PUEBLOS INDÍGENAS Y EMPRESAS EXTRACTIVAS EN CANADÁ…                 11

PUEBLOS INDÍGENAS Y EMPRESAS EXTRACTIVAS EN CANADÁ: ¿EXISTE UN “MODELO CANADIENSE”?

Pierre Beaucage

Université de Montréal, Canadá

correo electrónico: pierre.beaucage@umontreal.ca

RECIBIDO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018; ACEPTADO: 10 DE OCTUBRE DE 2018

Resumen: Partiendo de elementos de la historia de Canadá y analizando conflictos y acuer- dos recientes en Quebec, este artículo quiere mostrar la inexistencia de cualquier modelo ca- nadiense¨ estable de interrelaciones entre los pueblos indígenas y las empresas extractivas. A pesar de un marco jurídico común, las situaciónes concretas varían enormemente de un pueblo a otro, que van del acomodamiento al conflicto abierto; también varían en el mismo pueblo, de un período a otro. Los grupos a los que mejor les ha ido parecen ser los que han sabido salir del contexto exclusivamente comunitario en el que la política indigenista cana- diense los quiso encerrar, para formar frentes intraétnicos amplios (como los cris de Quebec y los inuit de Nunavut) y/o movilizar otras fuerzas sociales dentro de la sociedad civil cana- diense, como los Innu de Ekuanitshit. El disponer de algún recurso-clave ha sido también un factor muy relevante en estas relaciones.

Palabras clave: modelo canadiense, pueblos indígenas, cri, inuit, innu, industrias extractivistas, territorio, autonomía, Canadá, Quebec.

Abstract: Based on elements from Canadian history and analizing recent conflicts and agreements in Quebec, this article wants to show the inexistence of any kind of ‘Canadian model’ of stable interrelations between indigenous peoples and extractive industries. In spi- te of a common juridical framework, concrete situations vary considerably from one people to the other, from accomodation to open conflict ; the same is to be observed within the same people, at different periods of time. The groups with greater success seem to be those who were able to exit from the strict community level where Canadian indigenous policy tried to enclose them, and form either large intraethnic fronts (like the cree in Quebec and Nunavut inuit) and/or mobilize other social forces in Canadian civil society like the Ekuani- tshit Innu.

Key words: Canadian model, indigenous peoples, Cree, Inuit, Innu, extractive in- dustries, territory, autonomy, Canada, Quebec.

INTRODUCCIÓN

Hace algunos años que en diversos foros internacionales se menciona la existencia de un ‘modelo canadiense’ de relaciones entre los pueblos y las organizaciones indígenas, con el Estado canadiense por una parte, y con las empresas extractivas, por otra. Sin que se haya propuesto una definición precisa, se entiende el carácter supuestamente consensual y armonioso de este modelo: se cree que las empresas explotan libremente los recursos y a cambio, los grupos indígenas negocian benefi- cios económicos. Esto contrasta con el modelo conflictivo que predominaría en muchos países de América Latina en donde, según la expresión de un ex- presidente peruano, los pueblos nativos hacen como “el perro del hortelano, que no come ni deja comer al amo”.

Veremos como la realidad canadiense al respecto es mucho más compleja y cambiante que cualquier “modelo”. No pretendo, en el marco de este artículo, hacer una síntesis que valga para el millón y medio de indígenas del país, dividi- dos en más de seiscientas “bandas” y 3 100 localidades, esparcidos entre diez pro- vincias, más el Nunavut, los Territorios del Noroeste y el Yukon (Statistiques Canada, 2011). Eso no se pretende, conoceremos cómo las Primeras Naciones mantienen relaciones diferenciadas y a menudo opuestas con los cientos de empre- sas extractivas, madereras, hidroeléctricas, mineras y petroleras que operan en el país. Además, como veremos, la misma organización indígena puede redefinir su estrategia de forma radicalmente diferente con el paso del tiempo y el transcurso de los años. De este modo, estamos muy lejos de un “modelo uniforme, aceptado y estable” en cuanto a las actitudes y prácticas de los pueblos indígenas relaciona- das con el extractivismo.

Podemos encontrar posiciones contrastadas dentro de las asociaciones indígenas pancanadienses. Por ejemplo, en julio 2018 tuvieron lugar las elecciones a la presi- dencia de la Asamblea de Primeras Naciones (APN), que agrupa a los jefes de las reservas indígenas de todo Canadá. Los debates giraron en torno al grado de “cer- canía” de los candidatos a los gobiernos federal y provinciales, que en la actualidad promueven directamente el extractivismo. El presidente saliente, Perry Bellegarde

—que las corrientes opositoras encuentran demasiado favorable a las políticas extractivistas estatales— logró reelegirse y obtener un segundo periodo para su mandato (Vastel, 2018).

Para entender mejor la situación real, presentaremos a grandes razgos los elementos relevantes de la historia lejana y reciente de Canadá que llevaron a la actual situación político-jurídica de los indígenas. Luego, nos limitaremos a la provincia de Quebec, la más extensa, la segunda en población y que contiene una muestra bastante significativa de las varias interacciones entre pueblos indígenas, Estado y empresas extractivas que se encuentran en el conjunto canadiense. Exa- minaremos detalladamente los conflictos que opusieron, en la década de los seten-

ta, los cri-eeyou de la Bahía de James, en el noroeste, a la paraestatal Hydro- Québec y al gobierno provincial. Por sus impactos en la reformulación de las rela- ciones entre el Estado y los pueblos indígenas en todo el país, mencionaremos el enfrentamiento armado con los mohawk de Oka-Kanehsatake en 1990, y la Paix des Braves (“Paz de los Valientes”) firmada entre el Gobierno de Quebec y los cri- eeyou en 2002. Esbozaremos sus actitudes actuales frente a las empresas mineras, hidroeléctricas y petroleras comparándolas con las de los innu y de los inuit.

LA ECONOMÍA EXTRACTIVA EN LA HISTORIA DE CANADÁ

Durante los 150 años que duró la colonización francesa de Canadá (1608-1759), el interés principal de la metrópoli fue, junto con la pesca del bacalao y la caza de mamíferos marinos en el Golfo de río San Lorenzo, el comercio de pieles con los indígenas. Después de la conquista inglesa de 1760, ese modelo general de “desa- rrollo hacia fuera” (como lo nombrarían dos siglos después los teóricos de la de- pendencia) se mantuvo como una constante de nuestra historia económica: a partir de fines del siglo XVIII, la madera, luego el trigo producido en ranchos campesi- nos, desplazaron hacia el noroeste la economía pielera mientras que en el sur la fuerza de trabajo indígena era sustituida por la de los colonos europeos y de sus descendientes. Los pueblos indígenas de la franja sur fueron presionados para firmar tratados donde cedían sus territorios a la colonización europea. Incluso después del despegue industrial que siguió a la independencia de 1867, las expor- taciones de materias primas desde Canadá fueron siempre más importantes que las industriales por una parte, y por otra permitieron la compra de los bienes de capital necesarios para el proceso de industrialización. Es así como los períodos de alza de precios para las materias primas (por ejemplo, durante las dos guerras mundiales) fueron momentos de auge industrial en Canadá. Al respecto, la situa- ción canadiense es estructuralmente similar a la de México, Argentina y Brasil, que también financiaron el desarrollo industrial llamado “de sustitución de im- portaciones” (1940-1970) gracias a sus exportaciones de productos agrícolas, fores- tales y mineros.

La explotación de esos recursos fue sometida a un mínimo de reglas. En efecto, contrariamente a cierta leyenda dorada que nuestro país deja flotar por el mundo, en Canadá nunca prevaleció una perspectiva de desarrollo sustentable. Se pescó el bacalao y demás especies pelágicas del Atlántico hasta casi acabarlas en fechas recientes; lo mismo está a punto de pasar con el salmón en los dos océanos; tala- mos los pinares de la cuenca del San Lorenzo hasta que no quedó pino blanco; aramos el humus delgado de la pradera occidental hasta que ya no diera trigo sin aplicaciones masivas de fertilizantes. En cuanto al bosque de lluvia en las vertientes occidentales de las Rocallosas, la tala en blanco ha convertido en paisajes lunares

varias zonas; eso, cualquier viajero lo puede observar si se aleja un poco de los circuitos turísticos, donde se mantienen a propósito los «bosques-mamparas» a orillas de carretera. Como se puede imaginar, la condición los pueblos indígenas del país ha sido directamente afectada por varios frentes de la economía extractiva en el país: forestal, minero y energético.

Hasta la década de los sesenta, se veía la destrucción del medio ambiente como el “rescate del progreso” (la rançon du progrès), y se tildaba a los opositores de románticos e idealistas que “querían comerse la tortilla sin aceptar que se quebra- sen los huevos”. Sin embargo, cuando el mismo progreso empezó a tener fallas no solo de dimensiones continentales, sino planetarias, empezaron a surgir en Canadá como en el resto del mundo corrientes de pensamiento que cuestionan los enor- mes costos sociales de este “desarrollo” que pone en peligro la mera reproducción del sistema económico y social actual. En años recientes, la corriente de oposición al saqueo global puso en el mismo lado de la barricada a ecologistas de varias tendencias y a miembros de grupos indígenas.

