y expresiones culturales que sirven para impulsar el turismo nacional, promover marcas comerciales y realizar diseños de ropa y artículos de lujo.

En la actualidad, la Ley general de cultura y derechos culturales, aprobada por el Congreso en abril de 2017, apuntan también a que el patrimonio cultural de México y de los pueblos indígenas sea usado en beneficio del turismo y las industrias culturales. Todo lo anterior sucede sin que éstos puedan ejercer los derechos de su autoría ni puedan beneficiarse de su producción cultural.

Para enfrentar las nuevas condiciones los pueblos indígenas recurren a todos los recursos institucionales y del derecho nacional e internacional para defenderse. Sólo que las políticas de reconocimiento logradas durante el siglo xx, en los ámbi- tos nacional e internacional, parecen insuficientes para enfrentar las reformas es- tructurales. Aún así resisten y continúan movilizándose. Revitalizan organizaciones, forman otras para litigar en contra de las decisiones gubernamentales, para enta- blar controversias constitucionales para revertir leyes y decretos. Además que organizan policías comunitarias, se oponen a las compañías mineras, luchan en contra de la construcción de presas, se oponen a la siembra de transgénicos que contaminan sus semillas de maíz, de frijol, su miel, sus ríos; y, en suma, luchan por recuperar el control de sus territorios, sus recursos bioculturales y de su devenir como pueblos. Por su derecho a tener una cultura y una identidad propias, a ser autónomos, y desde allí alentar otros modelos de desarrollo y de vida para las sociedades nacionales con las que conviven.

La asociación del poder político con los intereses empresariales, nacionales y transnacionales, y el uso que éstos hacen de la legislación, y de la judicialización de las demandas y luchas indígenas, hacen pensar que en México, más que tener un Estado fallido, o debilitado por los poderes fácticos, lo que tenemos es un Estado mexicano fuerte y activamente comprometido y coludido —desde el poder Ejecu- tivo, Legislativo y Judicial, con el desarrollo del capitalismo y su proyecto neolibe- ral, cuyo poder se finca en el despojo de los recursos de los pueblos, que resisten y luchan para conservar sus formas propias de producción, vida y cultura.

BIBLIOGRAFÍA

Aguirre Beltrán, Gonzalo

(1976) “Un postulado de política indigenista”, en Obra Polémica, SEP- INAH, México, pp. 21-28.

Pérez Ruiz, Maya Lorena

(2000) “Pueblos indígenas, movimientos sociales y lucha por la democra- cia”, en Estado del Desarrollo económico y social de los pueblos indígenas de México, tomo I, México, INI, pp. 355-418.

(2004) “En su voz. Contribuciones de Guillermo Bonfil a la museología mexicana”, en Cuadernos de Antropología, núm. 3, enero-febrero, suple- mento especial, Diario de Campo, núm. 62, INAH, México, pp. 3-46.

(2005) ¡Todos somos zapatistas! Alianzas y rupturas entre el EZLN y las organizaciones indígenas de México, INAH.

(2006) “El EZLN y su retorno a su proyecto radical”, Revista Cultura y Representaciones Sociales. Un espacio para el diálogo transdisciplinario, IIS-UNAM, vol. 1, núm. 1, pp. 33-65.

(2017) “Cómo pasó? Reflexiones sobre la reconfiguración del campo cultural en México”, en Diario de Campo, INAH, cuarta época, enero-abril, pp. 7-37, en

<https://revistas.inah.gob.mx/index.php/diariodecampo/issue/815/showToc>.

Páginas web

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

(2003) Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas,

<http://www.inali.gob.mx/pdf/LeyGeneralDerechosLinguisticosdelosPueblos Indigenasadaptacion.doc>

(2016) Artículo 2o constitucional, en <http:// info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/9/3.htm?s=>, consultado en abril de 2016.

OIT

(1989)     Convención     169    sobre    Pueblos     Indígenas     y    Tribales,

<http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv-169/ convenio.shtml>.

Senado de la República

(2001) Dictamen de Ley Indígena,

<http://www.nodo50.org/pchiapas/chiapas/documentos/ley.htm>, consul- tada en abril de 2016.

UNESCO

(2001) Declaración Universal de la UNESCO sobre la Diversidad Cultural,

<http://portal.unesco.org/es>.

(2005) Convención sobre la Protección y Promoción de la Diversidad de las Expresiones Culturales,

<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001429/142919s.pdf>, consultada en abril 2016.

52                                                       MAYA LORENA PÉREZ RUIZ

Antropología Americana Vol. 3 Núm. 5 (2018), pp. 41-51

Danzantes. Fotografía: anónimo.