LOS INDÍGENAS Y LA FORMACIÓN DE CANADÁ

Después de la instalación de los primeros establecimientos franceses a orillas del San Lorenzo, a principios del siglo XVII, prevaleció con los pueblos indígenas una política de alianzas en función de la rivalidad con las nuevas colonias inglesas más al sur. Cada metrópoli tenía sus aliados locales con los que mantenía relaciones comerciales y movilizaba contra la otra colonia. Fue hasta después de la Conquista inglesa de Nueva Francia en 1760, cuando se diseñó una verdadera política de poblamiento europeo del territorio. A nivel jurídico, la “Proclama Real” de 1763, estipuló que antes de instalar a los colonos en los “territorios de la naciones indí- genas” había que firmar con ellas tratados donde aceptaban ceder sus tierras. En toda la franja sur del país, del este hacia el oeste, después de los traficantes de pieles y de los misioneros, llegaron los funcionarios a proponer tratados a los indí- genas: a cambio de una pequeña renta, los indígenas cedían su territorio, salvo una exigua “reserva”. Como resultado, las tierras indígenas legalmente reconocidas en Canadá representan actualmente solo el 0.5% del territorio del país (Commission royale sur les peuples autochtones, 1996: 32). En cuanto a la renta, encontramos cantidades como cuatro libras esterlinas por año, entregadas a cada jefe de familia, pagable en mercancías en los establecimientos de la Hudson Bay Company, que gozaba del monopolio comercial en el oeste y el norte del país.

El resto del territorio, ya considerado “tierra de la Corona”, fue parcelado y distribuido entre los colonos de origen europeo y sus descendientes. A pesar de la correlación de fuerzas muy desigual que imperó durante todo el proceso de firma de tratados (llamados en inglés surrenders, “capitulaciones”), actualmente los

indígenas de Canadá se apoyan en ellos para mostrar que en un momento de la historia, se reconoció su existencia como naciones y su soberanía sobre un territorio. La independencia de Canadá en 1867 no modificó las prácticas coloniales, sino que las sistematizó. La “Ley sobre los indígenas” (Indian Act) de 1876 tenía como objetivo final asimilar a los pueblos nativos. Supuestamente, una vez que estos adoptan suficientemente las costumbres, el idioma y la religión de los colonizado- res, serían “emancipados”; mientras tanto, vivirían en las reservas bajo la tutela del Estado. Desaparecieron de los textos las referencias a las “naciones indígenas”: sólo había “bandas”, una por reserva, cuyo sistema político propio se suprimió, y fue remplazado por un “jefe” y un “consejo” con poderes nominales. Los indíge- nas no tenían derecho de voto en las elecciones provinciales ni nacionales. En cada reserva, quien detentaba el poder real era el “agente” nombrado por el gobierno federal, encargado de vigilar la aplicación de la ley y de controlar los movimientos de la población. Si una reserva obstruía el desarrollo agrícola o si se necesitaban sus tierras por cualquier motivo, las personas indígenas podían ser desplazadas a otro lugar ‘para su bien’. Se mandaba a los hijos de las personas indígenas a internados, donde las congregaciones religiosas se encargaban de incorporarlos por la fuerza a

la religión y la cultura dominantes.

Buena parte del territorio canadiense (más de la mitad, al norte de la franja agrícola) nunca interesó a los europeos por ser inadecuada para la agricultura y la ganadería. No fue sino hasta mediados del siglo XX, en que los pueblos indígenas árcticos y hemiárcticos, como los inuit (esquimales), denes (athapascanes), cris e innus (montañeses), que habitan esta zona, comenzaron a sufrir el encierro en reservas como sucedía en el sur. Sin embargo, recibieron el impacto de la coloniza- ción: desde las epidemias recurrentes hasta la conversión al cristianismo y una paulatina sedentarización. La población indígena de esos territorios consiguió man- tener cierto equilibrio entre el sector de subsistencia (pesca y cacería para comer) y la economía de mercado, fundamentada en la cacería y venta de las pieles. Así se abastecían de medios de producción (escopetas, trampas, anzuelos) y de ciertos bienes de subsistencia (harina, ropa, etc.). Los mismos intereses de las companías pieleras necesitaban que los indígenas se quedaran en posesión de sus territorios de caza.

LA NUEVA INDUSTRIA EXTRACTIVA Y LOS TERRITORIOS DEL NORTE

La Segunda Guerra Mundial marcó un parteaguas para la economía del norte de Canadá, por dos motivos. En primer lugar, después de 1945, la economía pielera entró en una crisis profunda de la que no iba a levantarse: los cambios de moda, la competencia de animales de cría y de las pieles sintéticas fueron facto- res que mostraron la vulnerabilidad de esta monoexportación (Asch, 1977: 52).

Al mismo tiempo, con la guerra, Canadá y Estados Unidos (sobre todo éstos últimos) se habían dado cuenta de la vulnerabilidad de sus fuentes de abasteci- miento en recursos estratégicos, como el petróleo, por la presencia alemana en los mares. Empezó entonces un programa de exploración del norte canadiense, que reveló yacimientos de hidrocarburos, cobre, hierro, asbesto, uranio etc. Esta zona se convirtió en una inmensa reserva de recursos naturales, muy al alcance en caso de conflicto. Y como conflictos no faltaron, desde entonces (Guerra fría, guerra de Corea, guerra de Vietnam...) se continuó la exploración y se empezó la explotación del norte, al principio con capital estadounidense. Digo “se empezó” porque el norte tenía más bien carácter de reserva estratégica para nuestro ve- cino del sur: en tiempos de paz, los altos costos creados por el clima extremo y las distancias hacían poco competitiva la producción en comparación con los países del Tercer Mundo (por ejemplo el oro de Sudáfrica o el petróleo de Ve- nezuela).

Pero la expansión del capital extractivo al norte se enfrentaba con un pro- blema: la presencia de los indígenas, amerindios e inuit.1 Ahora menos afectados por la epidemias, su número empezó a crecer a partir de los años 1920. Algunos pueblos indígenas del noroeste cedieron formalmente sus tierras: cris, chipewyan y beaver (Tratado 8), y denes del norte (Tratado 11). A diferencia de los trata- dos anteriores, éstos no se hicieron para dar lugar a la colonización agroganade- ra, imposible por las condiciones climatológicas, sino porque se habían encontrado en el área importantes recursos mineros: oro (Tratado 8) y petróleo (Tratado 11) (Waldram, 1988: 36-39). Con la nación métis (mestiza) que también habita allá, no se negoció, puesto que el sistema canadiense de exclusión del estatuto indígena (Indian Act de 1876) no les otorgaba derecho alguno (Savard et Proulx, 1982: 143). Además, se habían sublevado dos veces en contra de la desposesión de sus tierras, y estas cosas no se olvidan fácilmente... En el norte de Québec no hubo ningún tratado ni con los cri-eeyou, ni con los nishnabe (al- gonquinos), ni con los innu, ni con los inuit: las empresas forestales, forma histó- ricamente dominante del extractivismo, talaron los bosques a su antojo en sus tierras, consideradas “tierras de la Corona”.

Después del 1945, las políticas indigenistas del gobierno canadiense se exten- dieron al norte. Como anteriormente en el sur, se trataba de concentrar a los nativos en algunos puntos, para que dejaran sus actividades de caza y pesca, para de esta manera “liberar” el territorio. Para ello utilizó la coyuntura de crisis de la

1 Los pueblos indígenas de Canadá se distinguen entre sí en dos categorías: los que históricamen- te fueron llamados “indios” o “amerindios” (ahora “Primeras Naciones”) y los “esquimales” (ahora inuit) que se encuentran en el extremo norte del país.

industria pielera, a la que hemos aludido. A cambio de una relocalización, tuvie- ron que mandar a sus hijos a los famosos “internados indígenas” del sur.2 Los indígenas no vieron llegar a miles de colonos europeos como en el sur, pero sí, tuvieron que acomodarse en el vecindario de empresas forestales, mineras e hidroeléctricas a las que les bastaba un permiso de los gobiernos, federal y pro- vincial para realizar sus operaciones.3 Los únicos núcleos permanentes de pobla- ción no-indígena eran pequeñas ciudades mineras o relacionadas con la transformación de la madera.

A principios de los años sesenta, el resultado de esta política fue la formación de una sociedad indígena menos homogénea en el norte de Canadá. Una parte creciente de la población se sedentarizó alrededor de las misiones y de los anti- guos puestos de comercio pielero. Otra parte de las familias siguió el modo de vida tradicional de caza y pesca, que obliga a largas expediciones en los bosques. Para los sedentarizados, era difícil mantener esas actividades, puesto que los alrededores fueron rápidamente desprovistos de animales, y los hombres solos no podían ausentarse mucho tiempo tierra dentro (sin las mujeres para cocinar y transformar las pieles). Creció la dependencia de las prestaciones del gobierno. A varios jóvenes que regresaron de los internados, el gobierno ofreció algún pues- to subalterno en la administración local o la enseñanza, esperando que fueran dóciles correas de transmisión de la nueva política de sedentarización-evacuación del territorio. Otros se emplearon como guías de turistas. A pesar de estos cam- bios, sin embargo, la “comida de monte” (carne y pescado) seguía siendo funda- mental en estas zonas donde el costo del transporte hace prohibitivos muchos alimentos importados (Rushforth, 1977). Un hecho muy significativo para el futuro, fueron las políticas educativas que estaban formando una intelectualidad nativa en las comunidades y en las ciudades. Esos jóvenes adquirían una visión mucho más precisa que sus padres del sistema político y legal del país y de las

2 Décadas después se escandalizó la opinión pública canadiense cuando los ex alumnos dieron a conocer los abusos físicos y sexuales a los que fueron sometidos en los internados.

3 En 1961, me tocó trabajar en una mina de hierro de tajo abierto en la Costa norte del Golfo del San Lorenzo. Para acarrear el mineral, la Quebec Cartier Mining, de propiedad estadounidense, construyó un ferrocarril de doscientos kilómetos hasta la costa: se tuvo que desviar el río Rivière- aux-Roches por el que transitaban los innus para sus territorios de caza. Por supuesto no hubo ni consulta ni indemnización. ¡La empresa se vanagloriaba de su generosidad al permitir a los indígenas de circular gratis en el tren para ir y venir entre sus campamentos y su pueblo en la costa! Veinte años después de su construcción, se arrasó la pequeña ciudad minera de Gagnon, dejando como testimonios de la presencia minera una montaña de escorias y un lago de aguas contaminadas.

luchas anti-coloniales que se llevaban en otras partes del continente y del mun- do. Estos jóvenes tomaron el liderazgo en los decenios siguientes.

“LIBRO BLANCO” Y “MANIFIESTO ROJO”:

“EL ‘NUEVO DESPERTAR INDÍGENA’”4

En 1968, fue elegido un nuevo primer ministro, Pierre Elliot Trudeau, cuyo pro- grama reformista pretendía transformar a Canadá en una “sociedad justa”. En 1969, el mismo gobierno propuso un “libro blanco” (white paper)5 para resolver “el problema indígena”: integrarlos de golpe, terminando con su estatuto especial, con el Indian Act de 1876 y con las reservas. Estas diminutas tierras donde vivía una gran parte de la población indígena era lo único que se consideraba entonces como “territorios indígenas”: el gobierno proponía cambiarlas en simples munici- pios y convertir a sus residentes en ciudadanos comunes. El “libro blanco” circuló y sus propuestas fueron rechazadas casi unánimemente por los indígenas. El escritor cri Harold Cardinal respondió inmediatamente con un libro titulado La sociedad injusta: la tragedia de los indios de Canadá. El libro decía, en sustancia: “la condi- ción deplorable de los indígenas de Canadá resulta de siglos de política injustas de parte de los gobiernos blancos y no se puede corregir esta situación con una injus- ticia mayor: privándolos de su identidad y de sus territorios” (Cardinal, 1969).

Este “manifiesto rojo”, que hizo obsoletas las propuestas del “libro blanco”, cristalizó la toma de conciencia creciente de un sector indígena joven y más educa- do. Bajo este nuevo liderazgo, se conformaron organizaciones indígenas que em- prendieron paralelamente la lucha jurídica y constitucional a nivel nacional y luchas regionales contra el despojo territorial que se aceleraba a manos de empre- sas extractivas.

Canadá —que no tenía aún constitución propia—6 era entonces el escenario de un cuestionamiento en otro frente: en la provincia francófona de Quebec amplios

4 Por supuesto esta expresión no significa que no hubo protestas indígenas antes de estas fechas contra el despojo territorial. La más célebre fue la “rebelión de los mestizos” que opuso en 1870 y de nuevo en 1885, los Métis de la pradera occidental a la expropiación a favor de la empresa ferrocarri- lera y de colonos de origen europeo. Fue derrotada por el ejército británico, y su líder Louis Riel, ahorcado en 1885.

5 En la tradición política canadiense, se llama white paper (“libro blanco”) un documento donde se expresa un programa legislativo, antes de detallarlo en proyectos de ley.

6 Canadá se hizo país soberano en 1867, no después de una lucha armada, como Estados Unidos o los países del antiguo imperio español, sino por un “acuerdo entre señores” (gentleman’s agree- ment): representantes de las provincias fundadoras elaboraron un documento que fue después apro- bado por el Parlamento de Londres bajo el nombre de British North America Act (“Acta de

sectores se inclinaban hacia la independencia. Se formó un partido independentista, el Parti Québécois, que ganó las elecciones provinciales en 1976. El gobierno fede- ral multiplicó los contactos con las autoridades provinciales con el fin de elaborar una constitución política que permitiera la incorporación definitiva de la provincia de Quebec. Los indígenas no fueron incluidos en las primeras rondas de negocia- ciones, que desembocaron en la Constitución Canadiense de 1981. Protestaron ante los tribunales, exigiendo el reconocimiento de sus derechos inherentes al territorio. La adopción de la Constitución canadiense (con abstención de Quebec) no puso fin a las reivindicaciones indígenas: más bien, la Corte Suprema declaró sus dere- chos territoriales “no extinguidos” por la creación del país y ordenó al gobierno federal negociar con sus representantes.

En este ambiente efervescente, durante las últimas cuatro décadas se desarro- llaron las luchas indígenas por su territorio, frente al Estado, federal y provincial, y frente a las empresas extractivas. Ésas luchas han sido marcadas por momentos de conflicto agudo, como la crisis de Oka-Kanehsatake, de 1990, movilizaciones pacíficas, como la peregrinación de los cris-eeyou hasta Estados Unidos, en 1995, actos políticos, como la Conferencia de Charlottetown de 1992 (fracasado el inten- to de incorporar a la vez la provincia de Quebec y los pueblos indígenas en el acuerdo constitucional de 1982) y el acuerdo regional entre los cris-eeyou y el Gobierno de Quebec de 2002, llamado La Paix des Braves (“La Paz de los Valien- tes”).

INDÍGENAS Y EXTRACTIVISMO : LOS CRI-EEYOU E HYDRO-QUÉBEC, ACTO 1

La crisis energética mundial de 1973 estimuló grandes proyectos de explotación de hidrocarburos y recursos hidroeléctricos en el norte del país, en territorios que nunca habían sido cedidos por los indígenas para la colonización. En los Territo- rios del Noroeste, los denes y métis iniciaron la lucha contra la construcción de un oleoducto norte-sur (Proyecto Foothills) por una transnacional canado- estadounidense (Arctic Gas).

En Quebec, el primer ministro Robert Bourassa, ya había anunciado lo que según él, iba ser la base de un nuevo despegue industrial para una provincia gol- peada por el cierre de empresas y la desocupación: una serie de megaproyectos hidroeléctricos en la Bahía de James, al Norte, bajo el alto mando de la paraesta-

Norteamérica Británica”). El Reino Unido conservó hasta 1917 el control de la política exterior y de la inmigración en el nuevo Dominion. Si bien se reconocía la autonomía interna de las provincias (entre otras la de Quebec, donde viven la mayoría de los francófonos) las “reservas indígenas” eran administradas directamente por el gobierno federal.

tal Hydro-Québec. Su finalidad: exportar electricidad al noreste de Estados Uni- dos, donde un aumento rápido del consumo hacía subir mucho el precio (alza que se aumentó después de la crisis del 1973). En su declaración pública, el Primer Ministro Robert Bourassa no hizo siquiera mención de los miles de cris e inuit (esquimales) que habitaban el área. Tampoco mencionaron a los oponentes al proyecto. Los indígenas todavía eran “el pueblo invisible”7. De hecho, los indígenas de allí fueron los últimos en ser informados en toda la provincia de Quebec acerca del megaproyecto.

La primera respuesta indígena organizada al proyecto de la Bahía de James vino de la Asociación de los Indios de Quebec (AIQ), formada unos años antes por Max GrosLouis, líder histórico de los wendats (hurones), concentrados cerca de la ciudad de Quebec. La AIQ demandaba compensaciones por las tierras indígenas de la provincia, expropiadas sin ser nunca cedidas por tratado. Estas incluyen los propios territorios de caza y pesca de los wendats, convertidos en “parque provin- cial” por el gobierno. La AIQ protestó contra la expropiación de la Bahía de James y convocó a varias reuniones con los miembros de los pueblos indígenas de Que- bec, entre ellos, a jóvenes cri-eeyou que estudiaban en las ciudades. Éstos, poco después, recorrieron las comunidades afectadas y entre todos decidieron formar su propia asociación, el Gran Consejo de los Cris. Exigieron negociaciones con el go- bierno provincial y la paraestatal, pidiendo para ello apoyo financiero al gobierno federal (en este momento en desacuerdo con el provincial sobre temas constitucio- nales).

En un primer momento, parecían muy pocas sus posibilidades de obtener cualquier victoria. Las dificultades de comunicación con los grupos de cazadores eran tremendas, pues se asentaban en las zonas más aisladas de Quebec. Además, la dimensión medioambiental de su lucha todavía no era evidente, puesto que Hydro-Québec basaba su publicidad en el tema de la “limpieza” ecológica de la electricidad, en comparación con los combustibles fósiles.

En 1972, los indígenas cri-eeyou de la Bahía de James reclamaron ante los tribunales la interrupción del mega-proyecto y, contra toda expectativa, el juez Albert Malouf ordenó una investigación a fondo sobre sus impactos, medioam- bientales y sociales, la que duró un año. Al final, el juez marcó un precedente importante en la historia del país, decidiendo que se debían suspender los trabajos en vista de los “perjuicios irreparables” que estos iban a causar a los autóctonos, quienes sacan su subsistencia de allí “desde tiempos inmemoriales” y “desean conti- nuar su modo de vida”. Además, retuvo el argumento de que la obra comprome-

7 Así se titula (La peuple invisible) la película de Richard Desjardins y Robert Monderie sobre los nishnabe (algonquinos) del centro-oeste de Quebec.

tía “su existencia propia como pueblo” (Malouf, 1973: 72). Las relaciones de los cri e inuit con el medio ambiente, tanto materiales como simbólicas, fueron, al parecer, el factor clave de la decisión, así como su oposición general al proyecto (ibid.). Por primera vez en la historia de Canadá, un tribunal establecía que los indígenas tenían derechos inherentes y permanentes a sus territorios, y no eran simples “ocupantes temporales” de las tierras públicas. La lucha de los cri-eeyou tuvo una repercusión pancanadiense y cuyo precedente legal sería citado en los años siguien- tes en todo en país.

El gobierno de Quebec, aunque logró hacer revertir la decisión por la corte de apelación, se vio obligado a negociar con las organizaciones indígenas un arreglo de conjunto, dando origen al Convenio de la Bahía de James. Este se firmó en 1975, con representantes indígenas de toda el área (salvo tres aldeas inuits disiden- tes). De forma similar a los antiguos tratados, ese “Primer Tratado Moderno” pretendía “extinguir” los derechos indígenas sobre la mayor parte del territorio, a cambio de una importante compensación monetaria, de obras de infraestructura y de un derecho de caza y pesca en todas las zonas no utilizadas. Aparecieron des- pués los impactos negativos: se mudó a un pueblo entero, se inundaron 11 mil kilómetros cuadrados de tierras de cacería y pesca de la cuenca del río La Grande, y la tasa elevada de methyl-mercurio en las represas (que resulta de la descompo- sición acelerada de millones de árboles y del humus de superficie) hizo peligroso por largo tiempo el consumo de pescado, principal alimento del pueblo cri. El control general del “desarrollo” del área quedó en las manos de la paraestatal Hydro-Québec, a través de su sociedad filial La Société de développement de la Baie James. Y las rentas entregadas a los indígenas por los diversos programas representan una ínfima parte de las ganancias de la paraestatal con la exportación a Estados Unidos de la energía de la Bahía de James.

Sin embargo, el proceso de negociación propició la creación de la primera enti- dad política indígena supra-comunitaria, el Gran Consejo de los Cri-Eeyou, cuyos representantes negociaron a nombre de todas las comunidades. El Gran Consejo exigió y logró obtener el manejo sobre la gestión de los recursos faúnicos. Para ello se creó el Programa de Seguridad de Ingreso para cazadores y pescadores, el cual fue responsable no sólo de la sobrevivencia de estas actividades, sino de cierta expansión. Varios indígenas habían tenido que abandonar las largas expediciones de caza y pesca tierra adentro, porque el valor muy reducido de las pieles las hacía ya incosteables. De 1975 en adelante, es un comité indígena de cada comunidad quien proporciona a los cazadores su equipo y sus víveres, permitiendo así el abas- tecimiento de las comunidades. Se observó un alza en el número de participantes, incluyendo muchos jóvenes (Feit, 1986).

El Gran Consejo se consolidó aún más después de las negociaciones. Si bien, jurídicamente, el Gran Consejo tiene un estatuto comparable al de un gobierno

municipal, su legitimidad dentro del pueblo cri-eeyou le permite enfrentarse a los niveles superiores de gobierno con una mayor posición de fuerza, como se vió en los años siguientes. A nivel político, los cris supieron manejar hábilmente la rivali- dad entre Ottawa y Québec. En efecto, después de la llegada al poder en Quebec del partido independentista (Parti Québécois), en 1976, el gobierno federal descu- brió que los derechos territoriales indígenas en Quebec podían constituir un fuerte obstáculo a la eventual independencia de la provincia francófona, puesto que las tierras indígenas del norte forman alrededor de la mitad de su superficie total.

INDÍGENAS Y EXTRACTIVISMO: LOS INUIT DE NUNAVIK8

Al norte de paralelo 55, la población de Quebec es inuit: 13 mil de ellos son casi los únicos habitantes de un territorio de 507 mil kilómetros cuadrados. Ya tenían cierta experiencia organizativa en las cooperativas de artesanos pero el Proyecto de la Bahía de James sirvió de detonador para su organización política: afectaba a tres comunidades inuit de la parte occidental. Se formó la Société Makivik para nego- ciar con los representantes de Hydro-Québec y del Gobierno. Poco después se creó la Administración regional Kativik, como primer paso hacia un gobierno autónomo del conjunto de Nunavik. En 1987, se organizó un referéndum en todas la comunidades, en el cual los inuit decidieron la elección de coordinación única, la Comisión constitucional de Nunavik (1989) para negociar su autonomía con los dos niveles de gobierno. Se estancaron las negociaciones, pero se reactiva- ron en 1999. El proceso fue largo y lento, con numerosas interrupciones, pero en 2007, la Société Makivik y los gobiernos provincial y federal firmaron un acuerdo sobre la transferencia de jurisdicciones en materia de educación, de salud y asisten- cia, de seguridad pública y de transportes. Las negociaciones, en las que participó el gobierno federal (que tiene jurisdicción sobre los inuit) implicaron esencialmente el sector de servicios. De entrada, como en el caso de otras áreas septentrionales, las decisiones finales sobre la explotación de los recursos de subsuelo quedaron en manos del gobierno, en este caso, provincial.

El acuerdo final sobre autononomía regional de Nunavik, firmado entre las partes en enero de 2011, preveía la creación de una asamblea regional de 21 miembros con su comité ejecutivo, de cinco. Dicho acuerdo fue rechazado por referendum en abril del mismo año (67% de “no”). Al parecer, tanto la poca parti- cipación (apenas 54%) como el rechazo tiene que ver con el bajo presupuesto asig- nado al gobierno regional, que no permite avanzar hacia la solución de los

8 “Tierra grande” en la variante oriental del idioma inuktitut (esquimal). El nombre fue adop- tado oficialmente por referéndum en 1986.

importantes problemas sociales que perciben los habitantes de la comunidades, como la insuficiencia de la vivienda, la deserción escolar y la violencia familiar.9

La negociaciones de los gobiernos con los inuit de Quebec nunca tuvieron el carácter antagónico que caracterizó las con los cri-eeyou. Los inuit del Nunavik no tienen en su territorio recursos naturales estratégicos que obliguen a las autorida- des políticas a negociar con ellos en términos favorables, aceptando estructuras autonómicas y proponiendo una renta importante a cambio de derechos de explo- tación.

En cuanto a sus relaciones con el sector extractivo, no hay datos públicos sobre las aportaciones económicas ni sobre el impacto ambiental de la única mina de Nunavik, Raglan Mine, propiedad de la transnacional Glencore, que extrae níquel al extremo norte del territorio. El mineral se exporta por barco durante la corta temporada cuando el mar está libre de hielo. La fundición se hace en Ontario y el níquel se refina en Escandinavia. El impacto social parece limitado. Siguiendo la modalidad más frecuente ahora, a los mineros (950, según la empresa) los traen por avión de la ciudad minera de Rouyn-Noranda, en el sur, para trabajar un turno intensivo de varias semanas. También traen por avión a sus pocos emplea- dos inuit (Raglan Mine, 2018). Obviamente, la administración regional no está en posición de exigir altas transferencias ni la creación de un determinado número de empleos locales.

El ejemplo de estos dos gobiernos regionales indígenas en Quebec, ilustra las posibilidades y los límites del marco legal y político canadiense en lo que toca a las relaciones de los pueblos indígenas frente a las empresas extractivas. En el mo- mento de la firma del Convenio de la Bahía de James, la unión de los cri-eeyou en el Gran Consejo, aunque no pudo impedir la inundación de sus tierras, logró presionar a la paraestatal Hydro-Québec y al gobierno lo suficiente para conseguir una importante redistribución económica. Sobre todo, se formó una organización que les servirá más tarde, como veremos. Los inuit de Nunavik tambien pusieron en pie entonces una organización regional, pero en ausencia de recursos naturales estratégicos, no pudieron ejercer tales presiones. Al mismo tiempo, sin contraparte económica significativa, las bases se desinteresaron del proceso, de tal modo que ni se logró la etapa final del autogobierno.

9 Gouvernement du Québec (2011). Para una descripción de estos problemas cotidianos, véase Breton, 2012.

1990: LA CRISIS DE OKA-KANEHSATAKE Y SUS EFECTOS

En 1990, la lucha territorial de las Primeras Naciones se desplazó abruptamente del nivel económico al nivel político, y se hizo más violenta. Los mohawk (ganienkeha- ka) de la comunidad de Oka-Kanehsatake, situada a unos pocos kilómetros al norte de Montreal, están asentados en un territorio en el que la congregación religiosa de Saint-Sulpice pretende tener derechos señoriales.10 A principios de 1990, los religio- sos vendieron a un promotor inmobiliario un pinar, porción sustancial de su territo- rio, para la construcción de un campo de golf y de un conjunto de residencias privadas de lujo. Este terreno incluía nada menos que el cementerio de la comuni- dad. El 11 de marzo de 1990, jóvenes mohawks, pertenecientes a la Sociedad de los Guerreros (Warriors) erigieron una barricada simbólica en el camino que lleva al pinar. A fines de abril, la carretera que lleva al pueblo estaba completamente blo- queada por Warriors armados. La tensión subió durante las semanas siguientes. El 29 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Quebec ordenó el desmantelamien- to de la barricada: los mohawks se negaron. La policía rodeó la comunidad y, el 11 de julio, se lanzó al asalto: un policía resultó muerto. Se retiró la tropa, mientras que los mohawks de otro pueblo, Kahnawake, cerraban uno de los puentes de acceso a Montreal, en solidaridad con los de Kanehsatake, y abastecían por el río a sus her- manos. El 11 de agosto, a petición del gobierno de Quebec, 2500 soldados del ejérci- to canadiense sitiaron Oka-Kanehsatake. La Confederación Iroquesa de las Seis Naciones (Ho-De-No-Sau-Nee, a la que pertenecen los mohawks) propuso su mediación y firmó un acuerdo con el ministro quebequense delegado para asuntos indígenas, John Ciaccia, el cual, el gobierno nunca quiso ratificar. Sin embargo, el 31 de agosto se levantaron las barricadas. A fines de septiembre, se rindió el último grupo de los insurrectos. Hubo cuarenta detenciones y acusaciones de homicidio. Después de un largo pleito salieron libres los acusados. El pinar quedó de la comu- nidad.

La “crisis de Oka” tuvo repercusiones en todo Canadá. Más allá del pésimo ma- nejo de la situación por el Gobierno de Québec, presidido por Robert Bourassa, la

10 Durante la colonia francesa (1608-1760), se implantó en el valle del San Lorenzo un sistema de tenencia señorial similar al que imperaba en la metrópoli. Es así como los monjes sulpicianos obtu- vieron una merced de tierras, la Seigneurie du Lac-des-deux-Montagnes, con tal de que “velasen por el bienestar” de los indígenas allí asentados. El sistema señorial quedó suprimido en 1854, pero varias congregaciones religiosas lograron sustraerse a la reforma. Sin embargo, su título señorial no es equivalente a la propiedad privada y no permite expulsar a los usuarios de la tierra, como lo preten- dió la congregación. Para un análisis detallado de lo sucedido en Oka-Kanehsatake, véase Trude, 2009.

crisis reveló a la opinión pública canadiense y a los políticos de turno que bajo la apariencia de paz y orden (otro “modelo canadiense”), crecían los problemas y que una población indígena cada vez más numerosa, educada y consciente de sus dere- chos, cuestionaba el viejo molde del Indian Act, con cien años de antigüedad, y que sabía acudir a la acción directa cuando sus derechos le eran negados.

Así se entiende porqué, para la conferencia constitucional de Charlottetown, en 1992, a diferencia de las anteriores, el gobierno federal invitó a las cuatro principales organizaciones indígenas de Canadá: la Asamblea de Primeras Naciones, que agrupa a los jefes de las reservas indígenas, el Consejo Nacional de Indígenas de Canada, que representa a los que viven fuera de las reservas; Inuit Tapirisat de Canadá, que reune a los inuit y el Consejo national de los mestizos [Métis], que reclaman también el estatuto de pueblo indígena. Con los representantes de las diez provincias, exami- naron el documento de base “Construir juntos el porvenir de Canadá” (Construire ensemble l’avenir du Canada) e hicieron propuestas. Al final de sus deliberaciones propusieron la descentralización de varios poderes y recursos federales hacia las provincias. Esto incluía el estatuto de “sociedad distinta” para Quebec y, por primera vez, el derecho a la autonomía gubernamental para los pueblos indígenas. El Acuerdo de Charlottetown fue sometido a un referendum pancanadiense… y re- chazado por 54.3% de los votantes. Para muchos canadienses, eran demasiadas con- cesiones a los quebequenses y a los indígenas mientras que, para estos, eran demasiado pocas. Sin embargo, salían ganando las Primeras Naciones, pues se les reconocía ya como parte integrante de la diversidad canadiense.

1991-1996: LA COMISIÓN REAL SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS SECUELAS

El fracaso de las conferencias constitucionales, después del 1982, indicaba la imposi- bilidad, en ese momento histórico, de proponer un modelo de país que convenga a todos los componentes étnicos y territoriales de Canadá. Mientras tanto, en 1991, se había nombrado una Commission Royale Sur les Peuples Autochtones (CRPA) para hacer un diagnóstico (¡uno más!) y proponer soluciones. La gran innovación fue que de siete comisarios, cuatro eran indígenas. Al igual que sus dos co-presidentes, el abogado quebequense René Dussault y el líder dene Georges Erasmus, se tomaron el encargo muy en serio.

Según su informe, el gobierno canadiense debía “reconocer los perjuicios que el colonialismo había causado, privando a las naciones indígenas de sus tierras y sus recursos, y perturbando su vida familiar, sus prácticas espirituales y sus estructuras de gobierno” (CRPA, 1996: 27). Porque los pueblos indígenas son naciones y tienen “derecho a dirigir sus vidas y de controlar sus gobiernos y sus tierras, no como un favor… sino como derecho inherente de pueblos que habitan un territorio desde tiempos inmemoriales” (ibid.: 26). La Comisión proponía reconocer tres órdenes de gobierno en el país: el federal, el provincial y el indígena (ibid.: 25). Esos tres órdenes

compartirían la soberanía, de la misma forma que hoy la comparten el gobierno federal con las provincias. Por supuesto, a la par de las nuevas responsabilidades, se debían repartir los recursos financieros. La Comisión insistía sobre el hecho que la autonomía no podía ser un derecho de los cientos de pequeñas comunidades entre las que se encuentran hoy día divididos los indígenas en el país: “Este derecho perte- nece a grupos de cierto tamaño” que hay que “reedificar como naciones” (ibid.: 25-26).11 Se trataba nada menos que de refundar el país.

Cuando la Comisión entregó su informe, en 1996, el gobierno federal había cambiado. El nuevo primer ministro, Jean Chrétien, antiguo ministro liberal de asuntos indígenas, tenía su propio plan. Recibió el voluminoso informe con mucho respeto. Se aceptó la idea de compensar por los graves abusos, físicos y sexuales, sufridos por los niños indígenas en los internados. Rescató el concepto central de “primeras naciones” pero no las identificó con los “grupos de cierto tamaño” como son las regiones cris, innus, inuit y otras, que cuentan cada una con miles de miem- bros en decenas de comunidades. En lugar de eso, determinó que cada una de las seiscientas pequeñas aglomeraciones indígenas del país constituían una “Primera Nación” susceptible de ejercer la autonomía. Y hacia cada una de ellas, el gobierno federal fue descentralizando algunas funciones administrativas, educativas, de salud, para que llevaran a cabo un autogobierno. Así, el Estado canadiense mataba dos pájaros de un tiro. Por una parte, mantenía casi intacta la estructura político- territorial de las reservas, sin entrar en el laborioso proceso de crear un nuevo nivel de gobierno “fundado sobre la nación” tal como fue propuesto por la CRPA. Por otra parte, como la estrecha base territorial de las reservas no contenía recursos que permitieran una independencia económica, las autoridades indígenas “autónomas” iban a depender casi exclusivamente del Gobierno para su financiación. Se puede decir sin exageración, que el dominio brutal de antaño, encarnado en la persona del “agente”, se cambiaba por un paternalismo más sútil, que creaba redes clientelares con el nuevo liderazgo indígena.

UNA CASI-PROVINCIA INUIT: EL NUNAVUT

Este sistema de auto-gobierno, que se instala en los años noventa quisiera ser flexi- ble. Sin embargo, puede incluir importantes excepciones, particularmente en la mitad norte de país, donde la población indígena, amerindia e inuit es mayoritaria en las inmensas extensiones que no han cedido por ningún tratado. La más notoria de esas excepciones es el Nunavut, territorio autónomo de dos millones de kilóme-

11 Llama la atención la cercanía entre “entes de suficiente tamaño” y las regiones indígenas au- tónomas, con sus territorios propios, como las que se mencionan en el Acuerdo de San Andrés de 1996… la cuales tampoco fueron reconocidas por el Gobierno mexicano.

tros cuadrados formado en 1999 a partir de la mitad oriental de los territorios del noroeste. Tiene una población de apenas 32 mil habitantes, casi exclusivamente inuit, esparcidos en pueblos y caseríos a lo largo de las costas e islas. En 1971 se formó la Inuit Tapirisat Kanatami (“Fraternidad Inuit de Canada” - ITK) con el fin de “ha- blar de una sola voz sobre el desarrollo del Norte y preservar la cultura inuit” (Ao- dla Freeman, 2011). Durante décadas reclamaron una mayor autonomía. De repente, el gobierno se mostró favorable y negoció con ITK la autonomía guber- namental de ese territorio, más extenso que varias provincias canadienses. Tiene su capital, Iqaluit, con una Asamblea legislativa de 22 diputados, un primer ministro, secretarios de salud, de educación, etc. La asamblea funciona por consenso y no se admiten partidos políticos. Sin embargo, la organización pancanadiense Inuit Tapiri- sat Kanatami a la que pertenecen diputados y miembros del gobierno, sigue tenien- do un papel importante en la formulación de políticas.

¿Cuál fue la causa del cambio de actitud del gobierno federal? El calentamiento global que hacía posible la navegación en las aguas circumpolares propició la llegada de barcos con banderas extranjeras, principalmente estadounidenses, a una zona que Canadá considera parte del territorio nacional. Para proteger las tierras circumpola- res de esas incursiones, la mejor solución pareció ser declararlas “territorio indígena autónomo”.12 La autonomía otorgada, sin embargo, no incluye los recursos del sub- suelo, que siguen de jurisdicción federal. El gobierno federal es el que otorga los permisos a los que quieren extraer oro, hierro o diamantes. El acuerdo tampoco incluye la responsabilidad sobre los recursos marinos, como lo realizaron las nuevas autoridades inuit: a principios del milenio, la Secretaría de Pesca Federal transfirió a la flota pesquera de Terranova, la mitad de las presas autorizadas del codiciado halibut negro. Sin control sobre los recursos naturales básicos, al gobierno territorial le queda administrar las actividades de caza y pesca tradicional, así como los servicios de educación, salud, transporte y vivienda. Se enfrenta también con un problema económico similar a las diminutas reservas del sur: el gobierno federal es el que proporciona el financiamiento y el que determina, en última instancia, la orientación de las políticas territoriales (Castro-Rea y Altamirano-Jiménez, 2008).

A pesar de esas limitaciones, los inuit de Nunavut lograron un nivel de autono- mía y de institucionalidad que les pueden envidiar muchos pueblos autóctonos del país. A diferencia de los cri-eeyou, no lograron su estatuto actual por ser propietarios

12 En los años 1950, el gobierno canadiense procedió de forma más brutal para asegurar su sobe- ranía sobre el Arctico canadiense : se deportaron a ocho familias inuit de la comunidad de Inukjuak, en el norte de Quebec, a Resolute y Grise Fjord, en las islas árcticas. Y cuando éstos pidieron el regreso frente a las condiciones extremas que encontraron allá, simplemente se les negó. (Anónimo, s.f.a., art. “Nunavik”; veáse también el documental de M. Lepage, 2009).

de un recurso natural codiciado: es la posición estratégica de su territorio que incitó el gobierno a hacerles concesiones autonómicas.

LAS TRAMPAS DEL ESTATUTO DE “NACIÓN”: LOS INNUS (MONTAGNAIS) DEL NORESTE DE QUEBEC

Los casos de autonomía sobre vastos territorios que consiguieron los inuit de Nu- navut y Nunavik y de los cris de Eeyou Istchee son excepcionales en el contexto canadiense. La inmensa mayoría de los pueblos indigenas viven dispersos en una multitud de comunidades pequeñas con población de unos cientos o unos miles de personas, separadas entre sí por zonas pobladas por no-indígenas. La ausencia de unidad política debilita enormemente su capacidad para enfrentar a los poderosos intereses del exterior. Por ejemplo, entre los 16 mil innus de la parte nororiental de Quebec, las empresas forestales y mineras operaron históricamente sin tomar en cuenta para nada la presencia de los grupos indígenas. Lo mismo hicieron los poderes públicos. En 1980, varios países de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a invitación de Canadá, empezaron a utilizar la base aérea de Goose Bay, en Labrador (Terranova), para realizar vuelos militares en territorio innu. Por su parecido a la taiga rusa, se ensayaba allí una invasión simu- lada a la Unión Soviética pasando por Siberia. La simulación consistía en vuelos de baja altitud (para evitar supuestos radares) sobre los ríos a velocidades muy altas, produciendo una contaminación sonora tremenda, que perturbaba a la fauna así como la vida cotidiana de las familias de cazadores que viajan en canoa y acampan en las riberas. A pesar de las protestas, tanto a nivel local como pancanadiense, solamente hasta 2005, o sea mucho después de la implosión de la URSS, los vuelos pararon (Wikipedia b s.f.). Hay que agregar que la población no-indígena de la ciudad de Goose Bay era muy favorable a los vuelos de las fuerzas aéreas de la OTAN, por el derrame económico que dejaban.

Algunas comunidades innus formaron, en 1980, el Consejo Tribal Mamuitun para distribuir servicios y empezar negociaciones con el gobierno de Quebec sobre territorio y autonomía. Pero prevalecieron las fuerzas centrífugas así que en la práctica, hoy día, cada una de la nueve comunidades innu de Quebec ha tomado del título de “Primera Nación” y negocia separadamente con las empresas extrac- tivas, incluyendo la paraestatal Hydro-Québec, sobre megaproyectos como presas o líneas de alta tensión. Los datos parecen indicar que la empresa es la que está ganando de esta división. Por ejemplo, en la cuenca del río Oloman, donde Hydro-Québec decidió hacer la megapresa La Romaine, se están pudriendo miles de metros cúbicos de madera de pino. Los cortaron los innus en la zona inundable con la promesa de poder venderlos a un aserradero en la costa, según el acuerdo firmado con Hydro-Québec. Pero el dueño del aserradero prefirió cerrar sus

puertas para no pagar el precio que pedían los madereros innus. Hydro-Québec se desentendió del asunto.

Las líneas de alta tensión de la paraestatal a menudo cruzan tierras innus. Una táctica común de la empresa, cuando se alargaban las negociaciones con las autori- dades comunitarias, consistió en mandar a cada familia un cheque de unos cientos de dólares diciendo que era un “anticipo” sobre el monto que se pagaría después. El resultado fue que las familias presionaron a las autoridades a que acepten rápi- damente la oferta de la empresa, para recibir el remanente.

En este contexto de “dividir y reinar” entre los innus, el caso de la comunidad de Ekuanitshit es único, pero vale la pena ser mencionado. Situada en la orilla Norte del Golfo del San Lorenzo, esta pequeña comunidad innu reivindica dere- chos de cacería y pesca sobre la isla Anticosti, en una gran superficie y escasamente poblada. En 2014, se supo que la empresa canadiense Petrolia tenía un permiso oficial para hacer exploraciones de hidrocarburos en Anticosti. Los habitantes (no- indígenas) de la única aglomeración de la isla, Port-Menier, estaban divididos entre los partidarios del “desarrollo” petrolero y los que estimaban que arruinaría el ambiente isleño, particularmente los pocos ríos y puntos de agua dulce.13 El jefe de Ekuanitshit, Jean-Charles Pietacho, tomó cartas en el asunto y demandó a Petrolia por violación de los derechos territoriales de los innus de su comunidad: no habían sido debidamente consultados, como lo exije la Declaración de los dere- chos de los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2007), ratificada por Canadá. Piétacho consiguió el apoyo de las autoridades muni- cipales de Port-Menier y alertó a la opinión pública de Quebec sobre la posible contaminación del río por las aguas residuales.14 En 2017, el gobierno de Quebec se vió obligado a rescindir el permiso de Petrolia… ¡dándole una compensación de 92 millones de dólares!

En ausencia de unidad suficiente entre las comunidades innus, Ekuanitshit buscó y logró el apoyo de vecinos no-indígenas y también el apoyo difuso de una opinión pública, cada vez más sensible a la problemática medioambiental.

13 La isla está rodeada de agua salada. Solamente en la fase exploratoria, Petrolia necesitaría 30 millones de litros de agua dulce. Si llegará a la fase de explotación, prevista a durar cincuenta años, serían 45 000 millones de litros que serían necesarios, lo que rebasa la totalidad de las reservas de Anticosti.

14 Es importante subrayar que la opinión pública de Quebec, a menudo indiferente frente a las contaminaciones que parecen lejanas, se conmueve rápidamente cuando se trata de la cuenca del río San Lorenzo, al que se identifica históricamente y en la que viven seis de los ocho millones de Qué- bécois. Se pudo ver cuando el gobierno autorizó la explotación de gas de esquisto y el trazado de un oleoducto en la cuenca: ambos proyectos fueron bloqueados por la presión popular (2012 y 2016).

LA PAIX DES BRAVES:15 LOS CRIS-EEYOU E HYDRO-QUÉBEC, ACTO 2

Hemos visto la lucha muy desigual que opusieron las comunidades cri a la paraes- tatal Hydro-Québec a partir de 1970. Algunos consideraron que los indígenas habían perdido esta lucha, puesto que sus representantes, frente a lo inevitable de la obra que seguía construyéndose, firmaron un Convenio en el que se aceptaba la inundación futura de cientos de kilómetros cuadrados de sus territorios a cambio de prestaciones financieras. Como lo sugerimos ya, el resultado principal de esta lucha no fueron las pocas ventajas obtenidas, sino la constitución misma del Gran Consejo de los Cris, que los indígenas primero y los gobiernos después, aceptaron como un representante legítimo de toda la etnia, sin quitar la autonomía a las comunidades que lo componen.

La importancia política de este cambio apareció en los años 1990, cuando se planeó otro megaproyecto hidroeléctrico para la Bahía de James. Como en el primer caso, se trataba de inundar cientos de kilómetros cuadrados para exportar energía a Estados Unidos. La paraestatal Hydro-Québec, confiada en los “dere- chos” que le otorgaba el Convenio de la Bahía de James, no había hecho ninguna negociación previa con los pueblos afectados.16 Pero ahora, los cri-eeyou ya no eran un conjunto de comunidades casi incomunicadas entre sí y con el exterior. Además sabían que podían contar con cierto apoyo en la sociedad civil canadiense. La cons- ciencia ecologista se había desarrollado y la opinión pública en Canadá ya estaba enterada de la contaminación y destrucción ambientales que habían resultado de las presas hidroeléctricas anteriores. A los líderes cris-eeyou este apoyo a nivel canadiense pareció todavía insuficiente. Decidieron ampliar sus contactos al sur de la frontera, principalmente con organizaciones medioambientalistas estadouniden- ses, como Sierra Club y Green Peace. Grupos de indígenas se desplazaron hasta los estados del noreste y efectuaron una campaña pública para persuadir a los gran- des compradores de electricidad de Quebec (como el New England Power Pool) de no comprar la futura energía eléctrica.

Esa lucha simbólica fue eficaz. En marzo de 1995, el nuevo primer ministro de Québec, Jacques Pariseau, (del Parti Québécois, independentista) harto de la cam- paña de desprestigio de Hydro-Québec y deseando que su gobierno se llevara

15 “Paz de los Valientes”. El nombre proviene del tratado de paz firmado en Montreal en 1701 entre las autoridades coloniales francesas y pueblos indígenas que habitaban desde los Lagos Mayo- res hasta la costa Atlántica.

16 Aunque el gobierno canadiense nunca quiso firmar el Convenio 169 de la Organización Inter- nacional del Trabajo (OIT, 1989) se adhirió más tarde a la Declaración de los Derechos de los Pue- blos Indígenas (2007). Ésta, aunque no es vinculante como el Convenio, define en forma similar el derecho a la consulta.

muy bien con los inversionistas estadounidenses, anunció que suspendía indefini- damente las obras. Los cri-eeyou habían mostrado que podían juntar suficiente fuerza para parar un proyecto hidroeléctrico de cientos de millones de dólares, promovido por el propio Estado. Más aún, habían mostrado que la política de enfrentamiento con los grupos indígenas, que había remplazado el desprecio tra- dicional, se revelaba contraproducente y que el Estado tenía que establecer otro tipo de relaciones con los pueblos indígenas de Quebec.

El proceso de reencuentro con las Primeras Naciones no fue sencillo. Después de décadas de enfrentamientos y años de discusiones y negociaciones, el 2 de fe- brero 2002 se firmó entre Bernard Landry, primer ministro de Quebec y Ted Moses, Gran Jefe de los cris, un documento que echaba las bases de las relaciones económicas y políticas durante cincuenta años. A nivel político, el documento aclara, de entrada, que se trata de un acuerdo “de nación a nación” entre los cri- eeyou, representados por el Gran Consejo de los Cris y la nación quebequense (nation québécoise) representada por el Gobierno de Quebec. Hasta entonces, ninguna de las dos partes reconocía plenamente a la otra ese carácter de “nación”. Para los funcionarios del Gobierno, los indígenas eran “pueblos” o “comunida- des”; para los indígenas del norte, Québec era una división provincial de la “na- ción canadiense”. Al reconocer al otro una dignidad igual a la propia, se abandonaron esos prejuicios frutos de la historia y se buscó “una nueva relación findada sobre la cooperación, la confianza y el respeto mutuo”.

En consecuencia directa de los anterior, el Gobierno de Quebec abandonó la noción de extinción de derechos territoriales indígenas en los tratados y acuerdos con los cris. Recordemos que el Acuerdo de la Bahía de James, firmado en 1975, al igual de los tratados históricos, reducía el territorio indígena al 5% de la superficie original (“tierras de categoría 1”) mientras que los nativos podrían tener usufructo del resto (“categorías 2 y 3”) hasta que el gobierno les encuentre otro destino. En 2002 se borraron estas divisiones. Ahora todo el territorio al sureste de la Bahía de James es Eeyou Istchee, “la tierra del pueblo cri” y éste, a través del Gran Conse- jo, habla con una voz unificada.

Dentro de ese territorio, los cris “tomarán la responsabilidad de las políticas gubernamentales hacia ellos, y el gobierno de Quebec les va hacer los pagos para hacer frente plenamente a estas responsabilidades” (Grand Council of the Cree, 2002). Eso implica transferir 50 milllones de dólares anuales entre 2005 y 2052.17 Las áreas prioritarias son crear empleos y suprimir el atraso en la construcción de

17 En 2003, las transferencias gubernamentales se establecieron en 23 millones de dólares, y en 2004, en 46 millones. (Québec-Cree Agreement – La Paix des Braves, Secrétariat aux affaires autoch- tones du Gouvernement du Québec, doc. electr. Consultado el 6 de agosto de 2018.

viviendas y saneamiento ambiental. También se van a apoyar a los cazadores tradicionales, a los artesanos y artesanas y a los empresarios indígenas.

Por supuesto había una contraparte. En el Convenio de la Bahía de James de 1975, los indígenas habían “cedido” a la fuerza la mayoría de sus tierras. Sin em- bargo, en 1995, habían manifestado con éxito que veían como injusto este conve- nio y que se consideraban todavía dueños de todo Eeyou Istchee. Ahora los cris aceptaban el desarrollo hidroeléctrico futuro en los ríos Eastmain y Rupert.

La Paix des Braves era más precisa en lo que toca a la hidroelectricidad que en los temas forestal y minero, que incumben al sector privado. En cuanto a la explo- tación de los bosques al sur de Eeyou-Istchee, que representan 10% de la superfi- cie boscosa de Quebec, se menciona simplemente que “se adaptará el régimen forestal de Quebec al modo de vida tradicional de los cris, para asegurar el desa- rrollo sustentable y la participación indígena”. A nivel de la minería, el texto es más impreciso aún: propone la creación de una “Cámara de Exploración Minera” en la que los cris estarán involucrados (idem).

Después de la firma de este convenio, las dos partes se mostraron igualmente optimistas. El Gobierno de Québec dijo “encarar con confianza el desarrollo eco- nómico del territorio de la Bahía de James hacia un futuro común de prosperidad y cooperación”. El nuevo acuerdo agregaría 1500 megawatios al potencial de la paraestatal Hydro-Québec, e implicaría una inversión de 4 mil millones de dólares de su parte. Se preveía la creación de 10 500 empleos durante la fase de construc- ción (nueve años). Es interesante notar que mientras en el período anterior, los cri- eeyou se apoyaron sobre el Gobierno federal para presionar al de Quebec, este vez, el líder Matthew Coon-Come, subrayó recientemente que el gobierno federal debería inspirarse de este acuerdo en sus propuestas los otros pueblos indígenas de Canadá (Anónimo, 2018). En otras palabras, ¡los cri-eeyou proponían La paix des Braves como ‘el modelo canadiense’!

Si examinamos sus consecuencias concretas, observamos que el Gobierno de Quebec efectuó las transferencias económicas previstas en el acuerdo. De esta for- ma, las comunidades de Eeyou Itschee (la ribera oriental de la Bahía de James) se comparan hoy muy favorablemente, a nivel de su infraestructura y de servicios, con las de la ribera occidental, situadas en Ontario, donde no hubo este tipo de acuerdo.

Las promesas de empleo para los indígenas fueron cumplidas, al menos par- cialmente. Si tomamos como ejemplo el río Eastmain, Hydro-Québec indica que, para la construcción de las presas, de los 15 mil trabajadores que se emplearon entre 2002 hasta 2007, casi dos mil (13%) fueron indígenas. Por su parte, los em- presarios cris obtuvieron contratos por valor de 430 millones de dólares (Hydro- Québec, 2014). Una proporción importante de dichos empresarios son dueños de

camiones y maquinaria, y acarrearon tierra y roca para la empresa; otros tomaron pequeños contrato de desmonte.

A nivel medioambiental, la inundación de 603 kilómetros cuadrados de riberas boscosas modificó de forma importante las condiciones de vida de los cris. Varios territorios de caza fueron anegados, obligando los cazadores a relocalizarse, en la medida de lo posible. Sus rutas de transporte tradicionales, por los ríos, tuvieron que ser modificadas.

Para evaluar en forma conjunta con los cris los efectos de la presa sobre el medio ambiente y “mitigarlos”, se elaboró le Acuerdo Nadoshkin. Varios comités de indígenas y de “expertos” estudiaron temas como el impacto sobre la vegeta- ción, la fauna terrestre y acuática, la erosión de las riberas y el nivel de mercurio en los peces. El cambio del curso del río afectaba directamente la fauna acuática, base de la alimentación cotidiana de la mayoría de los habitantes del área. Se dio una atención especial al esturión de lago, un pez de gran tamaño particularmente apreciado por los indígenas. Se logró mejorar sus zonas de desove y parece que se aclimató en la gran balsa que creó la presa, disminuyendo el peligro de su extin- ción, condición que persiste hasta hoy. En lo que toca a los mamíferos, se proyectó relocalizar a los castores que tenían varias colonias en la zona que quedaría inun- dada. Este roedor acuático tiene una gran importancia para los cazadores, que lo capturan con trampas: se come su carne y su piel tiene un valor comercial. Esta vez, el costoso intento de relocalización fracasó y se decidió su eliminación. Como compensación a los cazadores cuyas líneas de trampas quedaron debajo del agua, se les dió contratos de desmonte. También participaron en labores de limpieza de los troncos y otros restos de vegetación que se quedaban flotando en el agua, y cuya presencia constituía un riesgo para la operación de las turbinas.

La rápida descomposición de una enorme cantidad de materia vegetal tiene como consecuencia la liberación del mercurio que contiene; las bacterias lo trans- forman en metilmercurio, que los peces asimilan y que ingieren los que lo consu- men. Una concentración excesiva en la sangre produce en los humanos la enfermedad llamada “mal de Minamata”.18 Las medidas efectuadas en las pobla- ciones de peces del área inundada mostraron una elevación sensible de la tasa de mercurio en su carne, pero —siempre según la empresa— por debajo del nivel dañino para los humanos.

18 El nombre viene una ciudad de Japón donde se manifestó primero, como resultado de la acti- vidad industrial. Entre los grupos indígenas del norte de Canadá, se observaron síntomas similares, tanto por el mercurio que se usa en la lixiviación del oro (y luego se echa a los ríos) como por el que libera la putrefacción de miles y miles de árboles, en las tierras inundadas.

Si queremos evaluar el impacto de nuevo acuerdo La Paix de Braves sobre las relaciones de la paraestatal con los cri-eeyou de forma general, se puede notar que la empresa ha hecho esfuerzos por “mitigar” los impactos negativos de las presas sobre el medio ambiente y la vida de los cri-eeyou, asociándolos a los estudios y a las soluciones, a diferencia de los que pasó en los años 1970. Más importante aún, asoció a los nativos a la producción del conocimiento ambiental y a la ejecución de las medidas tomadas. Sin embargo, las medidas tomadas tenían que ser compati- bles con el desarrollo ‘normal’ del proyecto, como lo ilustran los casos de los estu- riones y de los castores de la zona afectada. Parece que los primeros sobrevivirán, mientras que el mamífero más preciado por los cazadores fue simplemente elimi- nado. En estas condiciones no extraña que la mayor oposición a los megaproyectos siga viniendo del sector tradicional de la población que todavía vive del bosque y del río. Este es ahora minoritario en las comunidades y su opinión no pesa tanto como en 1975 a la hora de expresar un “consentimiento libre e informado”.

LOS CRIS-EEYOU Y LAS MINERAS HOY: URANIO Y ORO

Ya mencionamos que el acuerdo básico de 2002 entre los cris y el Gobierno de Quebec se refería, aunque de forma muy general, a la exploración minera. A fines de los 2000, Strateco Resources descubrió un importante yacimiento de uranio en la montañas Otish, cerca del límite oriental de Eeyou Istchee. La empresa obtuvo los permisos de operar la mina Matoush de los dos niveles de gobierno, federal y provincial. En octubre 2012, la Comisión Canadiense de Seguridad Nuclear (CCSN) también dió su visto bueno. Pero el recién electo gobierno de Québec, debía parte de su victoria electoral a la fuerte protesta de la primavera de 2012 (le printemps érable - “la primavera de los arces”). Al movimiento estudiantil se habían unido entonces grupos ecologistas que denunciaban los permisos de exploración y trans- porte de hidrocarburos en el valle del San Lorenzo. En este contexto, el Comité de Evaluación de Impactos Ambientales y Sociales condicionó su permiso a la aprobación por la nación cri, en medio de las protestas de la empresa que no ad- mitía que “terceros” pudieran decidir del porvenir de la mina (CBC News, 2013). Pero los “terceros” ya habían tomado cartas en el asunto: en agosto de 2012, el Gran Consejo de los cris rechazó rotundamente las pretensiones de la CCSN sobre el carácter ecológicamente irreprochable de la futura explotación y declaró una moratoria permanente de cualquier exploración, explotación, transformación o almacenamiento de uranio en Eeyou Istchee. Bajo la presión de las organizaciones indígenas y de la opinión pública, a pesar de una fuerte oposición del sector em- presarial, el Gobierno de Quebec decretó el 4 de abril 2013 una moratoria sobre la minería de uranio en la provincia hasta que una comisión independiente hubiera estudiado toda la cuestión de su impacto ambiental y de su aceptabilidad social.

Para asegurarse que todo no iba a quedar a nivel de palabras, el 24 de noviembre 2014 decenas de jóvenes cris marcharon ochocientos kilómetros desde Mistissini, el pueblo indígena más cercano a la mina propuesta, hasta Quebec, donde tenía sus sesiones la Comisión (APTN National News, 2014). El resultado es que hasta la fecha se mantiene la moratoria.

Sin embargo, el uranio no es la única riqueza de Eeyou Istchee que atrae al capital extractivo. A principios de los años 2000, un prospector topaba con un enorme yacimiento aurífero a 375 kilómetros de la costa en la cuenca del río Wemindji. Contrariamente a la mina de uranio, este proyecto minero fue aceptado tanto por la comunidad local de Wemindji como por el Gran Consejo y la mina, una de las mayores en Quebec, en operación desde 2012. ¿Cómo se puede explicar esa diferencia de actitud? En primer lugar, la pequeña empresa de prospección, en los varios años que duró la búsqueda del yacimiento, supo ganarse la simpatía de la población local, dando empleos bien remunerados a un grupo de trabajadores y tratando con respeto a las autoridades. Ya asegurada la riqueza del sitio, en 2006, esa empresa vendió sus derechos a la transnacional Goldcorp. Hasta 2011, ésta estuvo negociando con el Consejo de la comunidad de Wemindji y el Gran Conse- jo, conforme a lo estipulado en el acuerdo de La Paix des Braves. Las autoridades conocen de sobra los daños que hacen las minas de tajo abierto: se les aseguró que se trataría de una mina subterránea. En segundo lugar, la representación del oro no conlleva las mismas amenazas para la salud y la vida misma que el uranio. Goldcorp dió la garantía que su procedimiento estaba “certificado” y que el cianu- ro de sodio utilizado para la lixiviación del mineral sería enteramente recuperado. Más aún: después de las operaciones, se dejaría el sitio “como en su estado origi- nal”. En esas condiciones, obtuvo la adhesión mayoritaria de la comunidad con la promesa de los cientos de empleos que se crearían y de las regalías que se paga- rían, aunque ningún dato cuantitativo oficial se ha hecho público hasta la fecha.19

La mina Éléonore empezó sus operaciones en octubre de 2014. En 2018, está extrayendo y moliendo diariamente 7 mil toneladas de mineral. Tiene 1 200 em- pleados y contratistas, de los que “cierto número”» son indígenas. Prevé sacar anualmente 360 000 onzas de oro, con una duración estimada de unos diez años (Goldcorp, 2018).

En la comunidad de Wemindji, los empleados cris de la mina y las autoridades se dicen satisfechos. Los que han sido marginados por la decisión son los que toda-

19 Le Devoir (1/08/2015) menciona “200 trabajadores indígenas”, pero las condiciones del contra- to, incluyendo el empleo local y las regalías han quedado confidenciales hasta la fecha, según lo confirmó Rodney Mark, ex-miembro del Consejo de Wemindji, en su presentación en el Coloquio Internacional ‘Luchas indígenas por el territorio: América Latina y Quebec’, Montreal, 12-13 de octubre 2017 (Mark, 2017).

vía viven de la pesca y la cacería, como en el caso de la hidroelécrica de Eastmain. Una familia de cazadores vino a testimoniar en Montreal. Fue la de Angus Maya- ppo, su madre Louise y su esposa Stephanie Georgekish que viven en las orillas del río Wemindji, río abajo de la mina, donde tienen la posesión de un territorio de caza y pesca. Con sus celulares fotografiaron hermosos peces, que van flotando con la panza arriba “La empresa dice que no hay contaminación. ¿Qué es lo que mata los peces entonces? La mina es lo único que hay, río arriba” (Mayappo, Ma- yappo y Georgekish, 2017).

CONCLUSIÓN

Esta breve descripción de las relaciones entre empresas extractivas, Estado y pueblos indígenas en la provincia de Quebec confirma la gran diversidad de las situaciones que impiden hablar de “un modelo canadiense”. Las relaciones actuales son el fruto de dinámicas políticas económicas y políticas antiguas y recientes. La estructuración interna de cada grupo ha sido un factor clave, al par de la coyuntura nacional e internacional.

Hemos examinado con una atención particular la situación los cris-eeyou del noroeste de Quebec. En un primer tiempo, tuvieron que firmar, en 1975, con Hydro-Québec, el Convenio de la Baie James, que enajenaba alrededor del 95% de su vasto territorio. Sin embargo, salieron de esa lucha unidos en una sola organiza- ción, bajo la autoridad del Grand Consejo de los Cris. Este reivindica el Eeyou Ist- chee como territorio de la nación cri-eeyou que no puede ser enajenado. Con sus acciones directas de los años 1990, que los llevaron hasta Estados Unidos, mostraron su determinación a las autoridades provinciales, hasta convencerlas de la necesidad de un acuerdo más justo: fue La paix des Braves de 2002. Después, ya fueron capaces de renegociar en terminos más ventajosos la construcción de presas sobre los ríos Eastmain y Rupert. El Gran Consejo apoyó a los de Mistissini cuando se opusieron al proyecto de la mina de uranio de Matoush. Una marcha de 800 kilómetros sub- rayó su determinación. Por otra parte, la presión creciente de la fracción sedentaria de la población cri, muchos de ellos jóvenes que buscan empleo, incitó a la comuni- dad de Wemindji para aceptar la mina de oro Éléonore de Goldcorp. En el caso de los cri-eeyou, se puede considerar que, después de décadas de lucha, han logrado establecer una correlación de fuerzas favorable con los gobiernos y las empresas que permite rechazar o aceptar determinado megaproyecto.

Actualmente, este no es el caso de los innu del noreste. Allí, la política de divi- sión promovida por el Gobierno federal al otorgarles el título de “Primera Nación” a todas las comunidades indígenas, que estén situadas o no en reservas, se ha tradu- cido por una fragmentación que les hace particularmente difícil negociar “de igual a igual” con una megaempresa extractiva, más aún si es una paraestatal como Hydro-

Québec. Se aceptan en general las propuestas de ésta, aunque se buscan mejorar (un poco) las transferencias económicas hacia la comunidad. Frente a un fraude de ter- ceros, como en el caso de La Romaine, la comunidad no tiene los recursos financie- ros para ir a juicio. Y no recibe ninguna ayuda de los gobiernos para hacerlo.

Queda todavía un recurso, como lo experimentó el pueblo de Ekuanitshit. Fren- te a la alianza entre la empresa petrolera y el Estado provincial, un jefe dinámico y hábil como Jean-Charles Piétacho hace, fuera del grupo innu, una campaña de in- formación sobre los riesgos ambientales de las explotación de hidrocarburos en la isla de Anticosti. Logró de esta manera los apoyos que le permitieron poner en jaque a un pequeño capitalista nacional como Petrolia.

La comparación entre los inuit de Nunavut (en el noroeste canadiense) y los de Nunavik (en el norte de Quebec) introduce otras variables. En ambos pueblos hubo una experiencia de cooperativas que introdujo la costumbre de la organización. Ambos pertenecen a los Inuit Tapirisat Kanatami, donde se formó una ideología étnica de reivindicaciones autonomistas y de desarrollo. Los de Nunavut, a falta de hidroelectricidad o minería importante, ocupan un territorio estratégico en la geopo- lítica canadiense: supieron utilizar este capital político para conseguir cierto grado de autonomía, aunque les falta el control sobre los recursos del subsuelo y del mar. Los de Nunavik, desprovistos de tal ventaja, no han logrado, hasta la fecha, movilizar suficientemente sus bases para que sientan el beneficio de la autonomía territorial.

Esos pocos ejemplos muestran como en Canadá las relaciones entre los pueblos indígenas y las empresas extractivas, lejos de representar un “modelo” forman una realidad compleja y cambiante, donde intervienen tanto factores juridico-legales (el Indian Act de 1876, la división de poderes entre la federación y las provincias, La Paix des Braves). Un factor central es la capacidad de un grupo de acumular fuerzas hasta imponerse como un actor imprescindible frente a poderosas empresas extracti- vas que promueven proyectos milmillonarios y que tienen el apoyo del Estado.

Anónimo

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